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Pensionistas, un año tomándole el pulso al gobierno de turno

Para que alcance sus objetivos, el movimiento de pensionistas debe ser como el sistema público de pensiones: solidario, intergeneracional e interterritorial

Miles de pensionistas conmemoran en las calles de Bilbao un año de protestas

Miles de pensionistas conmemoran en las calles de Bilbao un año de protestas EFE

La lucha en defensa de pensiones dignas tiene más de prueba de fuerza que de confrontación. Nada que ver con actitudes pendencieras, es un ejercicio de persuasión.  A base de presión se le ganó el pulso a Rajoy, con Sánchez se está teniendo paciencia, como si la esperanza de vida no motivase la urgencia. Conflicto de largo alcance, carrera de fondo que se va ganando por etapas. Cayó para siempre el 0,25 %. Nunca más ningún gobierno utilizará ese truco para bajar las pensiones diciendo que suben. Están garantizadas sin pérdidas dos años, a la espera de que el incremento en base al IPC real sea definitivo. Subir el 3 % pensiones de subsistencia apenas reduce la brecha entre las más bajas y el resto; resulta insuficiente mientras no se establezca una pensión mínima que cubra las necesidades básicas. Tal es ahora la principal reivindicación, los 1.080 euros que determinarían el punto final de las movilizaciones.

Después de un año, la lucha sigue

Las movilizaciones se mantienen en todos los territorios, estabilizándose donde ya eran habituales y expandiéndose en otras zonas. En Bizkaia, que sigue siendo el referente más significativo, además de las manifestaciones conjuntas de Bilbao se han realizado otras a nivel local y comarcal, destacando por su participación las convocadas por las plataformas de Zona Minera y Margen Izquierda, poblaciones con tradición de lucha obrera. El 26 de noviembre se manifestaron en Barakaldo unas 10.000 personas. La experiencia se repetirá en otros pueblos, correspondiendo la próxima a Sestao el 28 de enero.

De la misma forma que el verano no paralizó las movilizaciones, tampoco las frenó el periodo navideño. El 15 de diciembre, según la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE), hubo manifestaciones en 200 poblaciones. La más numerosa volvió a ser en Bilbao, donde la Policía Municipal estimó la participación en 25.000 personas. Fueron también numerosas en Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza. Para conmemorar  el 15 de enero, aniversario del inicio de las concentraciones, en Bilbao hay una exposición fotográfica, además de convocar manifestación el día 19. El resultado fue satisfactorio y antes de las elecciones de mayo se espera remontada. En Barakaldo se celebra el 21 de enero, actuando Adebán (adelante), grupo aragonés que viene de la canción protesta de la Transición. La COESPE convoca movilizaciones a nivel estatal el 2 de febrero, excepto en Euskadi que tiene su propia dinámica.

La clave del éxito de las movilizaciones de pensionistas es la generalización del conflicto y su persistencia. Las concentraciones de Bilbao, identificadas con la monumental esfera ovoide de Oteiza, se quedarían en fenómeno de resistencia numantina, si no constituyesen una caja de resonancia de acciones similares en muchas otras poblaciones de Bizkaia, el País Vasco y el conjunto del Estado. El aislamiento, la falta de perspectiva global, además de resultar un intento infructuoso, lo llevaría a la órbita de la ideología identitaria. Para que alcance sus objetivos, el movimiento de pensionistas debe ser como el sistema público de pensiones: solidario, intergeneracional e interterritorial.

Durante el año transcurrido desde el inicio de las concentraciones, las reclamaciones se han dirigido a la clase política, obviando las responsabilidades del empresariado en materia de empleo y pensiones. En esta ocasión la manifestación de Bilbao partió junto a la sede de Confebask (Confederación Empresarial Vasca). La problemática de las pensiones afecta más a la población asalariada que a los propios pensionistas. Sin embargo, salvo en la multitudinaria manifestación de Bilbao del 17 de marzo, persiste la brecha generacional. Si se incorporasen a las movilizaciones los demás colectivos afectados, incluida la juventud, el conflicto se convertiría en una arrolladora causa general.     

Garantizar derechos por decreto ley

El Gobierno de Sánchez es débil, necesita apoyos, los merecerá si enmienda los entuertos de Rajoy. Hasta ahora la medida más efectiva ha sido elevar por decreto ley el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales, beneficiando a 2.5 millones de trabajadores y trabajadoras con empleos precarios. Es una decisión que repercute favorablemente sobre las pensiones, dado que aumentan los ingresos de la caja común de la Seguridad Social. Otras medidas en materia de empleo y de protección social inciden también de forma positiva. Sin embargo, en cuanto a mejoras específicas de las pensiones, no se ha ido más allá de aplicar y asumir los compromisos presupuestarios establecidos en los acuerdos PP – PNV.  

El Gobierno anunció el retorno definitivo a la revalorización de las pensiones en función del IPC real, pero se ha limitado a fijarlo para 2019, confiando la decisión final a los agentes sociales. Cabe suponer que ese retraso persigue reforzar el papel negociador de los sindicatos, darles legitimad frente a las asociaciones de pensionistas que, sobre todo en Euskadi, poseen mayor credibilidad y capacidad de movilización. Si el decreto ley es un cauce válido para dignificar las retribuciones salariales, también se puede aplicar a las pensiones, empezando por atender una demanda en auge: equiparar las pensiones mínimas con el SMI en 900 euros.

Tutelar al movimiento de pensionistas

Los partidos políticos siguen con expectación la trayectoria de la lucha de los pensionistas, sin llegar a controlarla. La excepción es Euskadi. Imitando al PNV en la negociación de los PGE del pasado año, EH Bilbu intentó incidir en las cuentas del Gobierno Vasco utilizando la principal bandera de los pensionistas: “pensión mínima de 1.080 euros”. Empezó declarando que la legislación autonómica posibilita establecer esa mejora por ley. Como el PNV dijo que se lo pidiesen a Sánchez, optaron por la vía de las ayudas sociales.  Se comprometían a facilitar la aprobación de los presupuestos de la CAV, si se incluía una partida de 350 millones para complementar las pensiones más bajas a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Luego se conformarían con 163 millones para llegar a 858 euros mensuales. Las cifras se acercaban, el PNV estaba dispuesto a completar hasta 823 euros en 2020, pero EH Bilbu se retiró de la negociación, optando el Gobierno Vasco por prorrogar las cuentas del 2018.

La clave del éxito de las movilizaciones de pensionistas es la generalización del conflicto y su persistencia

Este hecho quedaría en el anecdotario político si entretanto la Izquierda Abertzale no hubiese presionado al movimiento de pensionistas, sobre todo en Bizkaia, para que se posicionase a favor de su complemento, culpabilizando al PNV del fracaso de las negociaciones. Para lograrlo se rompió el consenso, obviando que la tabla reivindicativa del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB) reclama la pensión mínima de 1.080 euros como derecho y por ley, no como ayuda social. Suprimir la toma de decisiones por unanimidad, imponiendo una mayoría carente de representatividad, dado que la participación es voluntaria, supone anular el compromiso de asumir acuerdos. Si no se recupera el consenso, para poder funcionar habrá que adoptar la forma de unidad de acción entre asociaciones que se reconocen mutuamente.

La Seguridad Social, fondo común con aval del Estado

Entre las transferencias pendientes del estatuto del País Vasco figura la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. PNV y EH Bildu incluyen esa reivindicación en sus planes soberanistas, dándole un alcance que no tiene. Los fondos de la Seguridad Social constituyen una unidad patrimonial y son de titularidad estatal. Intentar alterar esos principios es contrario a los derechos de trabajadores y de pensionistas. Si ese debate permanece  en el terreno de la política institucional, no pasa nada. Incluirlo entre las reivindicaciones obreras, como se hace con la demanda de un “marco de relaciones laborales autónomo”, socaba la unidad de la clase trabajadora e imposibilita la unidad sindical, incidiendo sobre la causa de las pensiones.

El riesgo de la división, que se temía entrase en el movimiento de pensionistas a través de la disyuntiva “caja común” versus “caja propia”, se está produciendo por un comportamiento que parecía superado: el intento de los partidos que se consideran vanguardia por controlar las organizaciones de masas. Una práctica habitual de la Izquierda Abertzale en otra época, se reproduce en un movimiento social que, como cualquier otro, sin dejar de ser político, necesita ser apartidista para tener credibilidad. Por si caben dudas sobre la intencionalidad del intento, basta añadir que en algunas concentraciones se vuelven a utilizar consignas de triste recuerdo.

Euskadi, laboratorio de pensiones privadas de empleo

El PNV no se conforma con promover las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) como alternativa soberanista al Sistema Público de Pensiones (SPP).  Es un hecho a nivel institucional (ayuntamientos, diputaciones, Gobierno Vasco) y en la industria de Gipuzkoa, ahora pretende ampliarlas al conjunto de la población asalariada del territorio, para aliviar las miserias del empleo precario. La patronal permanece a la expectativa, hasta saber qué trozo del pastel le corresponde en forma de desgravaciones fiscales y del impuesto de sociedades. Los sindicatos se posicionarán cuando se negocie su participación en las comisiones gestoras de los fondos. Habla claro un sindicato modesto: “Desde ESK pensamos que las pensiones complementarias privadas suponen un ataque al modelo de pensiones públicas ya que lo único que pretenden es crear una barrera de contención para seguir recortando el modelo público de pensiones”.

El PNV intenta exportar su alternativa, proponiendo generalizar el modelo de las EPSV en el conjunto del Estado. Lo destacaba como titular la prensa afín al PNV el 17 de noviembre: “El Pacto de Toledo estudia incluir el modelo vasco de EPSV en sus recomendaciones”. Conocida la implicación empresarial y sindical en la gestión y promoción de tales productos financieros, sabiendo que en dicha comisión parlamentaria predominan los planteamientos neoliberales, es previsible que la propuesta cuaje. En tal caso, se facilitaría la consolidación de un sistema de pensiones mixto, favoreciendo complementar las pensiones altas, mientras las bajas recurren a la beneficencia, resultando que se intensifican las desigualdades sociales.

Próximo reto, las elecciones de mayo

En la manifestación del 19 de enero se vio en Bilbao un amplio grupo de chalecos amarillos. Su alcance va más allá de la solidaridad con los gilets jaunes franceses. Allí y aquí se reivindica la revalorización del salario mínimo y de las pensiones mínimas, o sea, un reparto más equitativo de la riqueza que permita recuperar el diezmado estado de bienestar. Allí se está reclamando hasta la dimisión del presidente de la república, aquí se espera que el Gobierno atienda las demandas coreadas cada semana en las concentraciones desde hace un año. Las elecciones de mayo se han convertido en referencia clave de las movilizaciones. Cuatro meses es el margen de tiempo disponible. Entretanto, además de reforzarse e intensificarse las concentraciones, no faltan motivos para salir a la calle: 8 de marzo, 11 de marzo centenario del Retiro Obrero Obligatorio, 17 de marzo aniversario de la multitudinaria manifestación de Bilbao….

El movimiento de pensionistas contribuyó a la caída del Gobierno de Rajoy. Con Sánchez está siendo paciente, pese a que hasta la fecha no ha movido ficha sobre su principal reivindicación: pensión mínima 1.080 euros. La COESPE está reclamando como medida  previa la equiparación con el SMI de 900 euros. Es la única decisión que podría contener las movilizaciones. Si llegan las elecciones y no se ha dado ningún paso en esa dirección, la frustración puede llevar a las urnas votos de castigo que, lamentablemente, favorecerían posiciones políticas contrarias a los intereses de trabajadores y pensionistas. El actual Gobierno está superando retos, tendrá apoyos y reconocimiento si intenta resolver de forma satisfactoria el conflicto permanente con mayor participación y duración en la historia de los movimientos sociales.    

*Luis Alejos essociólogo y pensionista

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