Un juez imputa a la jefa de geriatría del Gregorio Marañón por los protocolos de las residencias de Ayuso

Alberto Pozas

29 de junio de 2026 12:09 h

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Un juzgado de la localidad de Arganda del Rey ha decidido aplazar la declaración como imputada este martes de la jefa de geriatría del hospital Gregorio Marañón después de ser señalada como la supuesta autora de los protocolos de no derivación aplicados en las residencias de Madrid durante la pandemia. Fue Carlos Mur, entonces alto cargo sanitario de Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó ante la jueza que él se limitó a firmar los conocidos como 'protolos de la vergüenza' pero que habían sido “presentados inicialmente” por esta geriatra. La citación fue señalada en abril pero el juzgado ha decidido dejarla para más adelante para que la facultativa pueda conocer a fondo el procedimiento.

Este juzgado de la localidad madrileña de Arganda del Rey es uno de los múltiples juzgados de la Comunidad de Madrid que investigan las muertes concretas de ancianos en residencias durante la pandemia por la aplicación de los protocolos que, según denuncian las víctimas y familiares de fallecidos, impidieron la derivación a hospitales de ancianos que habían enfermado en residencias. Altos cargos como Carlos Mur comparecieron como testigos en varias causas pero varios juzgados han reabierto estas causas y han sido citados como imputados.

Mur, que entonces era director de Coordinación Sociosanitaria de Isabel Díaz Ayuso, ha señalado a varias personas en sus últimas declaraciones y la última fue esta geriatra, responsable del servicio en el hospital Gregorio Marañón. “Yo firmé el protocolo como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales (...) era un protocolo que había sido presentado inicialmente por una geriatra experta”, dijo en una de sus comparecencias.

Ahora el juzgado de Arganda ha decidido tomar declaración a esta facultativa en calidad de investigada, aunque su comparecencia ha sido retrasada. Se suma a la lista de imputados junto con Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Los dos primeros responsables de coordinación sociosanitaria y el último responsable del servicio de urgencias médicas SUMMA 112. Antonio Burgueño, asesor de Ayuso en ese momento, también está imputado en una de la causas abiertas.

Desde Marea de Residencias, que impulsa varios de estos procedimientos en representación de familiares de ancianos fallecidos, anuncian que han ampliado sus acusaciones al delito de prevaricación en hasta 60 juzgados de toda la región, añadido a la denegación discriminatoria de la prestación sanitaria que ya investigaban diversos jueces.

Los “protocolos de la vergüeza”

Las familias de ancianos fallecidos en residencias de Madrid durante la pandemia impulsaron acciones judiciales penales ya en 2020 para solicitar una investigación penal sobre las 7.291 muertes que, denuncian, se produjeron por la negativa de la administración sanitaria madrileña a derivar a hospitales a ancianos que enfermaron mientras estaba ingresados en los geriátricos.

Las primeras causas abiertas en juzgados de toda la región también vieron declarar a Carlos Mur, aunque como testigo y no como imputado. Unas causas que, en su mayoría, terminaron archivadas. Tal y como reveló elDiario.es, uno de los juzgados llegó a cuestionar los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' pero rechazó que los altos cargos de la Comunidad de Madrid, incluso la propia Ayuso, tuviera que responder penalmente por ellos.

Los recursos y nuevas denuncias y querellas de los familiares, muchas impulsadas por Marea de Residencias, derivaron en la reapertura o el impulso de decenas de causas en juzgados de toda la región. Varios de ellos mantienen imputado a Mur y otros antiguos altos cargos de Ayuso durante la pandemia mientras analizan el origen y la aplicación de estos protocolos.

Uno de los últimos movimientos de los tribunales ha sido avalar una de estas investigaciones e, incluso, ampliar el número de delitos investigados. La Audiencia Provincial de Madrid, tribunal que supervisa estos procesos penales, avaló que los altos cargos pudieran ser acusados también de prevaricación.