Universidad pública: defender nuestra alma mater
Isabel Díaz Ayuso acaba de firmar la paz con la universidad pública madrileña, con un acuerdo exprés que era impensable hace 15 días y que se ha negociado para cerrar la crisis más surrealista del gobierno de la Comunidad de Madrid. La caída de “los pocholos”, esos niños pijos sin currículo ni experiencia que gestionaban la educación madrileña comandados por un gurú conspiranoico y reaccionario, ha tenido como consecuencia un plan de financiación que gobierno y universidades han calificado de “histórico” y que supone un respiro en una situación agonizante.
La inversión en los seis campus, que se encontraban en una situación crítica, será de 14.800 millones hasta 2031. Los detalles están por conocerse, pero el plan supone un crecimiento de un 41% de los fondos específicos. En el sexto año de modelo se sumarán otros 500 millones adicionales. Si esta cantidad les parece mucho y para ponerla en contexto, la Comunidad de Madrid aprobó a finales de 2025 unos pagos extra a Quirón de 500 millones, y le ha pagado sin rechistar en los últimos seis más de 6.000 millones de euros. Solo a Quirón.
Hay que celebrar que Ayuso, movida por una crisis interna, haya dejado de “pocholear” con el futuro de las universidades públicas, a las que su gobierno ha asfixiado hasta el límite. Solo la Universidad Complutense se llegó a endeudar con la propia Comunidad por 34,5 millones de euros para pagar las nóminas, lo que le cuesta 4,4 millones solo en intereses. Y, a pesar de esto, la Complutense, produce más tesis doctorales que el conjunto de las 47 universidades privadas que existen en España.
En estos años, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha podido ni querido disimular su desconfianza y desprecio hacia la universidad pública, a la que considera un nido de rojos y wokismo, en un discurso calcado del trumpismo y que esconde lo que de verdad importa: un modelo privatizador, en el que proliferan como hongos las universidades chiringuito sin mínimos estándares de calidad ni ningún afán investigador. Ya son 15 las universidades privadas madrileñas, por seis públicas; en toda España hay 50 universidades públicas y 47 privadas. En 2025 en Madrid, ya se matricularon más estudiantes de Medicina en las privadas, pagando más de 20.000 euros anuales, que en las públicas. Madrid es la comunidad con el profesorado peor pagado, con las matrículas más altas, con menos becas por estudiante y de las que menos invierte en educación por habitante. Y todo eso en la comunidad más rica de España y la que enarbola la defensa de la cultura occidental mientras desprecia a sus verdaderos custodios. El acceso público y universal al conocimiento es uno de los pilares de las sociedades libres, y no se puede defender la libertad sin defender la universidad pública.
Una vez aprobado el plan de financiación plurianual y caída en desgracia la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC) elaborada por el clan “pocholo” y que suponía una mercantilización extrema de la enseñanza superior en Madrid, queda pendiente poner coto a los chiringuitos disfrazados de universidad privada tan del agrado del gobierno madrileño. Junto a la privatización de la sanidad y la especulación inmobiliaria, las universidades privadas han contribuido a la creación de un Madrid de dos velocidades, caracterizado por la desigualdad, el pelotazo y el rentismo. El PP ha sido el partido que más ha contribuido a liquidar el paradigma meritocrático que tanto defiende de boquilla. Gracias a la acción de los gobiernos de las CCAA, la educación privada es un negocio que, en España, mueve 20.000 millones de euros al año. Se ha fomentado la entrada de fondos de inversión en las entidades privadas que ofertan carreras universitarias y másteres mientras se castigaba a la universidad pública.
En un momento de transformación profunda y acelerada de la forma en la que se accede al conocimiento, hay que fortalecer el papel de la universidad pública, depositaria del conocimiento, espacio de innovación y de pensamiento crítico, motor del progreso económico y social y factor esencial para la igualdad de los ciudadanos. Una universidad no es una extensión de la empresa ni una máquina expendedora de títulos para los hijos de las familias pudientes. Si lo convertimos en eso, estaremos condenados a que otra generación de pocholos decida el futuro de nuestros hijos.