La Ertzaintza controlará dos accesos en Oiartzun para evitar que el tráfico de la Operación Retorno colapse Irún

El Ayuntamiento de Irún ha conseguido que el Gobierno vasco acepte aplicar de forma inmediata una nueva medida de tráfico tras unas semanas en disputa. El acuerdo ha llegado tras la reunión celebrada este jueves entre la alcaldesa Cristina Laborda y la directora de Tráfico del Gobierno vasco, Estíbaliz Olabarri. El Ejecutivo autonómico ha aceptado finalmente la segunda propuesta planteada por el Consistorio para modificar el dispositivo de seguridad viaria.

La solución acordada consiste en establecer dos nuevos controles y filtrados de tráfico a cargo de la Ertzaintza en la carretera GI-2134, dentro del término municipal de Oiartzun. El primer punto se situará en la GI-2164, en el cruce con Pikogarate Bidea, en dirección al Castillo Inglés. Su objetivo será evitar que los vehículos utilicen esta ruta para esquivar las retenciones de la AP-8 y entrar en Irún.

El segundo control se instalará en la rotonda de Gurutze para impedir el paso del tráfico internacional hacia el barrio de Olaberria. Con esta medida, el tráfico exterior será canalizado hacia un único punto de entrada en Ventas, donde la Policía Local de Irún podrá gestionar el flujo de vehículos de forma centralizada.

El problema circulatorio se ha intensificado con la fase de retorno de la Operación Paso del Estrecho (OPE), un dispositivo coordinado por el Ministerio del Interior que canaliza el regreso de miles de viajeros desde el norte de África y que se mantendrá hasta el 15 de septiembre. La coincidencia de estos desplazamientos con otros retornos vacacionales provocó el pasado 13 de agosto retenciones de hasta 13 kilómetros en la AP-8 en dirección a Baiona.

Ante la congestión de la autopista, algunos conductores utilizan los navegadores GPS para buscar rutas alternativas por el centro urbano y los caminos rurales de Irún. Hasta ahora, el Gobierno vasco defendía que la principal solución para aliviar la situación en la muga pasaba porque las autoridades francesas adoptaran medidas para evitar las colas en sus propios peajes.

Sin embargo, Laborda ha insistido en que el inicio de la Operación Retorno ha supuesto “mucho” para los irundarras, especialmente por las molestias ocasionadas el pasado jueves. “Teníamos claro que aquello no podía volver a suceder. No es de recibo que un ciudadano no pueda acudir al hospital o regresar a su casa”, ha señalado.

El Gobierno vasco rechazó inicialmente la propuesta de establecer controles en Oiartzun al considerar que podía ser “más perjudicial que beneficiosa”. El departamento de Seguridad argumentó que realizar un filtrado en salidas rápidas como las de la GI-20 y la AP-8 no era factible ni seguro. Según explicó, un cribado en estas vías podría generar retenciones difíciles de gestionar, lo que pondría en peligro tanto a los agentes de la Ertzaintza como a los usuarios. Además, recordó que la salida afectada es un punto de tránsito de camiones y una vía de movilidad esencial para los vecinos de Errenteria, Lezo y Oiartzun. Ante esta negativa inicial, Laborda advirtió de que no aceptaría “un no por respuesta” y exigió soluciones inmediatas. Finalmente han llegado a un acuerdo este jueves, aunque la alcaldesa ha señalado que “hay que ser cautos” y ver “qué efectos tiene” la medida anunciada.

Laborda ha denunciado haber trabajado bajo una “durísima soledad institucional” y ha criticado la postura del Ejecutivo autonómico: “Aquí no puede haber ciudadanos de primera y de segunda”, ha dicho. Por ello, ha reclamado que el Gobierno vasco “ejerza el liderazgo que le corresponde en materia de tráfico y específicamente en la Operación Retorno” para garantizar los servicios básicos de los vecinos.