Parches, temporalidad y el laberinto del 0-3 en la Región de Murcia
La implantación estructural, pública y universal del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Región de Murcia es una medida de urgencia social y pedagógica que tendría que haberse iniciado de forma seria y contundente hace mucho tiempo. Mientras la evidencia científica y los expertos en desarrollo cognitivo no se cansan de repetir que los tres primeros años de vida son cruciales para el aprendizaje y la equidad social, la administración pública regional sigue arrastrando los pies. Lo que debió haber sido una red de protección para la infancia y una herramienta indispensable para garantizar la conciliación real de las familias murcianas se ha convertido, por culpa de la inacción y la falta de previsión política, en un laberinto burocrático y en un foco de precariedad laboral insostenible.
Durante décadas, el tramo de 0 a 3 años se ha tratado erróneamente desde las esferas institucionales como un servicio puramente asistencial o de “guardería”, un recurso secundario destinado simplemente a la custodia de menores. Despojar a esta etapa de su innegable carácter educativo ha sido el primer gran error histórico de la gestión autonómica. Cuando la necesidad de plazas públicas es acuciante y miles de familias de clase media y trabajadora se ven obligadas a hacer encajes de bolillos económicos para costear la escolarización temprana, la parálisis administrativa pasa de ser una ineficiencia para convertirse en una injusticia social. Llegar tarde a la regulación y financiación del ciclo 0-3 significa, lisa y llanamente, ensanchar la brecha de desigualdad desde la cuna.
En este complejo escenario, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se sitúa en el centro de todas las críticas legítimas de la comunidad educativa. Lejos de diseñar una hoja de ruta sólida, basada en presupuestos autonómicos propios y en la creación de infraestructuras públicas estables, la Consejería ha optado sistemáticamente por una política de parches y propaganda. La realidad que se vive en las escuelas infantiles dista mucho de los grandes anuncios institucionales de “gratuidad universal” que se lanzan a los medios de comunicación. CCOO llevan tiempo saliendo a la calle para denunciar la falta de planificación real, el retraso crónico en las aportaciones económicas y la asfixia generalizada que sufren los centros de la comunidad.
El reflejo más nítido y preocupante de este modelo de improvisación es, sin duda, el recurso sistemático a los llamados nombramientos por programas. En lugar de consolidar plazas fijas y estructurales dentro de la plantilla pública de la Comunidad Autónoma, la Consejería de Educación fía la escolarización del tramo de 0 a 3 años a proyectos temporales y presupuestos con fecha de caducidad. Este perverso mecanismo contractual tiene consecuencias devastadoras en dos frentes diferenciados.
Por un lado, somete al personal interino a una inestabilidad laboral crónica, con contratos precarios que se extinguen al finalizar el programa de turno, destruyendo cualquier atisbo de carrera profesional digna para un sector tradicionalmente feminizado y maltratado. Por otro lado, esta falta de estabilidad de las plantillas dinamita por completo la continuidad pedagógica en las aulas. Los niños y niñas en edades tan tempranas necesitan referentes afectivos y educativos estables para su correcto desarrollo; cambiar de profesionales continuamente debido a las costuras de un contrato temporal es una falta de respeto al alumnado.
La Consejería de Educación utiliza los nombramientos por programas como un escudo administrativo para eludir su responsabilidad presupuestaria a largo plazo. Al no crear plazas estructurales, la administración regional evita comprometer fondos propios para el futuro, dejando la educación de los más pequeños supeditada a vaivenes económicos externos. No se puede construir el futuro educativo y el estado del bienestar de la Región de Murcia sobre los cimientos de la provisionalidad. Las familias murcianas no necesitan promesas electorales, ni las educadoras merecen ser tratadas como mano de obra de usar y tirar en programas con fecha de vencimiento.
Es hora de exigir un giro de 180 grados en la gestión educativa. La Consejería de Educación debe asumir de una vez por todas sus competencias, dotar al ciclo 0-3 de un presupuesto autonómico blindado y sustituir los parches de los programas temporales por plazas fijas y estables en la función pública. La educación de calidad de nuestros niños y niñas de cero a tres años no son un proyecto piloto ni un lujo financiable a plazos: son un derecho que ya ha esperado demasiado.