El Gobierno recurre el centro del Colegio de Abogados adscrito a la Complutense: “Invade competencias estatales”
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el centro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, según ha adelantado este lunes El País y ha confirmado elDiario.es. El Gobierno de Ayuso aprobó la creación del centro adscrito el año pasado perteneciente al Colegio de Abogados, que además fue acusación particular en el juicio contra el fiscal general del Estado.
Fuentes del Ministerio critican la autorización de la Comunidad de Madrid como “contraria al ordenamiento jurídico por permitir a un colegio profesional ejercer funciones universitarias oficiales sin base legal, invadiendo competencias estatales y alterando el sistema universitario”.
La impugnación de la Orden se suma al recurso contencioso-administrativo que interpusieron dos diputados del PSOE de Madrid el pasado mes de enero ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. En dicho recurso, los socialistas consideraban que se había vulnerado el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales tras habilitarse a sí mismo para impartir titulaciones oficiales C en los nuevos estatutos aprobados el pasado julio.
En enero de este año, el Gobierno solicitó a la Comunidad de Madrid y, ahora, con esa información, el Ministerio de Diana Morant ha interpuesto la denuncia. Argumentan que los colegios profesionales “no tienen atribuida por ley la función de impartir docencia” oficial en grados y másteres, consideran que la orden contraviene la Ley Orgánica del Sistema Universitario sobre la creación de centros universitarios, así como que el ICAM “asumiría funciones propias del sistema universitario”, extralimitando sus competencias.
Dichas fuentes aseguran también que esto “desdibuja la separación entre formación universitaria y ordenación profesional” y que afectaría “competencias estatales”.
También la Universidad Carlos III de Madrid anunció que recurriría la creación del centro, según anunció el rector, Ángel Arias. “Es un error este paso, que abre la puerta a que los colegios profesionales puedan dar formación”, dijo.
El ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha criticado que la autorización de este centro “no tiene encaje legal y altera el sistema universitario”. “La función de los colegios profesionales no es montar negocios académicos privados”, ha dicho en redes sociales.
El Colegio de Abogados, en el juicio al fiscal general
El Colegio de Abogados de Madrid presentó una querella contra la Fiscalía y, después, ejerció como acusación popular durante el juicio contra el fiscal general, donde pidió una condena de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz.
Tras su actuación en el juicio, las asociaciones Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Defiéndete en Derecho, de ámbito progresista, emitieron un comunicado para quejarse por la participación del ICAM y la corporación respondió a las críticas defendiendo que actuaron al margen de cuestiones “políticas o personales”. “Debe enmarcarse exclusivamente en su obligación de defender el secreto profesional” y el “derecho de defensa”, dijeron entonces.