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Cortocircuitos, goteras y otros problemas en los pisos “de última generación” que Moreno entregó en Cádiz: “Nos dio coba”

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Pedro Espinosa

Cádiz —
25 de mayo de 2026 23:17 h

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“Cuando hace viento, la casa se mueve”, se lamenta Estefanía Reyes. Asienten otra decena de vecinos que ven temblar sus viviendas cada vez que sopla con fuerza el levante o el poniente, algo habitual en Cádiz. Es solo uno de los numerosos problemas que sufren las 60 viviendas de la promoción conocida como Matadero Sur, a la entrada de la capital gaditana. Filtraciones de agua, cortocircuitos, puertas que se desploman o facturas de suministros básicos desorbitadas. Podría parecer que son deficiencias provocadas por el paso del tiempo, pero estas casas apenas tienen un año y medio. Las llaves se las entregó en mano el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en un día en el que presentó este edificio como un “símbolo de calidad y eficiencia energética”. Era la primera construcción de vivienda pública de la Junta en Cádiz tras 12 años. “El presidente nos dio coba”, resume Estefanía.

Las 60 viviendas protegidas de Matadero Sur, en la calle Nelson Mandela, fueron entregadas el 30 de septiembre de 2024. El presidente andaluz había estado en la colocación de la primera piedra y no quiso perderse el momento en que los vecinos accedían por primera vez a estas casas en alquiler. “Es una promoción de última generación, diseñada específicamente para resistir las condiciones climáticas de la ciudad: humedad, viento y salinidad”. Apenas un año y medio después, los vecinos aseguran convivir con goteras, filtraciones, problemas eléctricos, humedad, puertas descuadradas y cortes de agua.

Las denuncias han sido canalizadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha decidido, junto a varios afectados, denunciar públicamente la situación y reclamar una actuación urgente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), promotora pública de la obra. “Las viviendas son de pésima calidad”, sostiene Rafael Lara, portavoz de la APDHA en Cádiz.

La directora de AVRA, Susana Cayuelas, llegó a afirmar entonces que “la calidad del aire está garantizada en el interior de las viviendas” y que el diseño del inmueble había tenido en cuenta las singularidades climáticas de Cádiz, con una especial mención a “la protección térmica y acústica”. Los vecinos están hartos de escuchar ruidos extraños procedentes de las tuberías o del silbido del viento que se cuela por sus ventanas mal selladas.

“No había pasado ni un mes cuando me entró agua por el techo del cuarto de baño, la cocina y la ventana principal del salón”, relata Najat Abdelouarten. Según explica, los operarios acudieron en varias ocasiones, pero nunca solucionaron el problema. “Siempre dan largas”, lamenta.

Estefanía Reyes enumera una cadena de incidencias que comenzó prácticamente desde el día en que recibió las llaves. “Me vine a mi casa con un cortocircuito”, cuenta. Después llegaron las filtraciones, un agujero en el techo del baño, placas de pladur empapadas, una tubería de agua caliente reventada y cortes de suministro durante horas. Describe también situaciones difíciles de asociar a un inmueble recién construido: “Los pomos de las puertas están rotos, los marcos se caen, la placa de ducha se mueve… mi casa está llena de humedad”.

“O te asas de calor o te mueres de frío”

En las casas, que iban a ser un icono de climatización, “o te asas de calor o te mueres de frío: no hay término medio”. Además, no se pueden colocar aparatos de aire acondicionado porque las paredes de pladur no resisten. “No podemos poner ni cuadros ni estanterías porque se caen”.

Una de las anomalías que más inquietud genera es que “salen corrientes de aire por los enchufes”. Según la APDHA, no es un caso aislado y apunta a defectos de mayor alcance. “Para que salgan corrientes de aire por los enchufes debe haber un problema estructural en la construcción”, advierte Lara. Por eso, reclama un informe técnico independiente que evalúe el estado del edificio.

La APDHA sostiene que los defectos aparecieron desde el primer momento, por lo que rechaza cualquier argumento relacionado con un supuesto mal uso por parte de los inquilinos. Además, recuerda que las viviendas siguen dentro de los plazos legales de garantía.

La Junta ha argumentado que está a la espera de un informe de AVRA para determinar quién y cómo debe arreglar estos desperfectos. El Ayuntamiento ha derivado, hasta el momento, a los vecinos a la Consejería de Vivienda, al ser la competente, aunque los beneficiarios proceden del listado municipal de demandantes. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el arrendador debe acometer las reparaciones necesarias para garantizar la habitabilidad. “Los vecinos están cumpliendo con sus contratos y pagando sus alquileres; la Administración también tiene obligaciones”, sostiene. Temen que la Junta esté dejando pasar el tiempo de garantía para no reclamarle los daños a la constructora.

La entidad asegura haber remitido escritos detallados a AVRA, solicitado reuniones con la delegada territorial de Vivienda, Carmen Sánchez, y enviado incluso una carta firmada por los vecinos al presidente andaluz. Pero no han obtenido respuesta. Ese silencio ha llevado a la APDHA a acudir al Defensor del Pueblo Andaluz y a estudiar posibles acciones judiciales. Aunque reconocen que la vía judicial supondría un gran esfuerzo económico para familias con recursos limitados, advierten de que podría acabar siendo inevitable si la Junta no interviene.

Otros edificios con problemas

Las quejas por el estado de las viviendas públicas se acumulan, ya que otros edificios de su competencia en Cádiz también presentan problemas. Los vecinos de la calle Explanada, en el barrio de Puntales, denuncian desde hace años el grave deterioro estructural de varios bloques, con grietas, hundimientos, apuntalamientos y desprendimientos que mantienen a decenas de familias viviendo “con miedo” ante un posible colapso. La situación se ha agravado en los últimos meses con el precinto y desalojo de algunas casas por motivos de seguridad, lo que ha incrementado la indignación vecinal en una zona donde varias familias llevan demasiado tiempo soportando condiciones de infravivienda. La diferencia es que estas casas tienen más de 60 años. Las de Matadero no llegan a dos.

La promoción de Matadero Sur tenía como objetivo ofrecer un respiro a familias expulsadas del mercado privado del alquiler en una ciudad donde la presión turística y la proliferación de viviendas vacacionales han disparado los precios. Cuando se entregaron las llaves, algunos adjudicatarios explicaban que llevaban hasta 20 años esperando una vivienda pública y que pagaban alquileres inasumibles en el mercado libre.

“Mi alquiler es de 425 euros, pero estoy pagando más de 600 al mes por la luz y el agua”, asegura Vanessa Lois, otra de las vecinas. Sus facturas de suministros básicos superan en algunos meses los 200 euros debido al sistema de bombeo o al mal funcionamiento de las placas solares instaladas. Por eso añade: “Yo invito a Moreno Bonilla a que venga aquí, que los 60 vecinos lo estamos esperando. Que venga y vea lo que vino a vender y lo que hay realmente”.

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