El EKO de Carabanchel denuncia un nuevo intento de desalojo “a lo desokupa”, el segundo desde el verano
El EKO vuelve a dar la voz de alarma. Este centro social okupado en Carabanchel, el distrito más poblado de Madrid, acaba de denunciar un segundo intento de desalojo que, según su relato, pudieron frenar con éxito hace una semana, en la madrugada del pasado 4 de marzo. “Hemos parado a Midtown Capital Partners S.A., el fondo buitre que ha intentado realizar un desalojo a lo desokupa”, exponen en un comunicado, difundido este jueves por la tarde y en el que hacen referencia al dueño oficial del edificio, una sociedad inmobiliaria que se hizo con la propiedad en 2024.
En él explican que, en torno a la una y media de la mañana, un grupo que contabilizan en unas 15 personas ajenas a la organización –en el edificio, autogestionado desde hace 14 años, coexisten distintos colectivos– con idea de hacerse con el espacio, siempre según el relato de los miembros del EKO. También denuncian que los propietarios del fondo han participado en operaciones similares para desalojar otros inmuebles que albergan centros sociales okupados, como La Dignidad en Móstoles o el de la calle Gregorio Navas 24, en Vallecas.
“Su estrategia es siempre la misma: compra barata, presión extrajudicial, desalojo, reventa o explotación con una cuantiosa plusvalía”, sentencian a través del comunicado. Las personas que coordinan el espacio aseguran que la empresa envió a operarios cargados con “radiales, percutores, ladrillos, cemento, alargadores o focos” y otros utensilios con los que agilizar el desalojo denunciado.
Desde el EKO de Carabanchel indican que el intento pudo frenarse a tiempo debido a que, en ese momento, había gente en el interior de las instalaciones que pudo hacer frente a la situación. “El mensaje es claro: quieren quedarse el barrio a cualquier precio para especular con nuestros centros sociales, nuestras viviendas o cualquier terreno explotable, utilizando todas las vías de presión a su alcance”, intuyen, a la vez que ponen de manifiesto su determinación de ejercercer, en caso de necesitarlo, las “acciones legales oportunas”.
No es la única vez que ocurre algo similar, y de hecho es el segundo llamamiento que hacen en los últimos meses. El pasado verano, en agosto, y después de una semana en alerta ante la previsión de que algo así pudiera ocurrir, advirtieron de la presencia en los alrededores de varios agentes policiales de los que denunciaron una actitud “intimidatoria”. Entre los movimientos sociales hubo revuelo e incluso protestas posteriores, pero hasta ahora no ha vuelto a levantarse la voz de alarma.