Desde el inicio de su segundo mandato en enero de este año, el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó que se clasificaran como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), hasta diez cárteles de producción y tráfico de drogas de Venezuela, México, Colombia y Centroamérica, alegando que amenazan la seguridad nacional de su país. Naturalmente, las drogas y el terrorismo son dos cosas completamente diferentes, en el primer caso se trata de obtener beneficios económicos y solo causará víctimas o daños materiales en la medida en que esos intereses se vean perjudicados, mientras que el terrorismo no busca beneficio económico sino matar y destruir con fines políticos. Pero esa clasificación permite a Trump a atacar a esas organizaciones sin vulnerar las leyes de su país, e incluso en casos como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, vincularlas con la cúpula política venezolana para declarar a Venezuela como narcoestado, a pesar de que los propios servicios de inteligencia estadounidenses han negado que el presidente Nicolás Maduro esté de ninguna forma involucrado en ellas.
En julio, Trump firmó una orden ejecutiva clasificada por la que autorizaba el empleo de medios militares para combatir a las que había clasificado como FTO sin restricciones territoriales. En agosto, se empezaron a desplegar medios navales y aéreos en el Caribe, y el 2 de septiembre se produjo el primer ataque a una lancha procedente de Venezuela acusada de transportar droga hacia EEUU. Desde entonces las fuerzas armadas estadounidenses han destruido en el Caribe o en el Pacífico 24 lanchas procedentes de Venezuela o de Colombia, con un saldo de 99 víctimas mortales, sin que en ningún caso se haya demostrado que transportaban droga, lo que desde luego tampoco habría autorizado el asesinato extrajudicial de los ocupantes de los barcos, sino en todo caso su detención. De lo arbitrario de estos ataques da cuenta la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la familia de Alejandro Carranza, un pescador colombiano, muerto cuando su barco pesquero fue atacado y destruido.
Es dudoso que el objetivo real de Trump sea acabar con los narcotraficantes, cuando él mismo ha indultado a algunos de los más importantes condenados por tribunales de EEUU, entre ellos el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años por tráfico de drogas, o Ross William Harris, que cumplía doble cadena perpetua, y otros como Michael R. “Harry-O” Harris, Ross William Ulbricht, y Larry Hoover. Y si acabar con las drogas es uno de sus propósitos no es el único, al menos en el caso de Venezuela, pues ha declarado públicamente su intención de eliminar el régimen de Maduro, e incluso al propio líder venezolano, llegando a ofrecer 50 millones de dólares por información para su captura. Desde luego, el despliegue en el Caribe de las fuerzas estadounidenses no es el necesario para combatir a lanchas de traficantes, sino más bien para una invasión. Al menos ocho buques de guerra, incluido el mayor portaaviones nuclear del mundo, el Gerald R. Ford, con más de 90 aviones, además del despliegue en bases cercanas de otros aviones de reconocimiento P3, cazas F35, e incluso bombarderos estratégicos B52, y el de unos 15.000 soldados y marines.
La amenaza bélica directa ha suscitado reacciones políticas en EEUU. En la Cámara de Representantes los demócratas han presentado dos resoluciones sobre poderes de guerra para impedir que Trump lance un ataque unilateral, pero han sido rechazadas por la mayoría republicana. En el Senado se ha registrado también una resolución para que el presidente deje de utilizar las fuerzas armadas a menos que esté autorizado por una declaración de guerra o por un permiso específico para el uso de la fuerza militar, y otra que establecería un plazo de 60 días para que el Congreso autorice el despliegue militar después de que se haya notificado al Congreso la existencia de un conflicto, pero es más que probable que los republicanos impongan también aquí su superioridad. Trump impone su voluntad contando con mayoría en ambas Cámaras y en el Tribunal Supremo
No obstante, es perfectamente consciente de que una invasión podría abocar a un caos político en el país y a un largo conflicto, si parte de las fuerzas bolivarianas se refugiaran en zonas poco accesibles del interior del país para constituir guerrillas, o que causaría muchas víctimas - lo que le alejaría definitivamente de su anhelado premio Nobel de la paz -, y ha optado, al menos por ahora, por ejercer una presión creciente para forzar a Maduro a rendirse y abandonar el poder. La escalada empezó el 29 de noviembre cuando declaró el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela. El 10 de diciembre la Guardia Costera incautó un petrolero con crudo venezolano, y el 16 Trump ordenó el bloqueo de todos los petroleros sancionados (por EEUU) que entran y salen del país. Se trata de medidas de fuerza que no responden a ninguna agresión o amenaza venezolana y que son absolutamente ilegales según el derecho internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas. Lo hace porque puede, y porque la fuerza es su única ley.
La presión para acabar con el régimen venezolano es muy bien recibida por la oposición a Maduro y por los ocho millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país por razones políticas o económicas. También por muchos países, incluidos los europeos, y por demócratas en todo el mundo que rechazan la falta de democracia en el país, la violencia que se ejerce contra los opositores y el fraude que se produjo en la elección presidencial de 2024. Pero la coincidencia de intereses entre los opositores venezolanos y las acciones del presidente de EEUU es puramente coyuntural.
No parece que a Trump le pueda preocupar mucho el fraude de la elección presidencial en Venezuela, cuando él intentó hacer lo mismo en la que perdió en 2020 contra Joe Biden, incluida la presión al Secretario de Estado de Georgia para que encontrara 11.780 votos y una arenga a sus seguidores para animarlos a que asaltaran el Capitolio, aunque no consiguió revertir el resultado. Ahora, el Partido Republicano que él lidera está manipulando los distritos electorales (gerrymandering) en varios estados para favorecer sus expectativas electorales, y el presidente firmó un decreto – sin tener competencias para ello - que obliga a los votantes a aportar un comprobante de su ciudadanía y exige que todos los votos por adelantado se reciban el día antes de la cita con las urnas, lo que podría privar de su derecho -o dificultar que lo ejerzan – a muchos millones de personas, sobre todo pobres, minorías étnicas o emigrantes que carecen de documentación, ya que en EEUU no existe un documento oficial de identidad, además de hacer depender la validez del voto adelantado de la eficacia del servicio postal.
Tampoco es verosímil que le inquiete que no haya democracia en el país caribeño o que Maduro sea un dictador, cuando ha recibido con todos los honores al príncipe saudí Mohamed bin Salman, que controla en la práctica uno de los países menos democráticos del mundo – regido por la versión más radical de la ley religiosa islámica – y justificó el asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi. Trump es el hombre que el 26 de julio de 2024, en la campaña para su reelección, dijo a los votantes cristianos de Florida: “En cuatro años, no tendrán que votar de nuevo. Lo habremos solucionado tan bien que no tendrán que votar”. Acepta la democracia formal porque no puede hacer otra cosa, pero ni le gusta ni mucho menos haría ningún esfuerzo por preservarla en otro país. Al contrario, ha demostrado que está dispuesto a dinamitarla allí donde sea conveniente para los intereses políticos y económicos de EEUU o los suyos propios
Trump no oculta que su verdadero propósito es quedarse con el petróleo venezolano. Ha declarado que quiere revertir la nacionalización que decretó el presidente Carlos Andrés Pérez hace 50 años, por la que se indemnizó entonces a las empresas de EEUU que lo explotaban: “Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos robaron todo nuestro petróleo… Y lo queremos de vuelta”. EEUU ha pasado en poco tiempo de importador de crudo a tener excedentes. Sus exportaciones de petróleo se han multiplicado por diez en la última década, pasando de 0,4 millones de barriles diarios en 2014 a más de 4,1 millones en 2024. Hacia Europa han pasado de ser prácticamente inexistentes en 2014 a superar en 2024 los dos millones de barriles diarios debido al bloqueo de las exportaciones rusas. Si tuviera el control del crudo de Venezuela, que produce alrededor de un millón de barriles diarios y tiene las mayores reservas del mundo, sería la primera potencia en hidrocarburos por delante de Arabia Saudí y Rusia
Pero parece que los opositores venezolanos están dispuestos a que EEUU se quede con su petróleo, incluso a que invada su país, con tal de que Maduro abandone el poder. Y no solo eso, también a asumir un régimen promovido por Washington y obediente a sus instrucciones, porque las intenciones de Trump, más allá del expolio, van hacia instalar en el poder a dirigentes afines ideológicamente y sumisos en todos los países latinoamericanos en los que pueda hacerlo. Ya ha designado su siguiente víctima: Colombia. Después de haber revocado el visado del presidente Gustavo Petro y haberlo calificado de narcotraficante en octubre, el 10 de diciembre le amenazó directamente: “Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”. Por supuesto, Colombia es una democracia, Petro fue elegido con todas las garantías, y está luchando contra el tráfico de drogas con bastante éxito. Pero no es dócil, no se somete a la voluntad del emperador.
Tampoco va a necesitar el presidente estadounidense esforzarse mucho en este caso, Petro termina su mandato en mayo de 2026 y no puede presentarse a la reelección. Lo único que tendrá que hacer es injerirse en el siguiente proceso electoral y presionar en favor del candidato que prefiera, como intervino para apoyar al candidato del derechista Partido Nacional, Nasry (Tito) Asfura en la reciente elección presidencial en Honduras, donde 20 días después de la jornada electoral todavía no se conoce el nombre del ganador, mientras se suceden manifestaciones en todo el país para protestar contra el “fraude electoral”. O como hizo en Argentina, aprobando una ayuda de 20.000 millones de dólares, condicionada a que el partido de su amigo Javier Milei ganara las elecciones legislativas de medio mandato, lo que probablemente condicionó el resultado.
La elección del ultraderechista José Antonio Kast como presidente de Chile ha tenido que ser una excelente noticia para Trump, igual que lo fue, en octubre, la derrota del Movimiento al Socialismo en Bolivia. En 2026 habrá también elección presidencial en Brasil, en la que Lula da Silva optará a un cuarto mandato frente a Flavio Bolsonaro, y no hay ninguna duda de a quién apoyará, con todos sus medios, Trump, como hizo con su padre, en cuyo favor impuso al país aranceles del 50%, aunque no pudo evitar que su gran amigo fuera condenado a 27 años de cárcel por tentativa de golpe de estado. Igual que muy probablemente intentará influir, en favor de candidatos afines, en las otras dos elecciones presidenciales que se celebrarán en 2026, en Costa Rica y Perú.
En 1823, el quinto presidente estadounidense, James Monroe, hizo pública la doctrina de política exterior que lleva su nombre, más conocida por el lema: “América para los americanos”, por la que declaraba que cualquier intervención europea en el continente americano sería considerada una amenaza para la seguridad de EEUU, que a su vez se comprometía a no intervenir en los asuntos europeos ni en las colonias europeas existentes. Una formulación que en principio parecía tener una intención anticolonial, pero que rápidamente derivó en la expansión del control estadounidense sobre el continente, hasta que en 1904 el Corolario (Theodor) Roosevelt la reformuló claramente añadiendo que si una nación americana se comportaba de forma errática o amenazaba intereses de EE. UU, tenían derecho a intervenir para reordenar la situación, legitimando así un intervencionismo unilateral que desde entonces se ha traducido en innumerables injerencias, invasiones, y cambios de régimen forzados en la región, que pasó a ser el “patio trasero” de la primera potencia americana, sometido a sus intereses.
La Estrategia de Seguridad Nacional, que el presidente estadounidense firmó el 4 de diciembre incluye lo que llama el Corolario Trump en referencia a este precedente, para consagrar un control del continente americano que no excluye la intervención militar cuando sea conveniente para combatir la migración, las drogas y la delincuencia que pudieran afectar a EEUU o a sus intereses, ni renuncia a la injerencia directa: “EEUU recompensará y alentará a los gobiernos, movimientos y partidos políticos de la región que se alineen con nuestros principios y estrategia”. Una declaración de intenciones neoimperial que remite a tiempos pasados y debería suscitar el rechazo frontal de todos los países independientes del mundo, pero que no ha provocado ninguna reacción notable. Tampoco en Europa, que tiene indudables lazos históricos y culturales con la región, pero sigue agachando a cabeza ante el aspirante a dictador universal y simultáneamente a premio Nobel de la paz. Esperemos que nuestros países hermanos de América resistan lo suficiente hasta que la historia cambie de signo, aunque lamentablemente, por lo que parece, eso va a tardar bastante más de lo que desearíamos.