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Opinión - 'Una frontera alquilada', por Alberto Garzón

Una frontera alquilada

5 de agosto de 2026 21:56 h

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En cuanto se supo lo que estaba pasando en Ceuta, la mayoría de la derecha española, política y mediática, se lanzó a la yugular del Gobierno. Es ya casi un reflejo, una suerte de resorte automático que tienen instalado al menos desde que el PP perdió la Moncloa en 2018. Cualquiera diría que es rencor, pero me temo que es algo más simple: la arraigada convicción de que gobernar España les corresponde por naturaleza y de que cualquier otro inquilino es una anomalía que conviene corregir cuanto antes. Criticar al Gobierno es legítimo siempre, pero es muy cuestionable cuando se hace sin haberse formulado antes ni una sola pregunta sobre lo que se tiene delante.

Nos quejamos mucho de la derecha española, pero es que la derecha europea tampoco quiso levantar la vista. Italia impuso controles temporales a los viajes procedentes de España, varios ministros de interior ordenaron reforzar los pasos de la frontera común y otros cuantos países pidieron que se suspendiera la participación española en Schengen. Todo ello a propósito de un territorio del que los nacionales de terceros países no pueden salir hacia la Península —ni, por tanto, hacia el resto del espacio Schengen— sin control de identidad y visado. Es decir: se montó un gran escándalo contra un desplazamiento que, por definición, no podía producirse. Realmente absurdo, pero al mismo tiempo sintomático de la profunda herida del proyecto europeo.

Ahora bien, lo que sí ocurrió fue la entrada de unas 70.000 personas en una ciudad de 83.000 habitantes, algo que sólo se produce si detrás hay un impulso vital insuperable —como huir de una guerra— o una decisión política que promueve el movimiento. El flujo continuo existe, desde luego, y lo alimentan miles de personas dispuestas a jugarse la vida para llegar a países del Norte Global. Pero la manivela que regula ese caudal no está en manos de quien nada, y Marruecos ha demostrado en repetidas ocasiones que sabe abrirla y cerrarla según le convenga. De modo que la pregunta con la que debía empezar cualquier análisis serio era otra: ¿qué le está pidiendo ahora Marruecos a España y a la Unión Europea?

A falta de la información contrastada propia de los servicios de inteligencia, que públicamente aparecen como notoriamente cuestionados, sólo podemos conjeturar. Pero esta conjetura se basa en historia reciente, lo que la hace más sólida. Por ejemplo, sabemos que Marruecos lleva medio siglo persiguiendo el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, y otro medio siglo comprobando que la presión fronteriza funciona: en mayo de 2021 entraron unas 8.000 personas en Ceuta mientras el líder del Frente Polisario estaba hospitalizado en España, y un año después el Gobierno español —el PSOE, en realidad— acabó respaldando el plan de autonomía marroquí. Casualmente, lo de hace unos días ha sucedido pocas semanas después del viaje de Pedro Sánchez a Argel. Hay, además, otros intereses que Marruecos aspira a proteger, como pesqueros, agrarios, geopolíticos… y sabe que lo hace contando con el apoyo político de sus aliados de Estados Unidos y de Israel, enfrentados ahora mismo a España (y a la dignidad humana, dicho sea de paso). Sea cual sea la motivación concreta de esta ocasión, parece claro que Marruecos sabe cómo recordar que quiere algo de España.

En el fondo, lo de Ceuta es la factura de un modelo de relación que la Unión Europea eligió deliberadamente hace justo una década: la externalización fronteriza, esto es, subcontratar el control de sus propios límites a los países vecinos. La lógica es que la Unión Europea paga a las policías de Marruecos, Libia, Túnez o Turquía para que la violencia necesaria para contener a la gente suceda lejos de las cámaras europeas. Fue en 2016 cuando la Unión Europea firmó el acuerdo con Turquía que se basaba precisamente en la transferencia de 6.000 millones de euros a cambio de no dejar pasar a los refugiados que huían de la guerra, convenientemente re-etiquetados en el texto como “inmigrantes ilegales”. Según ha denunciado este mismo año Médicos sin Fronteras, durante esta década han documentado de forma repetida “violencia en las fronteras, campamentos superpoblados, saneamiento inadecuado, acceso limitado a la atención sanitaria y un grave deterioro de la salud mental entre las personas atrapadas en estas condiciones”.

A pesar de estas consideraciones humanitarias, y de que los países miembros no cumplen con los compromisos de solidaridad interna (como hace el PP en el caso de las Comunidades Autónomas), esa estrategia europea se convirtió en la referencia para acuerdos con otros países como Túnez, Libia, Marruecos o Egipto. Y al hacerlo, otorgó a esos países un poder enorme para chantajear a la Unión Europea con nuevas presiones. Al fin y al cabo, los inmigrantes siguen llegando a las fronteras y sólo cambia que lo que antes se hacía por una ruta segura ahora se hace por las rutas más letales. En definitiva, Europa pagó por mirar menos el drama a la cara y por una nueva dependencia geopolítica.

Pero la derecha no ataca al gobierno por nada de esto. Por el contrario, casi todas las derechas europeas reaccionaron pensando únicamente en rentabilizar electoralmente una situación que había estimulado el miedo de sus votantes. Es probable que buena parte de ese electorado no sepa situar Ceuta en un mapa, pero daba igual: bastó el miedo, amplificado por unas redes cuyos dueños tienen intereses políticos declarados —Elon Musk comparó a los migrantes con la turba de zombis de la película ‘Guerra Mundial Z’—, para que la medalla se la llevaran la extrema derecha y sus operadores internacionales. Es posible que muchos gobiernos europeos, casi todos de derechas, tuvieran ganas al gobierno español por su liderazgo internacional en cuestiones como la oposición ante el genocidio en Palestina o la guerra en Irán, pero seguro pesó más su cortoplacismo electoral.

Y mientras tanto, la parte sufriente de la humanidad. Cuando escribo estas líneas las cifras oficiales hablan ya de más 140 personas ahogadas entre las decenas de miles que se metieron en el agua para tocar una tierra que representaba para ellas un futuro mejor. La inmensa mayoría de supervivientes había vuelto ya a Marruecos en cuestión de horas tras comprobar que en Ceuta no había comida ni sitio donde dormir. La operación se cierra, por tanto, sin que nada sustancial haya cambiado, salvo que hay muchísimas familias buscando y enterrando a seres queridos. Eran gente corriente, parte de esa clase trabajadora mundial que gobernantes y empresarios de aquí y de allí manejan como peones en un tablero, prescindibles por definición porque siempre hay más. Eran personas que, en diferentes circunstancias, podríamos haber sido cualquiera de nosotros. ¿Por qué esa falta de solidaridad y empatía entre las instituciones y gobiernos europeos?

Se me ocurren, mientras tanto, otras preguntas que apenas he oído estos días. ¿Cuánto dinero público europeo ha ido a parar a las fuerzas de seguridad marroquíes en la última década? ¿Por qué la firmeza ante el chantaje se ejerce siempre contra quien nada y nunca contra quien firma? ¿Y qué distancia moral hay entre lamentar hoy 140 ahogados y haber construido durante años el dispositivo que hacía perfectamente previsible que se ahogaran?