El chantaje del Gobierno a las CCAA
El Consejo de Política Fiscal, el órgano que coordina la política financiera del Estado y las Comunidades Autónomas, decidió en abril de ese año los objetivos de déficit para cada territorio. Posteriormente éstos se incluyeron en el Programa de Estabilidad que presentó el Gobierno a la Comisión Europea, marcando una vía que posteriormente fue modificada con Bruselas estableciendo una nueva senda de reducción del déficit más laxa. Concretamente, pasamos de un objetivo de 3,6% para 2016 a un 4,6%, mientras que para 2017 el objetivo se relajó de un 2,9% al 3,1%. Dado que los objetivos de déficit se han modificado, ampliando el margen, este desahogo fiscal se tiene que repartir principalmente entre Estado y CCAA por lo que es necesario actualizar el reparto para que estas últimas tengan mayor capacidad fiscal. Este nuevo reparto solo se puede hacer en el órgano competente, es decir, el Consejo de Política Fiscal pero el Gobierno en funciones ha preferido hasta ahora no actuar por unas razones que tienen que ver mucho con el tacticismo post electoral y poco con las necesidades económicas del país. En caso de no convocar el Consejo y forzar a las CCAA a ceñirse a la senda anterior, más estricta, Montoro estaría obligando a aplicar la austeridad de forma pasiva. Si las CCAA se someten al objetivo de déficit del 0,1% del anterior pacto de estabilidad, éstas no tendrán el mayor margen fiscal que posibilita el nuevo acuerdo con la CE, es decir, deberán efectuar recortes adicionales en un país cuyo gasto público ya ha tocado el hueso del estado de bienestar.
Pero hay una razón más que explica esta actitud extorsionadora del Gobierno en funciones hacia las CCAA: tapar el agujero en las cuentas públicas que han provocado sus pésimas reformas fiscales y sus erróneas (o interesadas) previsiones sobre la recaudación pública. En 2015 el Ejecutivo desarrolló una reforma fiscal que ha supuesto una merma en la recaudación, concretamente en junio de este año ha sido un 2,3% inferior (3,2% menos en variación homogénea) con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es especialmente grave en un país con un déficit estructural de ingresos públicos (más de 7 puntos con la media de la eurozona). Fue de tal desmán esta reforma que el gobierno preveía un incremento del 10% en el impuesto de sociedades ¡y ya ha caído más de un 80%! Es tan flagrante el interesado -y electoralista- pronóstico que el PP se está viendo obligado a derogarse a sí mismo, prometiendo a Bruselas que revertirá la reforma del impuesto de sociedades en los presupuestos de 2017. En la práctica, el Estado central está intentando guardarse para sí todo el mayor margen de maniobra y así externalizar la culpa de la desastrosa política fiscal a las CCAA. El problema no es que no haya Gobierno, sino que el que ejerce en funciones -y también antes de entrar en funciones- está jugando electoralmente con los ingresos públicos, los de todos, como si fueran de su propiedad.
Por si esto no fuera suficiente, el Ejecutivo pretende, además, utilizar la incertidumbre y la fragilidad de las CCAA como un elemento de presión para que finalmente se perciba un estado de urgencia y necesidad que empuje a otras fuerzas políticas a abstenerse en otro eventual intento de investidura de Mariano Rajoy. Estos son los buenos gestores que utilizan las cuentas públicas para mantenerse en el poder a toda costa, utilizando todos los medios a su alcance para presionar a sabiendas de que esta estrategia pone en peligro el Estado de Bienestar, que está soportado en su mayor parte por las CCAA (sanidad, educación, servicios sociales, etc.). Todo esto no es nada nuevo. La estrategia de asfixia a las CCAA ha sido una constante durante la legislatura de Rajoy durante la cual ha penalizado de manera interesada a las CCAA a través de un reparto del déficit que ha limitado sus funciones y sus objetivos presupuestarios.
Este comportamiento del Gobierno central con las CCAA explica las numerosas críticas desde su propio partido al gobierno en funciones. No es usual escuchar abiertamente voces en contra del Ejecutivo entre sus dirigentes regionales (como el presidente de La Rioja, de Castilla León o la presidenta de la Comunidad de Madrid). No es casualidad que Cristina Cifuentes cifrara en el debate del estado de la región en 800 millones los recortes que se deberían de hacer si el Gobierno no actualiza los objetivos de déficit de las CCAA. En el caso de Andalucía, los recortes a los que se vería obligada la Junta ascenderían hasta los 600 millones de euros. El tacticismo del Gobierno central –en funciones- choca con la necesidad de financiación de las CCAA, incluyendo las de su propio partido.
En este escenario complejo y hostil las CCAA parecen tener sólo dos opciones nada cómodas para llegar a elaborar unos presupuestos autonómicos en los tiempos previstos por ley y no tener que prorrogar los anteriores: o bien se atienen a la senda anterior y asumen miles de millones de euros de recortes, o incluyen ellas mismas nuevos objetivos de déficit, con toda la incertidumbre jurídica que conlleva. Por esto es fundamental forzar al Gobierno en funciones a que convoque cuanto antes el Consejo de Política Fiscal para así debatir el nuevo reparto de los objetivos de déficit y abrir un proceso de negociación entre Estado Central y CCAA, donde las necesidades de las comunidades puedan ser escuchadas y evaluadas. Si esto no se consigue, frente al bloqueo del PP, que no duda en utilizar el aparataje del Estado para chantajear a las CCAA poniendo en peligro el Estado de Bienestar que éstas soportan –y por tanto las condiciones de vida de los ciudadanos-, las CCAA no tienen más remedio que realizar sus presupuestos y desafiar este comportamiento pandillero del Gobierno en funciones.
Ivan H. Ayala es miembro de la Secretaría de Economía de Podemos
Giuseppe Quaresima es miembro de la Secretaría de Economía de Podemos Andalucía
