El disparate nacional

Ha sido muy comentado el último destrozo perpetrado, de momento, por los acuerdos entre el PP y Vox en las CCAA de Extremadura y Aragón. Me refiero a lo de la “prioridad nacional” a la hora de acceder a los servicios y ayudas públicas, pretendidamente endulzada con la milonga del “arraigo” del posible beneficiario. El disparate que contiene el referido acuerdo no es solo moral, legal, político, social y cultural, sino que atenta también al corazón de nuestra economía, en una palabra, al interés de España y de la ciudadanía española.

En principio, como ya se ha dicho con reiteración, supone un atentado flagrante a nuestra Constitución en sus principios fundamentales a la igualdad y la no discriminación, además de oponerse a lo dispuesto en la Ley de Extranjería. Hay que tener en cuenta que si bien el art.14 de la Constitución (CE) se refiere a los españoles, es precepto que conviene relacionar con el 13.1 CE, cuando señala que “Los extranjeros gozan en España de los derechos y libertades del Título I”, que incluye el art.14, sobre el derecho a la igualdad. Lógicamente, queda excluido el derecho al sufragio, exclusivo de los nacionales, salvo en las elecciones municipales, en las que pueden votar los ciudadanos de países de la UE. Por eso es una gran mentira cuando la Sra. Ayuso y otros afirman que la regularización de inmigrantes se ha hecho con el objetivo de cambiar el censo electoral a favor del gobierno. La legalización de ese medio millón de emigrantes es esencial para que no sigan trabajando en condiciones de esclavitud, con salarios de miseria y sin ningún derecho, como parecen desear las derechas. Lo asombroso es que Vox y el PP se hayan opuesto radicalmente, en contra del interés de España, a tal regularización, cuando la Iglesia y la patronal han estado a favor. Otra cosa es lo que digan las encuestas, en las que aparece que una parte considerable de la ciudadanía ve más aspectos negativos que positivos. Un resultado que, en mi opinión obedece, en gran parte, en la muy insuficiente explicación por parte del gobierno.

Sin embargo, no es menos grave que tal “prioridad” violente lo establecido en el Tratado de Lisboa respecto al principio de igualdad y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que tienen carácter jurídicamente vinculante al confirmar lo garantizado en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En este sentido, de llevarse a la práctica el desatino de la “prioridad nacional”, el Estado español podría ser sancionado como lo han sido otros estados -por ejemplo, la Hungría de Orbán- por violación de la legislación europea.

Ahora bien, cuando se sostiene que no podrá cumplirse tal despropósito y, en consecuencia, será inane a efectos prácticos, se olvida que tiene consecuencias políticas, sociales y culturales graves, se lleve o no a la práctica. De entrada, porque anula la condición de ciudadanía -incluido el concepto de derechos humanos-, propio de las democracias, y lo sustituye por el de la identidad nacional excluyente, vigente en un pasado que no debe retornar. Me temo que el origen no está en la posición de la ultraderecha francesa del Frente Nacional del fallecido señor Le Pen y compañía. Por el contrario, se encuentra en la génesis del fascismo puro y duro, cuando los nazis de Hitler desgajaron una estrofa de un viejo himno alemán para la unificación del país en el siglo XIX y lo convirtieron en el emblema de la Alemania nazi. Esa estrofa decía: “Deutschland über Alles” -Alemania por encima de todo-, lo que es igual a los alemanes los primeros. Del fascismo pasó a los franceses de Le Pen con el “les français d’abord” -primero los franceses-, luego al “America First” -América primero- de Trump, y ahora a la “prioridad nacional” de Vox que el PP, irresponsablemente, ha asumido.

No obstante, de lo que se habla menos es de las consecuencias sociales y económicas que la aplicación de este principio podría llegar a tener. Por lo pronto, es un duro golpe a la inmigración. A nadie le gusta ser una persona o ciudadano de segunda, con los derechos mermados, y los inmigrantes son imprescindibles para sectores básicos de nuestra economía, como la construcción, la hostelería, el pequeño comercio, la logística, el cuidado de las personas, etc. Sin emigrantes la economía española se hundiría. De todas las maneras, no nos engañemos. A los inmigrantes se los rechaza porque la inmensa mayoría son pobres, ya que a los extranjeros ricos se les hace la ola y se les pone la alfombra roja, tengan la piel negra, los ojos rasgados o recen a Alá. Por eso, lo que impera en la mayoría de las derechas es el “raziclasismo”. Y conviene tener mucho cuidado porque de ahí a considerar a los inmigrantes “untermenschen” -infrahumanos-, como consideraban los nazis a los judíos y otras razas “inferiores”, hay un paso. Un paso que a veces se da en los estadios de fútbol cuando más de un descerebrado hace signos propios de los simios referidos a algún jugador cuya piel es diferente a la suya.

Por otra parte, ¿qué pensarán alrededor de tres millones de europeos que residen en España cuando se enteren de que son ciudadanos de segunda? ¿Qué atractivo puede tener España para atraer talento extranjero si se les dice que serán ciudadanos de segunda? ¿Qué impresión producirá en los cerca de 100 millones de turistas que vienen a España cuando caigan en la cuenta de que cruzando la frontera entran en un país que los considera de segunda categoría? ¿Seguirán teniendo asistencia médica igual que los españoles o se pondrá en duda por su falta de arraigo?, pues me da la impresión de que mucho arraigo no tienen, digo yo. ¿Imaginan ustedes qué sucedería si este principio de la prioridad de los españoles se implantase en toda España, como pretende Vox y aceptará, sin duda, el PP en caso de que ganasen las próximas elecciones? Habríamos pasado de la “prioridad nacional” al “disparate nacional” con un daño “nacional” desastroso. 

Se sostiene por algunos opinadores que es positivo que Vox entre en los gobiernos porque así se demostrará que no saben gobernar o gestionar y perderán posiciones. Es curioso cómo a veces se repite la historia, aunque los escenarios y actores sean diferentes. Lo mismo se dijo de los nazis antes de que llegaran al poder. El excanciller alemán de aquella época, el socialdemócrata Herman Müller, en una carta a su correligionario Otto Braun, ministro-presidente de Prusia, manifestaba su consternación al comprobar que miembros de su partido sopesaban que “había que permitir que la derecha y la extrema derecha entraran en el gobierno, incluidos los nazis, para que así puedan demostrar su incompetencia” (Johann Chapoutot en “Irresponsables”). Espero que entre nosotros a nadie se le ocurra tal dislate. Sin embargo, otros opinadores y políticos de las derechas defienden esos pactos afirmando que el PP tiene derecho a gobernar con Vox, al igual que el PSOE lo hace con Junts o con Bildu. Nadie discute que el PP pueda gobernar con quien decida o le plazca, pero como en tantas ocasiones esa comparación encierra una gran mentira. Que yo sepa no hay ministros de Junts o de Bildu en el Gobierno de España, ni consejeros de esos partidos en las CCAA donde gobierna el PSOE. Confundir apoyos parlamentarios, cuando les conviene a quienes apoyan, con formar parte del mismo gobierno es una manera de confundir y engañar al personal sufridor. ¡Será posible que no nos demos cuenta de lo que se nos viene encima!