Zapatero adelanta que la subida de impuestos quedará por debajo del 1,5 por ciento del PIB

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó este martes que la subida de impuestos en la que trabaja el Gobierno quedará por debajo del 1,5% del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas, lo que provocará que la presión fiscal siga estando “muy por debajo” de la media europea.

Así lo adelantó este martes Zapatero durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde explicó que, tras la subida, la presión fiscal seguirá siendo inferior a la registrada en el año 2004, a pesar de las difíciles circunstancias y de las mejoras en el Estado de Bienestar introducidas en los últimos años.

Así, la subida de impuestos, según Zapatero, supondrá una contribución a la reducción del déficit y garantizará una capacidad recaudatoria suficiente para atender las necesidades de protección social y de la inversión en infraestructuras. Al mismo tiempo, indicó que se contemplarán incentivos fiscales a las nuevas actividades de la economía sostenible.

Zapatero reiteró que no habrá modificación de las rentas del trabajo y aseguró que las subidas se guiarán, “como no puede ser de otro modo”, por los criterios de eficiencia y equidad fiscal, aunque señaló que su concreción se producirá durante la presentación de la Ley de Presupuestos de 2010.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo, adelantó que los próximos Presupuestos serán los más austeros de los últimos años, aunque garantizarán la protección social, lo que significa mantener los compromisos en materia de pensiones mínimas, prestaciones por desempleo o dependencia. En particular, las pensiones de forma general mantendrán su poder adquisitivo y las pensiones mínimas “lo mejorarán claramente”.

Según Zapatero, el cumplimiento de esta prioridad y de otras, exigirá una contracción en el resto de partidas de gasto, lo que supondrá un reducción en el gasto medio de los ministerios del 6%, que afectará, principalmente, a los gastos corrientes, a la contención de las retribuciones y a la “restricción radical” de la oferta pública de empleo.