¿Racismo o seguridad?

La ley SB 1070 aprobada por el estado de Arizona para controlar la inmigración irregular, más conocida como Ley Arizona, despertó el debate desde su nacimiento. La nueva legislación permitía a las fuerzas de seguridad estatales y locales investigar la situación legal de todas las personas sospechosas de ser inmigrantes irregulares, lo que, según denuncian algunas organizaciones, criminaliza al extranjero.

Una comunidad en concreto se sintió criminaliza: la de los inmigrantes mexicanos, la cual es mayoritaria en dicha región estadounidense fronteriza con México. Las protestas llegaron a tal punto que el presidente mexicano, Felipe Calderón, presentó una queja formal al mandatario estadounidense, Barack Obama, en su última visita a EEUU. Sin embargo, los defensores de la nueva normativa justifican esta medida con el elevado número de crímenes que registra el estado. A la luz de ambas posturas, ¿se trata de un caso de seguridad ciudadana o de racismo?

División política en EEUU

La Ley Arizona ha dividido a la clase política del país hasta tal punto que el gobierno federal ha llevado ante los tribunales al gobierno del estado de Arizona por invadir sus competencias en cuanto a materia de inmigración se refiere con esta nueva normativa. Desde su aprobación en abril, el propio Obama aseguró que seguiría de cerca dicha ley, “la manera de arreglar nuestro sistema de inmigración es a través del sentido común, mediante una reforma inmigratoria integra”, aseguraba Obama.

“No nos equivoquemos, nuestro sistema de inmigración tiene quiebras

y, después de tantos años en los que Washington no ha cumplido con sus responsabilidades, los estadounidenses están con derecho a sentirse frustrados, incluida la gente que vive en los estados fronterizos“, recalcó Obama.

Pese a ser consciente de esta realidad, el mandatario estadounidense ha mostrado su oposición a dicha ley durante todo este tiempo, “la respuesta no es socavar los principios fundamentales que definen a nuestra nación. No podemos empezar a señalar gente por su aspecto, o por cómo hablan o cómo visten”.

Sin embargo, la oposición republicana ha apelado durante todo este tiempo al temor de la ciudadanía y justifica la Ley Arizona con el derecho a la seguridad ciudadana. Además, un bloque de 81 congresistas republicanos se han mostrado críticos con la postura adoptada por el gobierno de Obama, “los principios constitucionales del federalismo y la separación de poderes se encuentran bajo amenaza por las demandas que han sido presentadas contra el estado de Arizona”, aseguran los republicanos.

Esta postura republicana parece estar respaldada por la opinión pública estadounidense, pues según revelaba un sondeo publicado por la cadena CBS y el diario The New York Times, el 51% considera que la ley es el enfoque adecuado respecto a la inmigración mientras que el 9% considera que se debería ir aún más lejos en esta materia.

Ante este apoyo popular, el presidente Obama lanzó un discurso el pasado 1 de julio en el que intentaba concienciar a la ciudadanía de la necesidad de una “reforma integral” del sistema migratorio de Estados Unidos. “Ahora, una vez hemos pasado los dos polos de este debate, se hace posible determinar una práctica aproximación de nuestro sentido común que refleje nuestro patrimonio y nuestros valores. Cada aproximación exige la responsabilidad de todos: del gobierno, de las empresas y de los individuos”, subrayaba el mandatario.

“El gobierno tiene la responsabilidad de asegurar nuestras fronteras” reconocía el mandatario al tiempo que aseguraba que en la actualidad Estados Unidos tiene mejor reforzada su frontera sudoeste que en toda su historia. “Y como resultado, hemos confiscado más armas, dinero y drogas ilegales que en años anteriores. Contrariamente a los informes que habéis visto, el crimen en la frontera se está reduciendo. Y las estadísticas recopiladas por Aduanas y la Protección Fronteriza reflejan una significativa reducción en el número de personas que han intentado cruzar ilegalmente la frontera”, aseguraba Obama.

Críticas desde el exterior

La Ley Arizona no sólo despertó polémica dentro de las fronteras estadounidenses, sino como era de esperar

, en los países de origen de los inmigrantes. La protesta ha sido encabezada por México, cuyo presidente tachó la normativa de “una terrible idea discriminatoria”.

“Estoy completamente en desacuerdo con la adopción de la reciente ley en Arizona. Es una ley que no sólo ignora una realidad que no puede borrar por decreto, sino que también introduce la terrible idea usar los rasgos raciales como base” para su aplicación, aseguró Calderón en su última visita a Estados Unidos.

A México se han sumado otros países como Uruguay, Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Cuba, Turquía, Senegal, Micronesia y Chile.

También desde Naciones Unidas han mostrado su preocupación por la Ley Arizona. Así un grupo de expertos en derechos humanos de dicha organización lanzó un comunicado para advertir del peligro que suponen políticas como la adoptada por Arizona. “Estamos haciendo un llamado a que estas leyes no se apliquen, a que se evite el peligro que representan, y la mejor manera de evitar que sean utilizadas de forma discriminatoria es que se revoquen”, aseguraba James Anaya, relator sobre las libertades fundamentales y derechos humanos de los indígenas.

Una división que continuará

Ante esta división y las numerosas críticas que apuntan a una ley fundamentalmente discriminatoria, la jueza de distrito, Susan Bolton, ha decidido bloquear algunas partes fundamentales de la Ley Arizona, respondiendo así a la solicitud del Gobierno estadounidense de una orden judicial para impedir su aplicación sobre la base de que la inmigración es un tema del que es responsable el gobierno federal.

Bolton ha bloqueado, entre otras, la disposición que obligaba a los policías a que determinen el estatus migratorio de las personas detenidas o arrestadas si el agente cree que la persona no se encuentra legalmente en el país.

La jueza también retuvo las previsiones que exigían a los inmigrantes llevar encima sus documentos en todo momento, y la que consideraba delito que los trabajadores sin papeles de inmigración buscaran empleo en lugares públicos.

Sin embargo, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, parece no rendirse y ha dicho que recurrirá la decisión. “Examinaremos detalladamente cada uno de los elemento que la jueza Bolton ha retirado de la ley, y presentaremos pronto

un recurso de urgencia en el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos“, declaró Brewer en un comunicado.

Pese al fallo de la jueza, la Ley Arizona ya ha entrado este jueves en vigor sin las disposiciones más polémicas. Algo que parece no desmotivará a los activistas pro derechos humanos que se han movilizado durante estos meses en Estados Unidos y cuyo objetivo final es la revocación de la ley.

Cerca de treinta activistas hispanos que asistieron a una manifestación al aire libre fuera del capitolio estatal en el centro de Phoenix saltaron de alegría, se abrazaron y lloraron cuando conocieron el dictamen de Bolton. “Pienso que nuestros esfuerzos han valido la pena”, dijo Dulce Matus, una licenciada indocumentada que ha vivido en el estado desértico sin papeles por décadas, agregando que los activistas lucharán “por revocar el resto de la ley”.