Como si del propio circuito se tratase, la deriva judicial causada por la llegada a Madrid de la Fórmula 1 lleva meses dando vueltas y experimentando giros que confirman o alteran la viabilidad del proyecto. Madring, como ha sido bautizado de forma oficial por sus impulsores, prepara su puesta en marcha en la capital, prevista para el 11 de septiembre de 2026. Será en la frontera de los distritos de Hortaleza y Barajas, en el entorno de Ifema, una entidad público-privada que financian mayoritariamente el Gobierno municipal y el autonómico. Pero diversas entidades se han propuesto frenar ese plan por los problemas de diversa índole que, creen, va a generar. Así pues, el trazado de la carrera no verá la luz sin atravesar antes un auténtico laberinto en los tribunales.
Las denuncias se centran hasta el momento en dos procedimientos administrativos diferentes, de ahí que algunas organizaciones hayan presentado dos recursos judiciales distintos. Por un lado, el primero en orden cronológico, el plan especial con el que el Ayuntamiento dio vía libre a la celebración de eventos deportivos en Ifema y a la construcción del circuito para el Gran Premio.
El Plan Especial de Definición de Redes en el parque Ferial Juan Carlos I adapta la regulación de este entorno al incremento de su actividad y al enfoque deportivo, con el campeonato de automovilismo en mente. La reconfiguración de esta zona (que incluye también Valdebebas), aprobada el verano de 2024, establece las condiciones que harán posible el aumento del 4% de la edificabilidad previsto en 2005, lo que supone una superficie edificable de 13.600 metros cuadrados adicionales en Ifema. De esta manera, pasa de 340.000 a 353.600. Además, el informe de impacto ambiental que siguió al plan reveló una previsión de 729 talas, mientras que la desviación de la vía pecuaria Vía de los Leñeros ha sido uno de los principales argumentos para justificar la irregularidad del proyecto.
Los dos recursos de Más Madrid, en estudio pero sin cautelares
En abril, Más Madrid llevó el trámite al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y elevó un recurso contencioso-administrativo. Las motivaciones del partido de Rita Maestre estaban centradas en las “graves deficiencias en el proceso de aprobación” del plan especial, así como en los “significativos impactos negativos” que tendrá sobre la ciudad. En particular, sobre los vecinos de los distritos más afectados por las obras o el funcionamiento del circuito, Barajas y Hortaleza. “Es una chapuza y Almeida ya ha comprometido 190 millones de dinero público”, reprochó Maestre al presentar la denuncia. La cifra incluye los 137 millones de euros que Ifema invertirá en construir el circuito, los 47,5 millones para ejecutar las modificaciones de este mismo plan especial y los 3,5 de la dirección de obras.
La denuncia del principal partido de la oposición sigue su curso, pero el TSJM ya ha desestimado una de las peticiones contempladas: la aplicación de medidas cautelarísimas que implicarían detener la obra. Un balón de oxígeno a las aspiraciones del Consistorio que el alcalde no tardó en utilizar. Fue el propio Almeida quien, durante una entrevista en televisión el pasado junio, avanzó que el órgano judicial rechazaba impedir los trabajos preventivamente. “La primera en la frente”, presumió el regidor ante las cámaras del programa de Ana Rosa Quintana.
En el auto judicial, el TSJM indica que Más Madrid no ha podido probar de forma adecuada qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil están asociados a la construcción del trazado y por lo tanto no se puede decretar la suspensión de las obras. “Las premisas que sostienen dicha conclusión se asientan sobre principios, que no sobre hechos fácticos contrastados desde los que sostener tales efectos perniciosos”, indican los magistrados. Ahora bien, la denegación de la suspensión cautelar del plan urbanístico de la Fórmula 1 no entra en el fondo del recurso, cuya tramitación sigue en marcha. Y, por otro lado, remite a las licencias que se otorguen a partir de la aprobación del propio plan urbanístico. Es ahí donde se abre el segundo frente legal.
Un camino alternativo o paralelo (la denuncia del plan especial sigue su curso) que el partido de Maestre emprendió con la misma estrategia: solicitar la suspensión preventiva de la construcción al TSJM. Más Madrid lo reclamaba por el importante impacto sonoro asociado al proyecto o por considerar un fraude de ley que el Ayuntamiento de la capital haya tramitado como licencia temporal la de una infraestructura pensada para albergar al menos diez años de carreras, con algunos elementos permanentes aunque otros se desmonten en varios meses.
Por el momento, esta segunda vía judicial se ha topado con la misma resolución provisional: el TSJM desestima las cautelarísimas. Con Almeida de baja por paternidad, en esta ocasión ha sido la vicealcaldesa Inmaculada Sanz la que ha aprovechado para arremeter contra sus rivales políticos: “Llevan varios varapalos judiciales en los últimos días. Les debería hacer reflexionar sobre si merece la pena tratar de obstaculizar y paralizar todos los proyectos que son buenos para esta ciudad”, decía este viernes. Las declaraciones hacen referencia además a otro revés en los tribunales conocido esta misma semana, este sí definitivo: la Fiscalía ha archivado la denuncia de Más Madrid contra el Gobierno de Almeida por presunta prevaricación al no inspeccionar miles de pisos turísticos ilegales.
Volviendo a las últimas cautelares que ha rechazado el TSJM, el documento judicial indica que sí existe un informe con medidas orientadas a minimizar el impacto en contaminación acústica del circuito. Respecto al perjuicio sobre el patrimonio arbóreo, la magistrada subraya que el planteamiento de Más Madrid únicamente se basa en “un hipotético incumplimiento” por parte de Ifema y del Ayuntamiento en relación con su obligación de preservar y cumplir con la ley en esta materia. La controversia sobre el carácter temporal de la licencia tampoco es una motivación válida para el TSJM a la hora de detener los trabajos, pero será uno de los principales argumentos de la oposición en los juzgados, toda vez este recurso también sigue su curso. Un permiso de estas características reduce los requerimientos técnicos y permite agilizar trámites, aunque debe estar debidamente acreditado.
El movimiento ecologista también opta por una doble vía
La contaminación medioambiental y acústica, así como las talas o el efecto en humedales cercanos, han agitado la oposición del movimiento ecologista contra la Fórmula 1 en la ciudad. Una respuesta que en lo legal ha venido representada por la Plataforma Ecologista Madrileña. Una entidad relativamente joven que aglutina a otras de dilatada trayectoria: la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (Grama), Jarama Vivo y Liberum Natura. La Plataforma ha emulado la maniobra de Más Madrid, presentando dos contenciosos-administrativos: uno contra el plan especial y otro referente a la licencia de obras. Sin embargo, no ha exigido cautelarísimas, enfocando sus esfuerzos a que las denuncias prosperen.
La Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM admitió a trámite en mayo el recurso interpuesto contra el plan especial y requirió al Gobierno municipal que remita el expediente administrativo del proyecto. A los argumentos de Más Madrid en su propio procedimiento, la Plataforma Ecologista añade que los trabajos de construcción en el entorno de Ifema “están destruyendo buena parte de los humedales existentes en la parcela norte, entre la calle de Francisco Umbral y la avenida de Alejandro de la Sota”.
Si Almeida tiene respuesta para las noticias que benefician a su Ejecutivo, también se defiende cuando los recursos avanzan: “Cuando se interpone un recurso contencioso, siempre se admite. Ahora comenzará la tramitación procesal. Estamos muy tranquilos, hemos trabajado bien y el plan especial está fundamentado. Pleno respeto a cualquiera que quiera recurrirlo”, contestó cuando trascendió la noticia el pasado 30 de mayo.
A lo que no ha podido reaccionar, ya que su baja de paternidad se lo impide, es al avance del segundo recurso ecologista. La Plataforma Ecologista Madrileña anunciaba el pasado lunes que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 ha admitido su demanda contra la concesión de la licencia de obra (que se ejecuta desde el pasado abril).
En el comunicado al respecto, la organización recopila la complejidad del proyecto y el porqué de presentar dos recursos separados: “El proceso para autorizar la construcción del circuito ha sido complejo, fragmentado y poco transparente”. Resalta que se han aprobado dos tramitaciones urbanísticas distintas pero simultáneas: “Por un lado, fue necesario reordenar el espacio interno y externo del recinto ferial —la llamada parcela sur de Ifema— y modificar condiciones urbanísticas clave para hacer posible las nuevas construcciones previstas: autorización de uso deportivo, eliminación de arbolado, aumento de la edificabilidad y ampliación de pabellones existentes”.
En paralelo, se ha tramitado el proyecto del circuito propiamente dicho, que afecta tanto a la parcela sur de Ifema como a la parcela norte (prevista para la futura ampliación del recinto ferial desde 2021) y al viario público. En conjunto, el circuito atraviesa ámbitos urbanísticos distintos, con normativas y condiciones específicas, lo que genera un escenario legal muy complejo. “Un auténtico puzzle de difícil encaje jurídico y urbanístico”, según la Plataforma Ecologista Madrileña.
Para resolver esta fragmentación, el promotor del proyecto, Ifema, presentó un programa de licencias separadas y autónomas. Este sistema, posible gracias a la modificación legislativa incluida en la Ley Ómnibus del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobada en 2022, permite que el Ejecutivo municipal autorice diferentes fases del proyecto de forma separada, sin necesidad de aprobar el conjunto desde el principio. La licencia recurrida en esta segunda demanda es la correspondiente a la primera parte autónoma del proyecto. Esta autoriza la construcción de la pista del circuito sobre ambas parcelas y viales públicos, así como las obras de urbanización necesarias para su funcionamiento.
La movilización vecinal se prepara para dar el paso a los juzgados
La tercera parte de la contestación a Madring es la de los propios vecinos de Valdebebas u otras zonas de Hortaleza y Barajas. A finales de mayo, diversos colectivos crearon la Plataforma Stop F1-Madrid, dispuesta a frenar un proyecto “disparatado y absurdo” a través de “todas las acciones posibles”. “Por pasadas experiencias como la de València, donde la Fórmula1 dejó una deuda de 300 millones que pagó la ciudadanía, se teme que los grandes beneficios vayan para unos pocos, pero las pérdidas que suponga el proyecto las acabaremos pagando los madrileños a través de dinero público”, recordaban en su escrito de presentación.
“El proyecto se ha desarrollado sin las debidas consultas a la ciudadanía”, denuncian los vecinos en una petición de la change.org que, a fecha de publicarse este artículo, acumula más de 2.000 firmas. Otro de sus argumentos es el “despilfarro de fondos públicos” frente a la insistencia de Almeida, que ha repetido en diversas ocasiones que el campeonato tendrá un coste cero para las arcas públicas al no considerar Ifema parte de ellas, pese a su mayoritaria financiación por parte de Ayuntamiento y Comunidad.
La plataforma vecinal todavía no ha emprendido acciones legales, aunque están muy al corriente de los recursos de Más Madrid y ecologistas. Sí han iniciado una gran movilización en la calle, incluso han protagonizado roces con la Policía Municipal (cuyo director llegó a alertar del peligro que suponía para la Fórmula 1 el rechazo de activistas).
Además, estarán alerta para abrir un nuevo frente durante las obras o cuando los monoplazas comiencen a rodar, si es que lo hacen: las emisiones sonoras. Ricardo Ayala, letrado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) e integrante de la asociación de Juristas Contra el Ruido (que ha investigado casos tan polémicos como el del Santiago Bernabéu), opinaba con contundencia en conversación con este periódico: “Es una absoluta aberración y apenas tienen argumentos que lo sustenten. Tal vez la Justicia sea lenta, pero estoy bastante seguro de que un campeonato mundial en mitad de un barrio residencial no tiene ningún sentido legal”. El rompecabezas judicial de Madring se enreda, pero todo laberinto tiene una salida. Está por ver si a ella llega antes el Ayuntamiento o la oposición al proyecto.