El Gobierno desafía a Montesquieu
En L’esprit des lois Montesquieu construyó la teoría clásica de la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial apoyándose para ello en los trabajos previos desarrollados por Locke. De conformidad con el fundamento de dicha teoría, el reparto de competencias entre el Gobierno, el Parlamento y los tribunales de Justicia, como instancias representativas de los distintos poderes del Estado, configura un sistema de controles –de naturaleza política y jurisdiccional– que actúan a modo de pesos y contrapesos hasta disciplinar y, en cierta medida, neutralizar la potencial tendencia de las instituciones a ejercitar su poder de forma abusiva.
Para muchos, esta aproximación a la separación de poderes podría resultar hoy un recordatorio impropio o, incluso, innecesario en el marco de un Estado con una democracia relativamente madura como es el caso de España. Sin embargo, la realidad política del momento nos obliga a repasar nuevamente los fundamentos de esta teoría con el propósito de poder ofrecer un juicio ponderado en torno a la negativa del gobierno de Mariano Rajoy a someter sus actuaciones al control político del Congreso de los Diputados, ya sea en la composición resultante de las elecciones del 20-D, ya sea en la del 26-J.
La argumentación en la que se apoya el Ejecutivo roza el esperpento y desmiente el principio vertebrador de la teoría de Monstesquieu. Así, el Gobierno sostiene que, al no haber sido elegido por el actual Parlamento, éste no puede ejercer su función constitucional de control sobre aquél por tratarse de un Ejecutivo al que el Congreso de los Diputados no ha otorgado su confianza y, en consecuencia, no puede cuestionarla, ni retirarla.
La controversia jurídico-política que ha enfrentado institucionalmente al Congreso de los Diputados y al Gobierno durante los últimos meses no se ha formulado en términos puramente teóricos. El distinto posicionamiento acerca del alcance y vigencia de la potestad de control del legislativo sobre el Ejecutivo se tradujo durante los primeros meses de este año en la negativa de distintos miembros del ejecutivo –como es el caso de Pedro Morenés, Jorge Fernández o la misma Ana Pastor– a comparecer en el Parlamento para ofrecer, en el correspondiente pleno convocado al efecto, las oportunas explicaciones sobre algunas actuaciones desarrolladas en sus respectivos ministerios.
El conflicto institucional ha vuelto a reactivarse esta semana tras las actuaciones del Ministerio de Economía en la propuesta de nombramiento de José Manuel Soria para ocupar un puesto como director general en el Banco Mundial. En esta ocasión, también los grupos parlamentarios de la oposición han solicitado la comparecencia parlamentaria de Luis De Guindos y ha vuelto a toparse con la negativa del Gobierno en lo que parece un desafío indiscutible a la arquitectura de la separación de poderes.
El caso que ahora nos ocupa incorpora, sin embargo, un matiz respecto de los supuestos anteriormente citados, que no podemos dejar pasar por alto sin detenernos en un mínimo análisis. De hecho, a la gravedad que implica persistir en el conflicto institucional entre el Gobierno y el Parlamento, se añade ahora el deterioro que sufre la figura institucional de la Presidencia del Congreso como consecuencia de una actuación de Ana Pastor, a mi juicio, poco acomodada a lo que su puesto exige.
No en vano, la Presidenta del Congreso ha considerado pertinente posponer la convocatoria urgente de un pleno de control en el que se suscite la comparecencia del ministro de Economía hasta pasadas las elecciones gallegas y vascas. Las razones que la Presidenta ha esgrimido para negarse a convocar de urgencia el pleno de control resultan un ejercicio de verdadero cinismo político. Sólo así pueden entenderse las declaraciones de la propia Ana Pastor mediante las que pretende justificar su inicial resistencia a formalizar la convocatoria por encontrarse “a la espera de que el Gobierno le manifieste su disponibilidad para asistir [al Congreso]”. Como resulta sabido, el Gobierno no va a mostrar disposición alguna para que sus miembros acudan a una sesión de control (no de información) en una actitud de rebeldía que, siendo políticamente inaceptable, no va a remitir por sí sola.
Un sistema democrático saneado no parece admitir que el poder de control de una institución representativa de un poder del Estado, como es el caso del Congreso de los Diputados, se mantenga “temporalmente fuera de servicio” respecto al ejercicio del poder del Gobierno, esté el Ejecutivo en funciones o no. Siendo esta situación merecedora de una reprobación, no podemos negar que la controversia se ha encauzado mediante el oportuno recurso y será resuelta por el Tribunal Constitucional con un pronunciamiento de obligado cumplimiento para el Gobierno. Cuestión distinta es el efecto que el citado pronunciamiento provoque en el proceso de depuración de responsabilidades políticas.
Con todo, no podemos dejar de mostrar nuestra preocupación por la posición institucional mantenida por la presidenta actual del Congreso de los Diputados en lo que se adivina como un claro alineamiento con las posiciones del Gobierno (o, peor aún, del partido al que pertenece). Tal planteamiento no admite recurso pero, sin duda, implica un deterioro significativo de la neutralidad que su posición institucional requiere.
A nuestro juicio, Ana Pastor ha perdido una magnífica oportunidad para, manteniendo una unidad de criterio con la presidencia anterior, exigir con firmeza (y cierta celeridad) la competencia plena de control del Parlamento sobre el Gobierno dejando a los integrantes del Ejecutivo la responsabilidad de tener que justificar, en última instancia, la negativa a rendir cuentas ante la soberanía nacional. Sólo así podríamos decir que se garantiza la vigencia de la máxima de Montesquieu en virtud de la cual le pouvoir arrête le pouvoir.
