Algo huele a podrido en la Comunidad de Madrid
Roma no se hizo en un día, dice el dicho. La mayoría de las cosas llevan su tiempo.
Casi siempre asociamos esta idea a lo que queremos conseguir, pero funciona igual de bien en la dirección contraria: degenerar hasta convertirse en una mala persona o en un capullo integral tampoco es fácil. Hay que perfeccionar el arte de ser un imbécil y eso no se improvisa. Así que cuando uno se cruza en la vida con una canallada puede estar seguro de que no es casualidad, ni mucho menos la primera vez. Quien la comete se lo ha currado: lleva mucho tiempo empeñado en perfeccionar el oficio.
Si esto ocurre con las personas, con las organizaciones, todavía más. Como sabemos bien en este país, convertir un estado corrupto y autoritario en otro democrático cuesta una cantidad ingente de tiempo, trabajo y determinación. Hay que cambiar la cultura, la forma de hacer, los procesos, los incentivos y hasta a las personas para dejar de perpetuar un paradigma basado en la obediencia y el silencio y adoptar otro basado en la legalidad y la transparencia. No es nada fácil que un montón de funcionarios cambien de forma de hacer.
Lo bueno es que, una vez conseguido, las inercias fusionan en el sentido opuesto. Es imposible conseguir que un montón de funcionarios se corrompan y empiecen a actuar como si estuviéramos en un país bananero de la noche a la mañana. Lleva mucho tiempo y un cambio en la cultura de una administración que la gente, que en su mayoría quiere hacer las cosas lo mejor posible, termine por prestarse a prácticas que podrían ser constitutivas de un delito. Así que cuando observamos que en una institución se producen casos que son claramente una desviación de la naturaleza de un estado de derecho, podemos dar por seguro que ni son los primeros, ni son los únicos.
Algo así es lo que revela el caso del ático de Ayuso. Más allá de una gestión política muy torpe, lo que deja entrever es un ecosistema entero de empleados públicos tramitando operaciones que, si no son delito, se le parecen mucho. Comprar un inmueble sin un informe que acredite que puede destinarse a un uso administrativo, hacerlo sin un estudio de mercado previo y sin que la operación figurara en el presupuesto ni en el portal de transparencia parecen algunas de las cosas que alguien hizo sin atenerse a una ley y solo porque alguien lo ordenó desde arriba.
Pero mucho más revelador de esta cultura que parece haberse adueñado de la Comunidad de Madrid resulta la contratación de la diseñadora de interiores Alejandra Pombo para realizar unas obras en la sede de la Comunidad de Madrid que Ayuso puso como excusa para adquirir el ático en un primer momento.
Se trata de un expediente de licitación bajo el título “Diseño, redacción del proyecto de decoración interior y dirección facultativa para obras de adecuación de espacios institucionales de la Real Casa de Correos, plaza de la Puerta del Sol 7 de Madrid”, que asciende a unos 49.000 euros más IVA, que la Comunidad de Madrid inició en el mes de junio –meses después de comprar el ático, por cierto– y que publicó el 7 de agosto, días después de que estallara el caso del ático.
Por su objeto y su cuantía, debería tratarse de un expediente de los más habituales, de los que la administración licita todos los días en alguno de los miles de inmuebles que pertenecen al estado, desde el arreglo de un colegio a la modificación de unas oficinas. El objeto del contrato, según reconoce el propio expediente, es la contratación de los servicios de redacción un “proyecto básico” de arquitectura y un “proyecto de ejecución”, los documentos necesarios para realizar obras en cualquier ciudad de España.
Si hubiera sido así, habría salido a concurso público, al que se hubieran podido presentar miles de estudios de arquitectura, que hubieran hecho propuestas distintas en función de las especificaciones que hubiera dado la administración para este trabajo concreto.
Pues no.
Para poder adjudicar este expediente a dedo a Alejandra Pombo, en la Comunidad de Madrid han hecho una pirueta imposible, por no decir otra cosa. En lugar de considerar que es un proyecto de arquitectura, a pesar de que esos son los servicios que solicitan y hasta el precio se determina como un porcentaje del coste previsto de la obra, los gestores del expediente han considerado que este encargo es una “obra de arte” que solo se puede encomendar a una artista en concreto, que por tanto no puede salir a concurso público como hacen todos los expedientes de reforma de otros inmuebles, y que solo puede realizarlo la señora Pombo, que es una artista.
Para llegar a esa conclusión, el expediente ni siquiera determina exactamente el alcance de los trabajos, de manera que a esta hora no sabemos si lo que van a hacer es cambiar cuatro sillones o reformar toda una planta, pese a que lo que sí hay es un presupuesto para la intervención que asciende a 1,6 millones de euros. Y la única motivación que ofrece para todo esto es que las estancias deben encontrarse “a la altura de la estética exigida por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local”.
Como sabe cualquiera que haya trabajado de un lado o del otro de la contratación pública, esto son una serie de barbaridades que nunca debieron pasar el filtro de la intervención general del estado, ni del resto de responsables del expediente. Más allá de su calificación jurídica, este episodio revela la calidad de la estructura administrativa que tiene detrás, y no son buenas señales.
Cuando uno se da de bruces con una canallada como esta, es difícil que sea la primera o que sea la única. Y da la sensación de que en esta parte de la administración los procedimientos que velan por la integridad del estado de derecho flojean, si no brillan por su ausencia. Algo huele a podrido en la Comunidad de Madrid.