Con la venia
Es notoria la insistencia mostrada por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, pidiendo respeto para los jueces y la labor que ejercen. Presumo que esa exigencia va dirigida a dirigentes políticos que vienen mostrando extrañeza por algunos comportamientos judiciales.
Los procesos judiciales de los últimos cuatro años han enrarecido la vida político social en nuestro país. La Ley de Amnistía y su aplicación es, probablemente, el conflicto institucional más decisivo de la década. Entiendo que el Gobierno tiene la potestad de legislar y el Poder Judicial de velar por lo legislado. Después, han aparecido los casos del exministro José Ábalos y cía, de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el caso Leire Díez y el del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Distintos tribunales, distintos togados e idéntico resultado: polémica judicial, política y social, aunque no todos los casos tenga la misma naturaleza.
Como ciudadano, tengo la sensación de que la agenda informativa está embargada por decisiones judiciales en las que priman acusaciones sin fundamento, o contradictorias con la jurisprudencia, procedimientos extrañamente anómalos y sentencias inusuales o desmedidas… un escenario que genera una sensación de corrupción que, entiendo, no se corresponde con la realidad y eso, señora Perelló, es hacer política.
Es obvio que hay jueces que no se han molestado de ocultar su ideológica, no en la esfera privada, sino con decisiones que transcienden... Es posible que para algunos esa manera de hacer su trabajo sea muy profesional, pero su incidencia en la política y su sombra en la vida pública, demuestra lo contrario y eso, no hay duda, adultera la normalidad institucional.
Es vergonzoso que un político se corrompa, pero no lo es menos que un
juez haga uso ideológico interesado de su puesto. Cada cual es muy libre de entender si ese comportamiento judicial vaya dirigido al Gobierno, pero no se puede negar que se trata de anomalía institucional que tiene trascendencia en la vida social de nuestro país y, por lo tanto, en el pueblo español, del que le recuerdo “emana los poderes del Estado”. Comprenderá que toda actuación de la justicia impulsada por intenciones políticas es reprobable. Los jueces que así obren pueden gozar de una posición judicial y social relevante, pero su condición moral es más que dudosa.
EE.UU., Bolivia, México, Suiza, Japón. Todos esos países tienen en común un procedimiento de votación ciudadana para elegir a los jueces.