El Congreso rechaza que el CGPJ inste al Gobierno a buscar una vía política al conflicto catalán y no en el TC

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que inste al Gobierno de Mariano Rajoy a negociar una solución sobre la pretensiones secesionistas de Cataluña a través del “diálogo político” y no recurriendo a los tribunales.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha debatido y votado hoy más de un centenar de propuestas de resolución a la memoria del CGPJ del año 2015, entre las que se encontraba la del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) que recordaba las palabras del expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Francisco Pérez de los Cobos que pidió un “diálogo político”, ya que, a su juicio, el TC no puede resolver el proceso soberanista catalán.

PDeCAT remarcó en esta moción ahora rechazada que el Gobierno no puede “seguir esquivando” el tema del referéndum “para derivarlo a los tribunales”. Es más, el partido independentista destacó en esta propuesta que “trasladar los problemas políticos a la Justicia equivale a judicializar la política, lo cual no corresponde a la división de poderes establecida en los Estados democráticos”.

En este sentido, la antigua Convergència quería que el órgano de gobierno de los jueces manifestase “ante las instituciones del Estado” que, si la Justicia aplica las leyes, corresponde a las instituciones políticas “adecuarlas para resolver los problemas políticos”.

IGUALDAD EN LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Otra de las propuestas que el Hemiciclo ha rechazado de incluir en el texto final, ha sido la relativa a solicitar la derogación de la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que aprobó el PP para permitir a este tribunal inhabilitar a quien incumple sus sentencias. El Congreso ya tiene en tramitación una proposición de ley en ese sentido.

En esta línea, la portavoz de Justicia de PDeCAT, Lourdes Ciuró, se ha quejado de que sus líderes Artur Mas y Francesc Homs hayan sido condenados por “poner urnas” para celebrar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y entender que se ha desobedecido al Tribunal Constitucional; mientras que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha acatado una treintena de resoluciones dictadas por el mismo tribunal y no ha sido apartado de ninguna función.

Asimismo, la antigua CDC reclamaba al CGPJ que elaborase un informe para analizar las consecuencias que ha tenido que Homs, Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega --también inhabilitadas por los mismos hecho-- hayan sido juzgados por dos tribunales distintos, como la posibilidad de que se hayan dictado “sentencias contradictorias”. El primero fue juzgado por el Tribunal Supremo, por su condición de aforado en el Congreso de los Diputados; mientras que el juicio contra los otro ex dirigentes catalanes se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

“ARBITRARIEDAD” EN LA POLÍTICA DE NOMBRAMIENTOS

Por otro lado, tampoco se ha aprobado la propuesta lanzada por Esquerra en la que acusaba al Poder Judicial de tener una política de nombramientos basada en la “arbitrariedad”, ya que, en su consideración, se apartan a jueces proclives a reconocer las demandas soberanistas.

Con esta afirmación, ERC hacía referencia al relevo como presidente del TSJC de Miguel Ángel Gimeno, considerado receptivo a atender algunas demandas soberanistas, así como la supuesta discriminación que sufrió la magistrada Àngels Vivas, una de las magistradas que firmaron el manifiesto de jueces catalanes a favor de una consulta del 9 de noviembre de 2014, para optar a la presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona --hecho que también ha sido mencionado en las propuestas del PDeCAT--.

Sin embargo, el Congreso de los Diputados sí que ha tenido en cuenta su propuesta de pedir al CGPJ que tome medidas para que se garantice la paridad entre hombre y mujer. “Pese a que las mujeres son mayoría en la carrera judicial, los hombres son mayoría” en los órganos de mayor responsabilidad, destaca el texto de ERC.