Aborto irrevocable

Durante décadas, las mujeres en España tuvieron que pelear por un derecho que nunca debió depender del coraje individual, del estigma ni de la pura resistencia. La despenalización parcial de 1985 y, más tarde, la ley de plazos de 2010 reconocieron, al fin, la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho ligado a la salud, a la autonomía y a la libertad. Lo que empezó siendo una lucha sostenida por mujeres valientes, frente al miedo y la oposición conservadora, acabó convirtiéndose en una causa colectiva que hizo avanzar a toda la sociedad. Porque cuando las mujeres conquistan libertades, la democracia se ensancha con ellas.

La ley de 2010 no solo reconoció un derecho: sacó a miles de mujeres de la incertidumbre y la desigualdad. Una sociedad decente es la que no humilla a las mujeres.

Ese es el espíritu de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno, cuyo inicio de tramitación legislativa aprobamos este jueves en la Mesa del Congreso. La modificación del artículo 43 de nuestra Constitución lo que pretende es garantizar de forma efectiva el tan luchado derecho al aborto de las mujeres. Una reforma avalada por el Consejo de Estado y coherente con la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional.

Esta garantía de prestación no es un matiz técnico: es el corazón mismo de la igualdad. Significa que el Estado no se limita a reconocer una libertad, sino que asume la responsabilidad de hacerla real, viva y efectiva en cada territorio y en cada circunstancia prevista por la ley.

En pleno siglo XXI, todavía no es una facultad plena para todas ellas. Demasiadas mujeres siguen encontrando obstáculos, desigualdades territoriales y barreras silenciosas que convierten un derecho reconocido en un camino incierto. Y eso revela una verdad incómoda: los derechos de las mujeres continúan siendo, demasiadas veces, los más expuestos a la intemperie política.

La democracia no es un estado de reposo, sino un ejercicio de vigilancia constante. Ni los derechos conquistados son paisajes inalterables, ni tampoco la Constitución una pieza de museo inmutable. Todos ellos deben guiarse con la brújula del pulso social.

Creíamos haber dejado atrás debates que parecían conquistados para siempre, pero el tiempo nos está recordando que ningún avance es irreversible si no se protege con convicción democrática. Los derechos de las mujeres han sido históricamente los primeros en ponerse en cuestión cuando avanzan los discursos reaccionarios, cuando se normaliza el retroceso o cuando las instituciones miran hacia otro lado.

Los datos lo evidencian con crudeza. En 2024, solo el 21,25% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros públicos. El resto dependió de la red privada. 

Y la desigualdad territorial sigue siendo inaceptable. En comunidades como Extremadura no se practicó ninguna intervención en la sanidad pública; en Andalucía, apenas el 0,2%; y en Madrid, el 0,47%. En demasiados territorios (la sanidad es una competencia territorial), ejercer un derecho sigue significando desplazarse, esperar o asumir una carga añadida que nunca debería recaer sobre las mujeres.

No puede haber más o menos derechos según el código postal. No puede haber libertades a distinta velocidad.

Por eso, esta reforma tiene una dimensión profundamente democrática: garantiza que nadie pueda recortar la autonomía personal de las mujeres ni convertir su libertad en una disputa ideológica. España puede convertirse así en el segundo país del mundo en reconocer este derecho en su Constitución, después de que Francia ya lo hiciera en 2024.

Nuestra Constitución nació para ensanchar derechos, no para contemplar retrocesos. Esa ha sido la mejor tradición democrática española: avanzar, ampliar, reparar.

Lo hicimos con la sanidad pública, con la educación, con el matrimonio igualitario, con la eutanasia. Lo hacemos ahora al reforzar un principio esencial: que la decisión de una mujer sobre su propio cuerpo no dependa de mayorías cambiantes, presiones reaccionarias o fronteras autonómicas. Una reforma a favor de un país más decente. Más seguro. Más libre.

Defender este avance no es solo defender un derecho de las mujeres. Es defender una idea de España: la que no retrocede ante quienes quieren devolvernos al pasado, la que convierte la igualdad en ley y la dignidad en garantía.

Las constituciones hablan del alma de un país. Y hoy España tiene la oportunidad de decir, con serenidad y firmeza, que reconoce la lucha de generaciones de mujeres que abrieron camino; que lo que está en juego no es solo una prestación sanitaria, sino la capacidad de decidir, de vivir con autonomía y de ejercer la libertad sin tutelas ni retrocesos.