Las leyes del presidente no nacido
El líder oficial del Partido Popular acaba de presentar con toda la pompa y solemnidad de la que es capaz su intención de aprobar una ley estatal del concebido no nacido. Promete hacerlo en cuanto sea elegido presidente del Gobierno, algo que según sus cálculos sucederá el año que viene. Por ahora estamos ante un presidente no nacido.
El anuncio de Núñez Feijóo debe interpretarse en clave interna. El candidato conservador está en permanente pelea por el liderazgo de su partido y de la derecha española. Sobre todo, frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que casualmente dio a conocer hace unos días la puesta en marcha de una ley igual. Tuvo una acogida entusiasta entre grupos católicos y extremistas.
Ahora el gallego intenta posicionarse ideológicamente a su misma altura y directamente le ha robado la idea alegando que a él se le ocurrió primero. La propuesta de ley, pues, hay que entenderla exclusivamente en este contexto en el que uno y otra se zancadillean constantemente intentando presentarse como el referente de la derecha tradicional. El propósito de la ley parece más propagandista que real. Es ideológica en el peor sentido de la expresión: no por responder a unos valores sino al deseo de aparentarlos.
Así que desde un primer momento parece claro que lo importante de esta ley que nos cuentan no son sus efectos, casi insignificantes, sino el nombre.
Técnicamente, la ley es de una simpleza abrumadora. Se trata, exclusivamente, de adelantar unos meses todas las prestaciones y beneficios previstos para el nacimiento de un hijo. En el caso de la ley madrileña, la presidenta de la comunidad ha insistido en que podrá hacerse desde el momento mismo de la concepción. No se sabe si valdrá con presentar un predictor positivo para pasar a ser familia numerosa, visto que su jefe de gabinete dice que al acabar de tener sexo, “antes de ducharse”, ya se tendrá por aumentada la familia. La ley gallega que aprobó Núñez Feijóo, por su parte, apenas adelanta las prestaciones cinco meses.
Con aspiraciones tan pobres parece claro que los objetivos de la ley anunciada no son los que dicen. Ni se trata de proteger a las familias, ni de fomentar la natalidad.
Para proteger a la familia seguramente sería más eficaz aprobar una ley que haga frente a la pobreza infantil, que en España afecta al 33% de los niños. Y si es verdad que algunas de quienes más la sufren son las familias numerosas, eso no se arregla adelantando unas semanas unas prestaciones ridículas. El paripé no se sostiene.
En cuanto a la natalidad los datos son tozudos. Desde que Núñez Feijóo aprobó en Galicia una ley igual el descenso de la natalidad en esa comunidad no ha sufrido ni el más mínimo frenazo perceptible. Si acaso al revés.
Evidentemente, no va de eso. El objetivo comunicativo es poner el acento en el embrión. De ahí el pomposo nombre de Ley del Concebido No Nacido. Da igual que no sirva más que para anticipar unos pocos meses un puñado de ayudas. Lo destacable es que, según su título, se dirige al no nacido y lo coloca en el centro de la acción política. Es simplemente una forma de situarse simbólicamente contra el aborto. En cierto modo, también contra la Constitución. Hace veinte años que el Tribunal Constitucional insiste en la idea de que en nuestro sistema democrático el nasciturus no es una persona ni puede tener derechos. Por supuesto que es un bien jurídico y debe ser protegido. Más mientras más avanza la gestación. Pero igualarlo jurídicamente a un niño es inconsistente con el modo en que se viene interpretando nuestra norma fundamental y solo puede buscar acabar con el derecho al aborto.
La oposición al aborto es desde hace años, junto a su componente religioso, una de las señas de identidad de la derecha española. La única que la llevó a ocupar masivamente las calles en 1985, contra la primera ley que lo despenalizó. Volvió a hacerlo en 2009 cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero sacó adelante la ley de plazos. Desde entonces ha llovido mucho. La interrupción voluntaria del embarazo es ya un derecho normalizado por todas las mujeres españolas. Incluidas las que votan al Partido Popular. A medida que la sociedad lo integraba como algo irrenunciable, las protestas en su contra se han ido desinflando hasta convertirse en algo testimonial; más folclórico que político.
Se equivoca Núñez Feijóo si piensa que esta ley provocativa consigue algo más que alejarlo del centro político. Lo acerca solo al votante madrileño de Díaz Ayuso, a los medios radicales de dentro de la M30 y a algunos simpatizantes de Vox. Y más vale que se ande con cuidado con estos experimentos. En 2014, el ínclito Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, anunció su idea de reformar la ley del aborto y recortar el derecho. Le salió tan mal que tuvo que dimitir. Una cosa es manifestarse en la calle con los obispos y otra empeorar deliberadamente la vida de las mujeres. Ya se ha dicho: a estas alturas, en nuestro país, el de la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho difícilmente reversible.
Hay que imaginar que tanto Díaz Ayuso como Núñez Feijóo lo saben. Por eso sacan una ley que es como un petardo; hace mucho ruido y se queda en nada. No parecen capaces de enfrentarse con las decenas de miles de mujeres de todo signo que aportan voluntariamente cada año y vuelven a actuar como lo que su socio ultraderechista llama la “derechita cobarde”; golpes de pecho y falsa indignación.
El precedente, sin embargo, es muy peligroso. Cuando la derecha moderada deja de serlo y juega la carta iliberal, a menudo solo está poniendo las bases para que detrás lleguen los totalitarios de verdad. Los que recortarán derechos de las mujeres y serán capaces de volver a encarcelar a las que aborten.
El problema de anunciar con tanto bombo estas leyes del no nacido es que la coherencia de sus principios llevaría a acabar con la posibilidad de interrumpir libremente el embarazo. Si el embrión es un miembro de la familia, como dice ahora el Partido Popular, abortar su gestación debería ser delito. Por el momento les beneficia jugar con la ambigüedad para quedar bien con una idea y la contraria. Si algún día gobiernan, tendrán que tomar medidas. Visto lo que está pasando en Andalucía todo parece presagiar que ni necesitan los votos de la ultraderecha no vacilarán: ni en negar el cambio climático o imponer el racismo institucional, ni en quitarles derechos a las mujeres. Están jugando con fuego, y lo saben.