Regalada
Cientos de ganaderos, unos 200 según fuentes policiales y más de 500 según los convocantes, regalaron este viernes en Madrid más de 3.000 litros de leche en señal de protesta por la pretensión de la industria de bajar en seis céntimos el precio del litro de leche en origen y para reclamar un precio “justo” que cubra sus costes de producción.
Durante una concentración convocada por la organización agraria COAG ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación bajo el lema 'Industria láctea y distribución roban al ganadero y al consumidor', los productores intentaron quemar una pirámide formada por unos 500 'briks' de leche de distintas marcas, algo que fue impedido por efectivos de la Policía Nacional.
Los manifestantes hicieron sonar silbatos y cencerros y abuchearon a los agentes por impedirles desarrollar este “acto simbólico”, con el que, según indicaron, solamente pretendían quemar a las marcas que “roban a los ganaderos y arruinan sus explotaciones”.
Finalmente, derramaron en la calzada la leche de estos 'briks', procedentes de las primeras compañías lácteas españolas y de 'marcas blancas' de la distribución.
Al margen de este hecho, la concentración, que secundaron ganaderos procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, transcurrió en un ambiente festivo en el que los ganaderos corearon consignas como “más dinero para los ganaderos” y portaron pancartas en las que rezaba “basta de abusos de las grandes industrias”.
El reparto de leche, en envases de un litro que mostraban las reivindicaciones de la organización agraria (un precio rentable para el ganadero y asequible para el consumidor), comenzó a las 12.00 horas, si bien desde las 11.00 horas comenzaron a hacer cola varias decenas de ciudadanos, principalmente personas mayores.
La primera persona en la fila, una anciana que prefirió no identificarse, valoró la iniciativa como una medida “extraordinaria”, puesto que el precio que suele pagar por la leche supera el euro por litro.
SITUACIÓN “DE RUINA”
El secretario general de COAG, Miguel López, aseveró que la situación que atraviesa el sector lácteo es “muy preocupante”, puesto que “se aproxima a la ruina”, tanto en la leche de vaca como de oveja y cabra, por lo que, tras censurar que el Gobierno “no quiere actuar”, exigió una “respuesta institucional” a esta crisis.
Además de tildar de “usureros” a los industriales por tratar de “arruinar” a los productores, López criticó que la distribución intenta subir los precios de las primeras marcas para potenciar el consumo de las 'marcas blancas', con lo que “la industria se ha puesto nerviosa y ha decidido bajar los precios a los ganaderos”.
Por este motivo, lamentó que no exista un contrato homologado para “respetar los precios” ni un marco de negociación estable en el sector, y demandó la apertura de un acuerdo marco interprofesional donde dialoguen todos los agentes involucrados, inclusive los representantes de los consumidores, para lograr unos “precios dignos”.
“El Gobierno ha creado un Observatorio de Precios como excusa política para no hacer nada”, apuntó el dirigente agrario, quien acusó a la ministra del ramo, Elena Espinosa, de apoyar a la industria y favorecer a los productores franceses y alemanes al respaldar una subida lineal de la cuota láctea en la UE.
REUNIÓN EL JUEVES
Por su parte, el director general de Ganadería, Carlos Escribano, subrayó que ante este problema el Ministerio ha actuado de intermediario entre organizaciones agrarias, cooperativas e industrias para crear tres mesas de trabajo, que comenzarán a reunirse el próximo jueves.
El objetivo, según señaló, se centra en la elaboración de un código de buenas prácticas que fije la relación entre las partes implicadas en cuestiones contractuales, a fin de “lograr un modelo estable similar al que tiene la mayoría de los países europeos”.
Escribano insistió en recordar las “limitaciones” de la Administración en materia de formación de precios y dijo no entender las críticas de COAG al aumento de la cuota láctea, cuando consideró que se trata de la única forma de evitar que el número de explotaciones, que actualmente se sitúa por debajo de las 25.000, siga descendiendo.
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