De España a Ginebra: la Conferencia de la OIT y el Convenio de Plataformas

Hay victorias que se miden por lo difícil que fue alcanzarlas. La aprobación en Ginebra, el pasado 12 de junio, del primer convenio mundial sobre el trabajo en plataformas digitales es una de ellas. La 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo sacó adelante el texto por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones, tras una negociación que buena parte del grupo de los empleadores y algunos gobiernos se empeñaron en bloquear hasta el final. Que el convenio exista, y que tenga el contenido que tiene, es una enorme conquista sindical. Y también, conviene decirlo, una victoria del diálogo frente a quienes solo trajeron a la mesa amenazas y obstrucción.

No está de más recordar de qué lado se situó cada cual. Mientras los sindicatos y numerosos gobiernos empujábamos para el acuerdo, demasiadas voces del lado empresarial prefirieron la tibieza o la abstención antes que comprometerse con un texto que extiende derechos a las nuevas formas de trabajo. Una actitud que dice mucho sobre quién apuesta de verdad por el progreso social y los derechos laborales frente a quién prefiere mirar hacia otro lado.

El convenio afirma algo elemental que durante años se negó sistemáticamente: los derechos fundamentales en el trabajo se aplican también a la economía de plataformas. Quienes reparten, conducen, traducen o etiquetan datos a través de una aplicación dejan de ser una excepción para tener, por fin, derecho a organizarse sindicalmente, a no ser clasificados falsamente como autónomos, a una remuneración no inferior al salario mínimo, a protección social, a la tutela de sus datos personales y a interrumpir una tarea peligrosa sin miedo a represalias. Que las personas trabajadoras de las nuevas formas de empleo vean respetados sus derechos no es una concesión: es la condición para que la innovación tecnológica no se convierta en una coartada para la precariedad y la explotación.

Porque de eso trata el fondo del asunto: de poner el algoritmo al servicio de las personas, y no al revés. La dirección por algoritmo intensifica ritmos, multiplica la vigilancia y deja a quien trabaja frente a una caja negra que decide sin rostro ni explicación. Someter esas decisiones automatizadas a la supervisión y al criterio humano es, hoy, una de las grandes fronteras de los derechos laborales. El convenio da un paso decisivo en esa dirección y, lo que es más importante, lo hace con vocación universal, tendiendo un suelo mínimo de derechos allí donde no existía nada.

En todo este recorrido, España tiene motivos para sentirse orgullosa. Fuimos pioneros en Europa con la “Ley Rider”, que estableció una presunción de laboralidad para los repartidores y reconoció el derecho de la representación sindical a conocer los parámetros de los algoritmos que afectan a sus condiciones. Aquella norma no salió de un despacho: nació de la mesa del diálogo social, del acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal. Y de ahí saltó a Europa, porque la directiva comunitaria sobre trabajo en plataformas se diseñó, en gran medida, a partir del modelo español. España lideró entonces, y debe seguir liderando ahora.

Merece la pena subrayarlo: el diálogo social español atraviesa el periodo más intenso y fructífero de nuestra democracia reciente. No siempre fue así. Hubo tiempos en los que las grandes reformas laborales se imponían por decreto-ley, sin negociación y sin información a los interlocutores sociales, a golpe de imposición y de espaldas a la calle, provocando una fuerte contestación social. Frente a aquel modelo, los últimos años han demostrado que, cuando se sienta a las partes a negociar de buena fe, salen acuerdos que funcionan y perduran. La “Ley Rider” es uno de sus mejores frutos. Esa salud del diálogo social no es solo un activo interno: es un ejemplo que podría funcionar, y muy bien, en Ginebra.

Por eso el momento exige acción y coherencia. España debe transponer antes del 2 de diciembre la directiva europea sobre trabajo en plataformas, y el Gobierno debería convocar cuanto antes la Mesa del Diálogo Social para hacerlo con ambición, ampliando y reforzando lo ya conquistado. Pero esa transposición no puede caminar sola: tiene que acompasarse con la ratificación del nuevo convenio de la OIT. Incorporar la directiva y, a la vez, ser de los primeros países en ratificarlo sería un doble mensaje difícil de igualar: hacia dentro, blindando derechos; hacia fuera, dando ejemplo.

Queda una advertencia de fondo. Las presiones de quienes preferirían una OIT débil obligan a defender con firmeza el organismo. Una institución que desde hace más de un siglo vela por los derechos laborales en el mundo no puede quedar condicionada por amenazas presupuestarias ni por quienes cuestionan el tripartismo cuando no obtienen lo que quieren. La OIT necesita un liderazgo fuerte, y España, con su experiencia y su diálogo social, puede y debe aportarlo.