La Fiscalía pide tres años de cárcel para el empresario que abandonó al jornalero Eleazar Blandón, que murió por un golpe de calor
La Fiscalía ha solicitado penas de hasta tres años de prisión para el responsable de una empresa agrícola por la muerte del jornalero nicaragüense Eleazar Blándón, ocurrida en Lorca (Región de Murcia), tras sufrir un golpe de calor en el verano de 2020 mientras realizaba su jornada laboral bajo temperaturas que superaban los 40 grados, según ha informado el diario local La Opinión.
Según la investigación, el trabajador, de 42 años no contaba con contrato ni estaba dado de alta en la Seguridad Social, lo que ya suponía una vulneración de sus derechos laborales. El jefe de Blandón comparecerá ante el tribunal —aunque todavía no se ha fijado una fecha para la vista— acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia, así como de otro relacionado con la vulneración de los derechos de los trabajadores.
Durante la jornada, el trabajador comenzó a encontrarse mal, mostrando síntomas de agotamiento, mareos y dificultades para respirar. A pesar de su estado, continuó trabajando y no recibió la atención adecuada. Las investigaciones apuntan a que tampoco se adoptaron medidas básicas de prevención frente al calor, como descansos suficientes, acceso a sombra o hidratación adecuada.
Finalmente, cuando su estado empeoró gravemente, fue trasladado en una furgoneta hasta un centro de salud de Lorca, donde fue abandonado en la entrada ya inconsciente. Los servicios sanitarios no pudieron salvarle la vida, confirmándose posteriormente que la causa de la muerte fue un golpe de calor severo.
A raíz de estos hechos, la Fiscalía considera que existió una posible responsabilidad penal por parte del responsable de la empresa. Por ello, solicita penas de prisión para el jefe directo del trabajador. La acusación sostiene que las condiciones laborales no se adaptaron a las altas temperaturas y que se incumplieron normas básicas de seguridad, lo que habría contribuido directamente al fallecimiento.
Este suceso puso el foco en la situación de vulnerabilidad de muchos trabajadores temporeros, especialmente migrantes, que, en ocasiones, trabajan sin contrato y en condiciones precarias. También ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los controles laborales en el campo y mejorar la prevención de riesgos ante episodios de calor extremo.