¿Cuánto vale la palabra de alguien que ha mentido en innumerables ocasiones ante jueces y periodistas, a quien le ampara el derecho a hacerlo porque no declara como testigo sino como un acusado que se enfrenta a 110 años de cárcel (tiene justificación legal pero no moral porque en su caso ha quedado demostrado que no sabe qué es eso) y que no aporta prueba alguna para justificar sus acusaciones? Esta es la pregunta que debería formularse cualquiera que escuche las insinuaciones que ha lanzado el comisario jubilado José Manuel Villarejo, más o menos matizadas, dando a entender que el CNI tuvo algún tipo de conocimiento o participación en los atentados de Barcelona y Cambrils.
“Lo que he dicho en relación con lo del susto [a Catalunya] es que muchas veces se han provocado comandos ficticios para tranquilizar y tal. Y que probablemente la intención en absoluto fuera provocar ningún atentado, pero sí dar la apariencia del riesgo para que Catalunya sintiera la necesidad de la protección del Estado”, afirmó Villarejo este miércoles en lo que pretendía ser una aclaración a las afirmaciones que hizo el día antes cuando relacionó sin prueba alguna al cerebro de aquel ataque, el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, con el CNI.
Desde el martes la reacción más sensata ha sido la de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (UAVAT), cuya cara más visible es Robert Manrique, que en un comunicado ha recordado que Villarejo ya intentó una maniobra parecida para sembrar sospechas sobre la autoría de los atentados del 11M. Lo hizo en el 2019, 15 años después de la masacre de Madrid, cuando acusó a los servicios secretos marroquíes de haber formado a los terroristas que perpetraron el ataque yihadista. No presentó prueba alguna. Como ahora.
La asociación que representa a más de 250 afectados por los atentados de agosto de 2017 le ha formulado la siguiente pregunta: ¿Por qué ha esperado a tener un juicio en su contra para realizar estas manifestaciones? Las víctimas han demostrado mucha más responsabilidad que la mayoría de políticos que tras escuchar a Villarejo salieron en tromba en las redes para darle credibilidad. En este caso, el excomisario no aportó ni una de sus grabaciones ni nada parecido a una documentación (tampoco es que en su caso sea sinónimo de veracidad). Afirma que el material probatorio está en sus archivos, a los que ahora no puede acceder, esos que ha ido repartiendo durante años a periodistas amigos para ir emponzoñando todo lo que podía y más. Pero algo tan grave como una implicación en un atentado se lo había guardado hasta esta semana.
Villarejo recupera la teoría de la conspiración que Mossos d’Esquadra, forenses, peritos y una sentencia judicial descartaron. Lo que se sabe, porque lo ha reconocido el propio CNI, es que los servicios secretos del Estado contactaron con el imán en una época de su vida. Está demostrado que se diseñó una “operación Catalunya” dedicada a perjudicar a políticos independentistas con informaciones falsas. Y que, tras los atentados, hubo una campaña de desprestigio contra los Mossos en fechas muy cercanas al referéndum ya convocado para el 1 de octubre. ¿Eso es suficiente para dar credibilidad a Villarejo? No.
Una comisión de investigación parlamentaria, como reclamaron los partidos independentistas y vuelven a pedir tras las insinuaciones de Villarejo, debería sustentarse en algo más que meras conjeturas. Del mismo modo que la respuesta dada hasta hoy para rechazarla solo ha hecho que alimentar sus teorías. En marzo de 2018 la Mesa del Congreso, presidida entonces por Ana Pastor, vetó la petición conjunta de ERC y el PDeCAT para crear una comisión sobre la relación entre el CNI y el imán, aduciendo que se trataba de materias confidenciales que debían solventarse en la Comisión de Gastos Reservados.
La teoría de la conspiración, que incluso plantea que el cerebro de la célula no falleció pese a que existen informes forenses que demuestran que murió en la explosión del chalé de Alcanar, se vale de que el Gobierno se ha negado a abrir una comisión en la que se investigue el papel de los servicios secretos en los atentados del 2017. ¿Pasaría algo por crear la comisión? No. ¿Podría ser un ejercicio de transparencia? Sí. Pero aceptar esa comisión sería tanto como admitir que el CNI pudo tener algún tipo de implicación en los ataques yihadistas de Barcelona y Cambrils y eso es algo que el Gobierno no quiere alentar. Menos aún si es para dar credibilidad a la palabra de Villarejo.