Promesas rotas en el Cerro del Moro: el Defensor del Pueblo advierte a la Junta de ser “negligente” con estos vecinos de Cádiz

Han pasado más de tres décadas desde que la Junta de Andalucía se comprometió a sustituir las infraviviendas del barrio del Cerro del Moro, en Cádiz, por casas dignas. Todavía esa promesa no se ha cumplido para 67 familias. Son la séptima fase de este largo proceso para transformar un barrio marcado por el olvido y el abandono. El Gobierno andaluz ya está ultimando el edificio donde podrán trasladarse para, después, demoler las suyas.

Pero, para ello, tienen que renunciar a la propiedad y pasar a un régimen de alquiler con un marco temporal. Tras convencer a la mayoría, 18 se niegan a firmar. El Defensor del Pueblo Andaluz les ha dado la razón en un reciente informe. “La falta de información no solo marca la frontera entre una buena o una mala administración, sino que puede convertirla en una administración negligente”, dice este documento.

El detonante del conflicto llegó en julio de 2024, cuando los vecinos conocieron, por sorpresa, que la Junta había cambiado el régimen de la nueva promoción: ya no se trataría de viviendas con opción a compra, como se les había prometido durante años, sino de alquiler social durante 50 años. La modificación, impuesta por las exigencias de la financiación europea del programa Next Generation, fue comunicada sin previo aviso a los afectados.

Aceptar por “miedo” o “desinformación”

“Solo 18 hemos podido aguantar la presión que desde la Junta se ha ejercido contra las personas más vulnerables”, denuncia Enrique Estévez, portavoz de la plataforma vecinal que se creó para proteger a estos propietarios. Al principio todos se negaron a aceptar las condiciones que les imponían. Aquellas casas en las que malviven son suyas, de su propiedad. Por eso no entienden que ahora tengan que dejar de ser los dueños para convertirse en inquilinos.

La Junta, que viene informando progresivamente de los avances en la construcción de las nuevas viviendas en un solar cercano, les ha venido advirtiendo que quien se niegue no podrá optar a estas casas recién estrenadas. Así ha convencido ya a a 49 familias. “Han aceptado por miedo, por desinformación o por promesas que ni eran factibles ni están siendo cumplidas”, lamenta Estévez. Él, junto a otras 17 familias, resiste sin firmar.

Es un asunto que ha seguido de cerca el Defensor del Pueblo Andaluz. No en vano Jesús Maeztu conoce bien este barrio porque trabajó en él hace varias décadas cuando era sacerdote. Conoce sus calvarios, sus necesidades, lo que costó levantar esas casas, los problemas que siempre han tenido, y, por supuesto, sabe el dolor que causan las promesas rotas en aquellos que no tienen otro asidero donde agarrarse más que a la ilusión de vivir algún día en condiciones dignas.

De avalar a la Junta a criticarla

En enero de este año, Maeztu decepcionó a muchos de los vecinos al avalar el cambio de criterio que ha tenido la Junta en las condiciones de las nuevas viviendas. El Defensor, aunque reprochaba cierta falta de información hacia los vecinos, consideraba que la Junta no tenía más remedio que proponer casas en régimen de alquiler en vez de en propiedad porque la financiación de la UE así lo exigía. De hecho, llegó a decir que se había cumplido el objetivo de dar una vivienda digna a los residentes en el Cerro del Moro.

Pero su último informe, emitido en junio de este año, en una de sus últimas decisiones antes de ser relevado, se centra en la crítica a la Junta de Andalucía. En este documento, dirigido a la directora de AVRA (Agencia de Viviena y Rehabilitación de la Junta), Susana Cayuelas, lanza dos recomendaciones y tres sugerencias. Antes de hacerlo, el Defensor afea a la Junta en su escrito la “falta de transparencia” en todo el proceso y acusa a la administración de haber dejado de ser un referente para el interés ciudadano para convertirse en un actor “hostil”.

“Se ha situado a la administración en un territorio de confrontación, cuando debería haberse puesto del lado de los vecinos”, concluye el documento. “La falta de información no solo marca la frontera entre una buena o una mala administración, sino que puede convertirla en una administración negligente”, alerta.

Intento de “desarticular la fuerza del barrio”

“El Defensor nos da la razón cuando dice que llevamos años esperando unas viviendas con derecho a propiedad”, subraya Estévez. “Ahora nos ofrecen alquilar o quedarnos en ruinas pagando las reformas por nuestra cuenta”, continúa el portavoz de la plataforma vecinal en nombre del resto de afectados.

Para convencer a los residentes, la Junta evitó siempre informar en grupo. Ha organizado reuniones individuales con los vecinos. El Defensor lamenta que estos encuentros se hayan usado para “desarticular la fuerza del barrio”, evitando una negociación colectiva con la plataforma vecinal. “El criterio de la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, fue claro: no estaba dispuesta a negociar ni a explicar, que eso era lo que había”, recuerda Estévez.

El informe del Defensor recuerda que las actuales viviendas, construidas en los años 60 por el Instituto Nacional de la Vivienda, carecen de accesibilidad, sufren graves deficiencias estructurales y han sido calificadas como “ruina técnica”. Aun así, quienes no acepten las nuevas condiciones deberán seguir viviendo en ellas y asumir el coste de las obras necesarias, pese a que su demolición ya está prevista en el planeamiento urbanístico.

“Reuniones individuales y respuestas evasivas”

Además de la falta de información sobre el régimen de alquiler, los vecinos denuncian que la Junta tampoco ha aclarado el tratamiento fiscal de la venta de sus actuales viviendas, ni si todos los afectados cumplirán los requisitos económicos para acceder a las nuevas. “No sabemos si todos podremos ser adjudicatarios, ni si nuestros hijos podrán heredar o continuar en esas viviendas”, explica Estévez.

En su informe, el Defensor del Pueblo recomienda que los vecinos sean informados y que se comunique el contrato que suscribirán “para evitar especulaciones”. Y sugiere tres cosas: “una nueva valoración de las viviendas a demoler”, que se informe sobre “los derechos sucesorios”, y propone incluso “reservar otras promociones de vivienda para quienes sí cumplan los requisitos económicos”. Sería la forma de “respetar las promesas hechas y no frustrar expectativas legítimas”. Es lo que, en resumen, dice el Defensor, sería “poner en el centro de su atención a las personas, poniendo fin a una situación que se ha cronificado en el tiempo”.

La plataforma vecinal lamenta que estas recomendaciones no hayan sido atendidas aún ni por AVRA ni por la Consejería de Fomento. Tampoco ha llegado la mediación prometida por el alcalde de Cádiz, ni el presidente de la Junta ha accedido, hasta ahora, a reunirse con la plataforma. “Lo único que hemos recibido son reuniones individuales y respuestas evasivas”, lamenta Estévez. Mientras tanto, los 18 vecinos que resisten en el Cerro del Moro siguen esperando que alguien los atienda. Y que, en un barrio nacido de las promesas de una vida mejor, alguna vez se cumpla una.