El PSOE denuncia graves irregularidades en la contratación de personal de la Fundación para la Transformación
El diputado regional Miguel González de Legarra ha recordado desde el PSOE “venimos alertando de la grave situación que se vive en la Fundación para la Transformación de La Rioja”. Una situación “marcada por la opacidad y las deficiencias relevantes en el control y en la gestión económico-financiera de la Fundación detectadas por la Intervención General a partir de unaauditoría independiente que seguimos sin conocer”.
González de Legarra ha dicho que “el caso más evidente es el nombramiento del director-gerente de la Fundación, Arturo Colina”. Y es que este nombramiento “se realizó sin convocatoria pública, sin publicidad, sin concurrencia y sin ningún procedimiento abierto que garantizara los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Todo esto “supone un claro incumplimiento de la Ley de Función Pública”. Además, el diputado socialista ha explicado que “tampoco consta en ningún sitio la existencia de la memoria justificativa previa que exige la Ley para acreditar que ese puesto no podía ser asumido por la estructura existente, ni un programa de objetivos, ni un sistema de evaluación de resultados, tal y como exige el artículo 11 de esta misma Ley”.
Miguel González de Legarra ha asegurado que “las irregularidades no acaban aquí, ya que en los procesos de selección y contratación del responsable de transformación digital y nuevas tecnologías y del responsable de turismo y patrimonio cultural también encontramos ilegalidades”. En ambos procesos de contratación la Fundación “no respetó su propio protocolo interno de selección de personal”. Además, en estos dos casos, “llama la atención que, a posteriori, se modificó el protocolo interno de selección de personal para adaptar las exigencias a las decisiones ya tomadas”.
El diputado socialista ha denunciado que “especialmente llamativo es el proceso de selección y contratación del responsable de turismo y patrimonio cultural, Francisco Burgos”. Y es que, en este caso, “la situación alcanza un nivel de gravedad aún mayor puesto que estamos ante un claro conflicto de intereses que debería haber invalidado la participación del director gerente de la Fundación en el proceso de selección”.
En todo el proceso de contratación de Francisco Burgos “participó activamente el propio director gerente de la Fundación para la Transformación de La Rioja, Arturo Colina, a pesar de que era obvio y manifiesto que concurrían causas claras y objetivas que le obligaban a abstenerse de participar en este proceso, tal y como determina expresamente la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público”.
Todo, porque “entre el contratante y el aspirante existía una clara relación personal o de amistad íntima”. Y lo que es más grave; la Ley establece claramente la obligación de abstenerse cuando exista o haya existido una relación de servicio profesional en los dos últimos años con la persona interesada en el procedimiento, “algo que sucede entre Colina y Burgos, ya que los dos trabajaron en la Fundación Cajarioja”.
El desorden en los procesos de selección de personal “alcanzan también al director del Centro Nacional de Industrias del Español”. Para este puesto “se nombró a Manuel Amutio en junio de 2024 cuando, solo unos meses antes, había sido seleccionado y contratado como responsable de transformación digital y nuevas tecnologías”. Este nuevo nombramiento como director del CNIE “se realiza, de nuevo, sin haberse realizado una convocatoria pública y vulnerando la normativa legal sobre Dirección Pública Profesional y, además, se le asignan nuevas funciones que nada tienen que ver con las de la contratación inicial”.
Miguel González de Legarra ha dicho que “estamos ante un modelo de gestión perfectamente pensado por el Partido Popular para favorecer los intereses personales de determinados individuos”. Un modelo “que confirma que el Gobierno de Gonzalo Capellán está utilizando la Fundación para la Transformación como un chiringuito, gestionado desde la opacidad y al margen de la legalidad”. Y esto tiene unos responsables políticos “con nombres y apellidos, empezando por el propio Capellán”. Por eso, desde el PSOE “exigimos que se remita de forma inmediata al Parlamento toda la documentación relativa a estos procesos de selección y nombramientos, y que se publiquen de inmediato todas las memorias, evaluaciones y programas de objetivos exigidos por la Ley”.