El juicio a Alquiler Seguro por incumplir la ley para cobrar honorarios se dilata otros dos años y no empezará hasta 2028
Resignación, aunque esperanza y ánimos para seguir peleando, a la puerta de los juzgados. Es lo que se ha vivido este miércoles frente a la sede de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid. En su interior, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y Alquiler Seguro han protagonizado un paso más en su batalla judicial. En este caso, la audiencia previa que ha fijado la fecha de celebración de un juicio que dirime posibles abusos e irregularidades por parte de la compañía.
Azael Babiano, abogado de la organización en defensa de los arrendatarios, ha atendido a Somos Madrid en Plaza de Castilla y ha actualizado los pormenores del proceso. La mayor novedad es, precisamente, que no habrá grandes novedades inminentes. La jueza responsable del caso ha fijado la fecha de inicio del juicio para el próximo 8 de febrero de 2028. Dos años de espera que se suman a los que ya han transcurrido, ya que el Sindicato presentó la demanda en marzo de 2024. Babiano lamenta que “los tiempos de la Justicia sean tan lentos”, aunque apunta que “el resumen de los hechos controvertidos por parte de la magistrada transmite bastante bien lo que estamos denunciando”. Por ello, esperan una sentencia “positiva”.
La organización de arrendatarios demandó a Alquiler Seguro a inicios de 2024 por honorarios encubiertos y retención irregular de los depósitos de fianza de los alquileres. La Ley de Vivienda 12/2023 establece que los gastos de gestión inmobiliaria o los necesarios para formalizar contratos corresponden siempre al propietario en lo relativo a viviendas habituales. Sin embargo, el Sindicato ha observado numerosos casos en los que la empresa atribuye esos pagos a los inquilinos, camuflados mediante otros conceptos.
Para Babiano, Alquiler Seguro “está cobrando esos gastos de manera encuebierta mediante el servicio de asistencia al inquilino”. En esta coyuntura, y ante los dilatados tiempos del proceso judicial, el abogado llama a “organizarse y seguir luchando contra prácticas abusivas para conseguir por otras vías lo que la Justicia va a tardar en darnos”.
Alquiler Seguro, entre las sanciones de Consumo y la defensa de un influyente abogado
Se trata del primer juicio a Alquiler Seguro después de la propuesta de sanción por parte del Ministerio de Consumo, que llegó después de que el propio Sindicato elevara una denuncia a la Dirección General de Consumo. La cartera liderada por Pablo Bustindy puso sobre la mesa, el pasado octubre, una multa de 3,6 millones de euros a la compañía por seis infracciones de carácter “muy grave” y otra “grave”. Obedecían, según explicó la asociación de consumidores Facua (personada en el procedimiento), a la aplicación de comisiones ilegales a los inquilinos. Unas cláusulas relativas a la gestión, la obligación de contratar un seguro o la imposición de servicios no solicitados.
Rufina Parra, portavoz del Sindicato y afectada por el cobro de los honorarios irregulares que denuncian, cree que “ha llegado el momomento de decir basta a quienes se hacen ricos a costa de abusar de las inquilinas”. Considera que “toda empresa que cometa prácticas abusivas debería cerrarse” y avanza que harán “todo lo posible” por acabar con este tipo de prácticas.
Desde el Sindicato de Inquilinas son conscientes de la dificultad de la empresa legal. El abogado que defiende a Alquiler Seguro es Eugenio Ribón, decano del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) y un perfil muy vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ribón ha pasado de defender los derechos de los consumidores, actuando en nombre de los preferentistas contra grandes bancos como Bankia, a “defender los abusos de empresas como Alquiler Seguro”, según indica el Sindicato en una nota remitida a los medios.
La entidad destaca que ha logrado “recuperar en estos dos años de proceso cientos de honorarios cobrados ilegalmente por las inmobiliarias gracias a la campaña estatal desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas”. “Hacemos un llamamiento a todas las inquilinas que se hayan visto obligadas a pagar honorarios en el último año a que se organicen y denuncien esta situación con el Sindicato de Inquilinas para acabar con todos los abusos que sufrimos frente a las inmobiliarias”, concluyen.