La Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia, junto con las asociaciones y colectivos que constituyen la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública “Salvemos el Rosell” y el Colegio de Enfermería, han denunciado conjuntamente la autorización otorgada por el Consejo de Gobierno al Servicio Murciano de Salud para poner en marcha, mediante concurso público, un contrato para “externalizar” un total de 25.000 pruebas diagnósticas por valor de 5,8 millones de euros y con un carácter plurianual.
Todos los colectivos citados han expresado su total oposición a la puesta en marcha de este contrato, ya que a su juicio, “implica la planificación, durante varios años, de la derivación de pruebas diagnósticas a centros privados a cargo del presupuesto público, algo que debería ser una medida excepcional y autorizarse sólo cuando no fuera posible realizarlas con los medios habituales en los propios centros del SMS”. Por eso, creen que se trata de “una claudicación en las necesarias y posibles medidas de mejora del rendimiento de los servicios del sistema público sanitario regional”.
Además, estiman que el contrato “consagra la política de privatización encubierta que está realizando el actual Ejecutivo regional, con un incremento constante en los diez últimos años de la proporción de pruebas diagnósticas que se realizan en centros privados”. “La ausencia de auditorías y de controles de calidad por parte del SMS en estos centros conlleva, con frecuencia, la repetición posterior de las mismas pruebas en centros públicos”, han añadido.
Por último, han resaltado que este contrato se lleva a cabo “a menos de dos meses de las elecciones autonómicas de mayo y por un período de varios años, hipotecando la actuación de los próximos gobiernos regionales”. “Por todo ello exigimos que este contrato sea retirado y se dirijan los esfuerzo económicos y de gestión en la mejora de la atención y de rendimiento en los propios centros del SMS; expresando así un compromiso claro de la Consejería de Sanidad con la gestión pública de los servicios sanitarios”, han concluido.