La Diputación Provincial de Salamanca está en el ojo del huracán. Una tormenta que inició el propio equipo de Gobierno, presidido por Javier Iglesias (PP), y azuzada por el Grupo Socialista con kilos de documentación.
La pasada semana, el Juzgado de Instrucción número uno de Salamanca admitió a trámite, según confirman a La Meseta fuentes judiciales, una denuncia interpuesta por la Fiscalía salmantina en la que daba a conocer una serie de posibles irregularidades en el área de Fomento de la Diputación Provincial salmantina, que dirige un funcionario “amigo” de Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, secretario general del PP en Castilla y León y presidente del Comité de Derechos y Garantías.
Las mismas fuentes señalan, además, que la denuncia deja entrever la posible comisión de delitos de cohecho -cuando un funcionario recibe “dádivas o retribuciones” de cualquier clase para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo-. Estas supuestas irregularidades estarían relacionadas con contratos de obras y mantenimientos en la provincia de Salamanca.
A finales del pasado mes de noviembre, el presidente de la Diputación Provincial salmantina, Javier Iglesias, anunció en una rueda de prensa que se habían detectado “posibles irregularidades” en el área de Fomento por lo que habían realizado un informe interno que trasladaban a la Fiscalía. Pese a ello, Iglesias dijo, en dos ocasiones, que “no queremos prejuzgar a nadie” ya que “confiamos en que el fiscal no encuentre nada extraño”.
Sin embargo, lo ha encontrado. Y presenta una denuncia en la que describe las anomalías detectadas y quiere que sea el Juzgado de Instrucción el que investigue, para lo que ha pedido un elevado número de pruebas documentales, según las mismas fuentes judiciales.
Según el informe realizado por la Diputación salmantina, desde 2007 “cinco empresas han acumulado obras por 12 millones de euros”. Esas posibles “irregularidades” se cometieron a través de contratos firmados de forma abierta, negociados sin publicidad y para obras menores.
Días después de que Javier Iglesias anunciara la presentación de la denuncia –que estaba siendo preparada por el PSOE-, fue el alcalde salmantino, Alfonso Fernández Mañueco, el que, a preguntas de los periodistas, confirmó que el director del área de Fomento es “amigo mío”. Pero el presidente de la Diputación dijo desconocer esa relación, porque, en su opinión, eso “eran cuestiones personales”.
Pero esas “cuestiones personales” fueron puestas en duda por el PSOE en Salamanca, ya que sus diputados provinciales, y en concreto Manuel Ambrosio Sánchez, dijo fruto de esa relación personal el director del área de Fomento, Manuel Borrego, había entrado en la Diputación.
Y ahora el asunto se judicializa. Como no quería el presidente de la Diputación, quien dijo que confiaba en que el fiscal “no encontrara nada”. Además, la Fiscalía de Salamanca decidió unir todas las denuncias que se presentaron en torno a este asunto. Y es que desde la Cámara de Comercio de Salamanca y desde la Confederación de Empresarios de Salamanca (Confaes) también presentaron ante la Fiscalía salmantina y ante la Fiscalía Anticorrupción sendos escritos en los que denunciaban posibles irregularidades en el área de Fomento de la Diputación. Estos dos escritos han sido unidos al que presentó el propio presidente de la institución provincial.
Mientras el asunto comienza en vía judicial, el funcionario, Manuel Borrego, sigue trabajando en la Diputación, aunque, según revelan fuentes de la propia institución, está “de baja por depresión”. Eso sí, no se le ha abierto expediente, aunque se le ha trasladado de departamento, y sigue cobrando su nómina como director del área de Fomento.
