Recuperar el límite de mandatos antes de 2027
¿Por qué una medida de regeneración democrática aprobada por unanimidad en 2014 dejó de ser necesaria justo cuando empezó a afectar al presidente de la Comunidad Autónoma?
Hace doce años, la Asamblea Regional alcanzó uno de esos consensos que deberían trascender las coyunturas partidistas. Todos los grupos políticos coincidieron en que la Presidencia de la Comunidad Autónoma debía estar limitada a dos mandatos. No se trataba de una ocurrencia ni de un gesto simbólico. Era un valor democrático elemental: las instituciones son más importantes que las personas que las ocupan.
La lógica. Limitar los mandatos favorece la renovación política, evita la excesiva concentración de poder y obliga a los partidos a formar nuevos liderazgos. En definitiva, fortalece la calidad democrática de las instituciones.
Sin embargo, en 2021 aquel consenso saltó por los aires. La limitación fue eliminada en uno de los momentos políticos más convulsos de la historia reciente de la Región de Murcia. La fallida moción de censura contra el Gobierno autonómico desembocó en una reconfiguración de las mayorías parlamentarias y en una legislatura marcada por el transfuguismo político. Fue en ese contexto cuando se derogó una de las principales medidas de regeneración democrática aprobadas por la Asamblea Regional.
Aquello fue legal. Políticamente, resulta mucho más que discutible.
Porque la cuestión sigue siendo la misma, ¿qué había cambiado entre 2014 y 2021 para justificar la eliminación del límite de mandatos?
No hubo una movilización ciudadana reclamando su desaparición. No existía un problema institucional que resolver. No se presentó ningún estudio que demostrara que aquella medida había sido un fracaso. Lo único que había cambiado era una circunstancia evidente: el límite empezaba a tener consecuencias reales para quien ocupaba la Presidencia de la Comunidad Autónoma.
Fernando López Miras fue el principal beneficiario político de aquella reforma. Es una constatación objetiva. Sin la modificación legal aprobada en 2021, su horizonte político habría estado condicionado por una norma que el propio Partido Popular había respaldado años antes.
Precisamente por eso resulta necesario reabrir el debate.
La actual legislatura ofrece una oportunidad para recuperar una medida que nunca debió desaparecer. Si en 2021 existió una mayoría parlamentaria para eliminar el límite de mandatos, hoy puede existir otra mayoría para restablecerlo. Y debería hacerlo mediante el procedimiento de urgencia para que la reforma pueda entrar en vigor antes de las próximas elecciones autonómicas.
Algunos argumentarán que la propuesta busca impedir una futura candidatura de López Miras. Pero ese enfoque invierte el orden lógico de las cosas. Las leyes no deben diseñarse para favorecer ni para perjudicar a una persona concreta. Deben responder a principios generales y permanentes.
Y el principio que inspiró la reforma de 2014 sigue siendo válido hoy.
Ninguna democracia pierde calidad por limitar los mandatos de sus máximos responsables. Al contrario. Las limitaciones al poder forman parte de la esencia misma del constitucionalismo democrático. Existen límites presupuestarios, límites competenciales, límites temporales y mecanismos de control precisamente porque la concentración prolongada de poder nunca ha sido una buena noticia para las instituciones.
Quienes defienden la eliminación del límite suelen afirmar que deben ser exclusivamente los ciudadanos quienes decidan en las urnas. Pero las democracias modernas no funcionan únicamente sobre la base de la voluntad electoral. También descansan sobre reglas destinadas a garantizar el equilibrio institucional y la renovación de los liderazgos.
La Región de Murcia ya comprendió esa realidad en 2014. Por eso la limitación de mandatos fue aprobada por unanimidad.
Hoy, más de una década después, la pregunta sigue siendo pertinente. Si aquella medida era buena para la regeneración democrática entonces, ¿por qué dejó de serlo cuando empezó a afectar al presidente en ejercicio?
La Asamblea Regional tiene la posibilidad de corregir aquella decisión. No para ajustar cuentas con nadie. No para alterar artificialmente la competencia electoral. Sino para recuperar un consenso democrático que nunca debió romperse.
La cuestión no es quién ocupa hoy el Palacio de San Esteban. La cuestión es qué reglas queremos que rijan nuestras instituciones en el futuro.
Y si dos mandatos eran suficientes en 2014 para proteger la calidad democrática de la Región de Murcia, cuesta entender por qué no habrían de serlo también en 2027.