La Corte Suprema de Justicia de Colombia acepta la renuncia del fiscal general

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Colombia aceptó este martes la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien anunció que dejaba el cargo el cargo el pasado 15 de mayo tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de denegar la extradición a Estados Unidos del exguerrillero de las FARC Jesús Santrich.

“Tras la salida de Néstor Humberto Martínez Neira de la jefatura de la Fiscalía, la Corte Suprema elegirá el nuevo fiscal general de la Nación de la terna que integre el presidente Iván Duque”, indicó en rueda de prensa el presidente del Supremo, Álvaro Fernando García.

Esta misma tarde, prosiguió García, se le solicitará al mandatario “la elaboración de la terna para designar al sucesor” de Martínez.

Una vez reciba la terna, la Corte “hará la convocatoria a los ternados para ser escuchados en audiencia pública, como ordena la Constitución”, aclaró.

Martínez tomó posesión de su cargo el 1 de agosto de 2016 ante el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018).

Minutos antes de la renuncia de Martínez la JEP denegó la extradición del exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, detenido desde el 9 de abril de 2018 tras ser requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, y pidió a la Fiscalía que lo dejara en libertad.

“Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación”, dijo Martínez en una declaración a la prensa.

El funcionario agregó que la decisión de la JEP, que consideró “desafía” la evidencia aportada por EE.UU. y la propia Fiscalía, “hace trizas la cooperación judicial internacional y desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia”.

Igualmente consideró que la decisión de la jurisdicción “confronta abiertamente la Constitución Política y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia”.