Las críticas de los arquitectos tras la adjudicación del diseño de la reforma de la sede de la Comunidad de Madrid: “No vi nada igual”

“No vi nunca nada igual, ningún expediente de concesión directa o mediante concurso con estas características y con un intrusismo tan inusual”. Mariano González, arquitecto colegiado en Asturias, es una de las voces del sector que han mostrado sus suspicacias con la adjudicación del diseño de la reforma de la Real Casa de Correos. La Comunidad de Madrid publicó el pasado 7 de agosto los pormenores de la licitación para esta fase de las obras de su sede en Sol, unos trabajos que adquirieron protagonismo mediático después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso esgrimiese su desarrollo como el motivo para adquirir el ático de 485 metros cuadrados y 199 de terraza en Chamberí. Según el Ejecutivo regional, ese inmueble ahora puesto en venta a través de Planifica Madrid iba a servir para acoger “reuniones” hasta el fin de la reforma, pese a no contar con los permisos pertinentes para dicho uso.

Los profesionales contactados por este periódico coinciden en lo anómalo de otorgar a una arquitecta de interiores una intervención como la del emblemático espacio de la Puerta del Sol, sobre todo porque tiene lugar en un edificio protegido con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC). Un procedimiento sin publicidad ni libre concurrencia que concedió el proyecto a la interiorista Alejandra Pombo (prima de la influencer María Pombo) por 59.377 euros, IVA incluido.

Pombo es graduada en Arquitectura de Interiores por la Universidad Politécnica de Madrid y es en esta rama donde ha desarrollado su carrera, en la actualidad a través de su empresa Pombo Estudio SL. Las fuentes consultadas no dirigen sus reproches en valorar su trayectoria o su currículum, para algunas aceptable y para otras “manifiestamente insuficiente”, sino que se centran en cuestionar la redacción del proyecto, así como el perfil formativo y el área de trabajo de Pombo.

“No puedes adjudicar a expensas de que incorpore luego un arquitecto”

Para Elena Sarabia, arquitecta y urbanista, “el contrato y los pliegos incluyen elementos que no puede diseñar una decoradora de interiores en un inmueble con un alto nivel de protección”. Explica que, en una construcción de las características del icónico edificio del centro de Madrid, “una intervención en la fachada también implica afección a la estructura, y en cuanto se toca esta debe intervenir un arquitecto”. Desde su punto de vista, se trata de un procedimiento “viciado de origen”, ya que “no puedes adjudicarlo a expensas de que incorpore luego un arquitecto cualificado en su equipo”. Este, sostiene, debe estar detallado desde el origen y comandar tanto el diseño como la ejecución de la actuación.

Según Sarabia, “un proyecto de decoración o interiorismo en este inmueble solo puede cambiar los muebles y pintar, ni siquiera puedes tocar las molduras de las paredes”. Recalca las exigencias y el rigor impuestos por la Comisión Local de Patrimonio Histórico, organismo dependiente de la Consejería de Cultura por el que tendrá que pasar el diseño que ahora elabore Pombo: “Si haces cambios mínimos en cinco estancias y en la sexta no, te pueden obligar a actuar en las seis por cuestiones de homogeneidad. Exigen fotografías y explicaciones de todos los materiales empleados, del estado del inmueble y del mantenimiento que se le va a dar. Cuando he tenido que exponerme a esta instancia he sido consciente que no habría sido capaz sin mi formación. Debes detallar cómo vas a llevar a cabo las restauraciones o por qué determinados elementos se pueden rehabilitar y otros no”.

En un BIC con categoría de monumento, cualquier reforma del interior requiere informe positivo de Patrimonio, hasta mover un enchufe. Deberían ser ejemplares y adjudicar a una persona con la titulación pertinente, capaz de explicar la obra exacta

Su compañera de profesión Lucía Bentué, miembro del grupo de representantes Nexo en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), va un paso más allá: “En un BIC con la categoría de monumento como este, cualquier reforma del interior requiere un informe positivo de Patrimonio, hasta para mover un enchufe. Por eso deberían ser ejemplares y adjudicar a una persona con la titulación pertinente, que sea capaz de explicar la obra exacta y qué es lo que necesita”.

“Hay muchos profesionales de la arquitectura con mucha capacidad para hacer este trabajo, con el conocimiento técnico necesario, y que luego podrían incorporar en su equipo a interioristas o decoradores”, resume Bentué en declaraciones a Somos Madrid. “Lo lógico sería hacer un contrato de dirección artística a un interiorista para que el contrato principal lo tenga un arquitecto con experiencia en rehabilitación y espacios representativos”, plantea.

Dudas sobre la “actuación artística única”

Uno de los argumentos en los que el pliego técnico se apoya para la controvertida adjudicación es el carácter de “actuación artística única”, una de las figuras que la Ley de Contratos del Sector Público reserva para contratos negociados sin publicidad y sin libre concurrencia, así como la vía más común para que el principal adjudicatario no sea necesariamente un estudio arquitectónico. Para la arquitecta Berta Gámez, recurrir a dicha fórmula en este caso es “una tomadura de pelo”: “Entiendo que con un contrato de ese estilo se acuerde con Frank Gehry la construcción del Guggenheim, pero aquí están utilizando un vacío en una norma creada para esculturas o cuadros, no para una reforma más tradicional, que además se da a una persona semidesconocida sin especial relevancia artística”.

Mariano González incide en este asunto: “No es un proyecto de redecoración dentro de una intervención más grande, sino que es un poco al revés, se supedita la arquitectura al interiorismo. Esto no es nada habitual sin que sea una intervención artística singular, y en este caso pinta más pedestre. Luego se intenta encajar legalmente ese proyecto arquitectónico que requiere la incorporación de un arquitecto, efectivamente el pliego incluye la posibilidad de su subcontratación posterior. Pero es un proceso inusual y poco riguroso”.

No es un proyecto de redecoración dentro de una intervención más grande, sino un poco al revés, se supedita la arquitectura al interiorismo. Esto no es nada habitual sin que sea una intervención artística singular, y en este caso pinta más pedestre

Otro reputado arquitecto madrileño que prefiere no desvelar su identidad, con experiencia en intervenciones sobre bienes protegidos, apunta en la misma línea: “Puedes contratar alguien que no sea arquitecto, exigiendo siempre que cuente con uno en el equipo, como pasa también en estos pliegos aunque todavía no se haya detallado de quién se trata. Ahora bien, esa opción suele reservarse para obras de un determinado artista que afectan a un edificio protegido. Es ahí cuando se entiende emplear ese procedimiento, pero no es el caso. No se especifica qué aporta la beneficiaria para ser única”. Este testimonio califica el proyecto de rehabilitación de la sede de Sol como “muy mal redactado” y cuestiona la falta de detalles sobre la incorporación de otra importante figura, la del arquitecto técnico o aparejador. “La sensación que da es la de improvisación, como si se hubiera creado y adjudicado ah hoc”, apostilla.

Un expediente “poco profesional”

Rubén Arroyo es precisamente arquitecto técnico, colegiado desde hace 20 años y especializado en el sector hotelero. Califica de “primordial” que el diseño del proyecto de obra especifique el aparejador responsable, con independencia de que luego se incorporen interioristas u otros profesionales. Arroyo critica un “expediente rápido y poco profesional” donde se prescinde, o al menos no se concreta, esta vital figura: “Mezclan a la ligera conceptos como proyecto de interiorismo y de ejecución de obras básica o ejecutiva. En algunos puntos usan terminología de rehabilitación de edificio, que implica un concepto diferente del inmueble original y, por tanto, interferir en la estructura con un proyecto arquitectónico. La decoradora, según su titulación aparente, no puede ejercer la dirección facultativa”.

Cuestiona, además, la necesidad de la intervención en un edificio cuya última reforma data de 2018: “La obra se vinculaba a un problema estructural que es totalmente falso. No hay justificación de ningún tipo para la intervención, parece un capricho de chapa y pintura para adaptar revestimientos o mobiliario y eso no necesita todo este jaleo. Sobre todo si luego vas a tirar por la vía rápida del contrato negociado sin publicidad. Lo más lógico habría sido sacar un contrato menor citando a tres empresas”.

Cree que el principal problema de la licitación, además de “una prisa desmedida”, es que “transmite la sensación de haber vestido el contrato para dárselo específicamente a una persona”.

La obra se vinculaba a un problema estructural que es falso. No hay justificación para la intervención, parece un capricho de chapa y pintura para adaptar revestimientos o mobiliario y eso no necesita todo este jaleo

Los expertos consultados por este diario coinciden en sus reproches a los pliegos y la concesión, pero no en un punto esencial como el calado de las obras. Arroyo y el arquitecto que prefiere reservar su identidad, por ejemplo, sugieren que el arquitecto es necesario porque se habla de rehabilitación, pero que en el fondo la reforma tal y como está planteada podría haberse resuelto con un mero contrato de interiorismo: “Muchas obras de la administración se hacen con técnicos propios que no precisan tener que ajustarse a la Ley de Ordenación de la Edificación. Se ocupa un propio técnico en la oficialía mayor, de hecho seguramente haya obras constantes en ese edificio”, dice el segundo de ellos.

Por el contrario, Elena Sarabia insiste en que, por el carácter de BIC del edificio, “cualquier intervención que implique mover un tabique o afecte mínimamente a la fachada requiere un proceso bien elaborado que pase los estándares de Patrimonio”.

Berta Gámez cree que estas discrepancias se deben en parte a “un pliego muy vago que en ningún momento habla del fondo de los trabajos, más allá de esa mención al carácter de obra de arte”. Al margen de las dudas sobre el alcance de los trabajos, subraya que el límite que requiere incorporar un arquitecto en un BIC está en la afección a la estructura o en la configuración de los espacios. Esto es, “cualquier intervención no recuperable”. “Tengo muchos reparos en que con este alcance que no haga falta arquitecto, se habla de tocar la carpintería o instalaciones de climatización”.

El Gobierno de Ayuso justifica la singularidad artística ya que en el estudio de Pombo son “dueños de la idea”

Desde la Consejería de Presidencia, departamento del Ejecutivo autonómico que actúa como entidad adjudicataria y del que dependen los trabajos, argumentan en respuesta a las preguntas de este medio que “la Comunidad de Madrid cuenta con una arquitecta que coordina todas las obras que se están llevando a cabo desde 2025 y que seguirán en 2026 y 2027”. ⁠“Para la reforma del patio y la segunda planta se solicitaron cuatro ofertas dentro de una contratación menor. A la opción mejor valorada por los técnicos se le ha adjudicado el proyecto de reforma a través de un contrato negociado”, exponen, aludiendo a esas “razones artísticas” que cuestionan los arquitectos.

El equipo de Ayuso justifica este carácter artístico en que los adjudicatarios son “los dueños de la idea”, una circunstancia ampliable a una gran mayoría de contratos similares para el diseño de obras y reformas elaborados por estudios de arquitectura o urbanismo, pero donde no se recurre a esta figura. Precisan que “este estudio también cuenta, evidentemente, con arquitectos”.

Somos Madrid ha tratado de contactar, sin éxito, con el estudio de Alejandra Pombo. Mientras, la web de esta empresa sigue en construcción y no muestra trabajos de la interiorista ni su portfolio. La memoria del procedimiento recoge que el estudio de Pombo “acredita experiencia en trabajos realizados en edificios protegidos o de valor histórico” con intervenciones, por ejemplo, en el Hipódromo de la Zarzuela, declarado BIC como Monumento, actualmente en desarrollo.

Las fuentes autonómicas avanzan asimismo que “una vez entregado el proyecto, se licitará la ejecución de las obras a través de un contrato abierto, como hacemos siempre”. Sostienen que “al ser un BIC, todas las actuaciones que se ejecutan deberán contar con el visto bueno de la comisión de Patrimonio”. Así, esperan que este organismo no ponga reparos a la operación.

Paralelamente, el abogado Javier Flores (que ha llevado al Tribunal de Cuentas la compra del ático de Chamberí por parte del Gobierno de Ayuso) ha elaborado un informe en el que recopila los aspectos más anómalos y opacos de la licitación. Para ello, ha contado con decenas de arquitectos y especialistas: “Hay sobre la mesa un proyecto cuyos contenidos y documentos tienen que ser dirigidos y firmados por un arquitecto. Se usa el refugio de la creación artística para dárselo a alguien que no es de ese ámbito”, afirma en conversación con este medio. Habla de un “pliego contradictorio, un copiapega extraño donde mezclan contratos que se licitan a arquitectos con otros de creación artística para que pueda entrar esta persona”. “Se podría pensar incluso que es un contrato de interiorismo que se deriva a otra cosa”, desliza.

Más allá de los aspectos más polémicos de la contratación, Berta Gámez cree que se trata de una “oportunidad perdida” para llevar a cabo una reforma verdaderamente significativa en un edificio emblemático: “La rehabilitación de un espacio de estas características, con el respeto que merece y la historia que acarrea, exige un rigor desde quién interviene y desde cómo interviene. Un proyecto de decoración no soluciona grandes conflictos de este tipo de edificios. Gran parte de los recintos administrativos de este país están mal optimizados en su distribución de despachos o funciones. Todo se va parcheando, pero continúa el desbarajuste o la mala climatización. Sean BIC o no, son edificios con otra arquitectura y otra distribución de espacios en su origen, donde las demandas actuales son distintas y requieren estancias más diáfanas”.

“Lo realmente trascendental para un BIC sería una reconfiguración de la tabiquería, las instalaciones o la eficiencia energética. Eso mejoraría de verdad el día a día de los trabajadores y por tanto el ciudadano”, apunta. “Claro que otra opción, mejor si cabe, sería destinar ese dinero por ejemplo a mejorar las estructuras de los colegios que más lo necesitan”, concluye.