El Gobierno de La Rioja denuncia a PSOE y PR+ por pedir el voto a los funcionarios por e-mail

El Gobierno de La Rioja ha presentado una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos contra el PSOE, su candidata a la Presidencia del Ejecutivo regional, Concepción Andreu, y el PR+ por vulnerar la intimidad de los empleados públicos al remitirles un correo electrónico para pedirles el voto.

Esta denuncia se suma a las presentadas por distintos empleados públicos con carácter personal, ha detallado hoy el Gobierno de La Rioja en una nota.

Ha añadido que el PSOE, el Partido Riojano (PR+) y Andreu tendrán que explicar a la Agencia de Protección de Datos “cómo han obtenido unos datos protegidos sin consentimiento de su titular y por qué hace de ellos un uso partidista y propagandístico en su propio beneficio electoral”.

Ha explicado que, en su denuncia contra el PSOE y Andreu, ha aportado documentos que demuestran cómo, desde el pasado día 16, los servidores informáticos de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR) han detectado un intento de remisión de correos electrónicos masivos a todo el personal de la Administración autonómica riojana desde el PSOE riojano.

En esos correos electrónicos se adjunta una carta firmada por Andreu, en la que esta solicita el apoyo electoral a los empleados públicos del Gobierno de La Rioja.

El Ejecutivo regional considera que la forma y los mecanismos utilizados para la remisión de esos correos electrónicos indican que el PSOE y Andreu los han obtenido “de modo ilegal, sin obtener su consentimiento expreso y vulnerando el derecho constitucional a la intimidad y a la propia imagen” del personal de la administración autonómica.

En el caso del PR+, a los que el Gobierno autonómico aplica los mismos criterios que al PSOE y a Andreu, el envío de esos correos electrónicos se ha detectado durante esta semana al personal del ámbito sanitario de la administración riojana desde la formación regionalista, solicitando el apoyo electoral.

El Gobierno riojano ha defendido que en esos correos electrónicos remitidos se vulnera la obligación de informar al destinatario del modo en que han sido obtenidos los datos, de la manera en que están siendo tratados y del derecho del receptor de los correos a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.

Por ello, las denuncias que ha interpuesto el Gobierno de La Rioja recogen cinco infracciones graves y una muy grave, cuyas sanciones oscilan entre los 40.001 y los 300.000 euros en el caso de las primeras y entre los 300.001 y los 600.000, en la segunda.