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Canarias y Galicia piden al Gobierno no ser perjudicadas por gestión “seria”

Canarias y Galicia piden al Gobierno no ser perjudicadas por gestión "seria"

EFE

Santiago de Compostela —

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Los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, han hecho este miércoles un frente común para reivindicar al Gobierno que no perjudique a sus ciudadanos por el hecho de que sus gobiernos hayan gestionado de manera “seria y rigurosa” las cuentas públicas.

Ambos dirigentes han comparecido en conferencia de prensa tras una reunión de trabajo durante las últimas dos jornadas en las que han abordado cuestiones de interés común, como la sanidad y la situación de los emigrantes en Venezuela, así como aquellos que quieren retornar a España.

Sin embargo, el tema principal ha estado centrado en la financiación y en el trato “discriminatorio”, han coincidido en señalar que el Ejecutivo dispensa a estas dos comunidades autónomas, que se han autodenominado “cumplidoras” de las distintas reglas de gasto, límite de déficit y deuda, pago a proveedores y que presentan superávit, frente al resto de comunidades “incumplidoras”

Hasta tal punto observan que hay un trato desigual que el presidente gallego ha planteado “si hay que ponerse un lazo” que identifique a aquellas comunidades que cumplan las normas y “la ley” y se ha mostrado dispuesto a consensuar el color, ha dicho en alusión a la polémica por este símbolo en Cataluña.

Núñez Feijóo ha cifrado en 825 millones de euros los “incumplimientos” del Gobierno con Galicia, que ha desgranado en 125 millones de euros de superávit que no puede gastar; 200 millones por una mensualidad de ingresos del IVA del año anterior comprometidos y no recibidos; 330 millones de entregas a cuenta no recibidas entre enero y marzo y la falta de autorización para gastar 170 millones de euros de la liquidación negativa de años anteriores.

El presidente canario ha cifrado en 300 millones de euros el superávit de Canarias en 2018 y ha señalado que, además, su comunidad tiene reconocido un pago de casi 1.000 millones de euros por incumplimientos anteriores que tampoco se produce.

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