La jueza imputa a siete personas por el incendio de las discotecas de Murcia que causó 13 víctimas mortales
Tres años después del incendio que se cobró la vida de 13 personas en dos discotecas de Murcia, la jueza instructora de la causa abre juicio oral. La magistrada de la plaza número 3 del tribunal de instancia de Murcia ha dictaminado que sentará en el banquillo a un total de siete investigados, aunque descarta declarar al Ayuntamiento de Murcia responsable civil subsidiario.
Se enfrentan a delitos de homicidio por imprudencia y de lesiones por imprudencia grave el responsable de la sala de ambiente latino Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, además de los tres responsables de la discoteca Teatre, donde comenzó el fuego. También se investiga al DJ que organizó la fiesta temática que esa noche había en Teatre y al propietario de la máquina de fuegos fríos causante del incendio, así como al ingeniero que elaboró el proyecto para dividir en dos la nave industrial que ocupaban los dos locales.
A lo largo de la instrucción, las acusaciones han insistido en que el consistorio murciano no quedase fuera del procedimiento, alegando que existía una orden de cese de actividad que el Ayuntamiento no ejecutó, permitiendo que los locales siguieran operando sin licencia ni condiciones de seguridad adecuadas.
La jueza esgrime que el caso Teatre no es “equiparable” al de Madrid Arena. En concreto, el auto razona que en esta causa no concurren los requisitos exigidos por el artículo 120 del Código Penal para considerar al ayuntamiento responsable civil subsidiario, al no seguirse el procedimiento penal contra empleados o funcionarios municipales, no ser el Ayuntamiento propietario ni gestor de las naves donde se produjo el incendio y no constar participación municipal en la organización del evento celebrado aquella noche.
El auto no es recurrible, salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados, que pueden presentar un recurso de reforma en el plazo de tres días.
Hasta nueve años de prisión
La Fiscalía solicita penas que alcanzan los ocho años y seis meses de prisión para varios de los acusados, además de distintas penas de inhabilitación, mientras que algunas acusaciones particulares y la acusación popular interesan penas superiores, de hasta nueve años de prisión, junto con otras medidas accesorias. Asimismo, las acusaciones formulan sus correspondientes reclamaciones de responsabilidad civil por los fallecimientos, las lesiones y los daños materiales ocasionados por el incendio.
La magistrada acuerda mantener la situación de libertad de los siete acusados y rechaza imponer las medidas cautelares personales interesadas por una de las acusaciones, consistentes en la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. La resolución considera que no concurre riesgo de fuga, ya que, desde el inicio de la causa, el 1 de octubre de 2023, los investigados “siempre han comparecido a todo llamamiento policial y judicial”, además de tener residencia en España, domicilio fijo e integración laboral y social, por lo que dichas medidas carecen de “necesidad y justificación”.
En el ámbito de la responsabilidad civil, el auto requiere de forma conjunta y solidaria a los acusados, a las compañías aseguradoras y a la mercantil considerada responsable civil subsidiaria para que, en el plazo de cinco días, presten una fianza de 8.796.653,33 euros, calculada a partir de las cantidades reclamadas por el Ministerio Fiscal incrementadas en un tercio, con el fin de garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso. En caso de no constituirse la fianza, se procederá al embargo de bienes suficientes.
La resolución también rechaza la solicitud de una de las acusaciones para que las compañías aseguradoras consignen anticipadamente las cantidades aseguradas al no apreciar riesgo de insolvencia.