Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press
Esta información es un teletipo de la Agencia Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.
Jonás Fernández (PSOE) denuncia en Europa la condena por coacción a cinco sindicalistas asturianos
Durante su intervención ante el Parlamento Europeo, Fernández ha denunciado que “el derecho a la huelga se está cuestionando” en Europa. En concreto, ha desvelado que en España hay más de 80 causas judiciales abiertas, que afectan a más de 300 trabajadores, “por ejercer el derecho a la libertad sindical y a la huelga”.
En este sentido, se ha referido a las condenas impuestas a cinco trabajadores de MCA-UGT Asturias “por realizar esas labores de información sindical ante una huelga general”. Una sentencia “desproporcionada” que ha motivado que 32 eurodiputados de 12 países hayan firmado una carta de solidaridad con los sindicalistas condenados.
Asimismo, Jonás Fernández ha criticado que “pese a que el propio Gobierno de España ha reconocido el grave problema que tiene con la implementación de la actual legislación, no ha hecho nada más que una reforma laboral que aún complica más el derecho de huelga”. Así pues, ante una situación que “no puede seguir así”, Fernández pide a la Comisión Europea “que se interese por este asunto que afecta a los derechos fundamentales de los trabajadores en Europa”.
Los 32 eurodiputados socialistas firmantes de la declaración reclaman al Gobierno de España una reforma legislativa “que ponga fin a las situaciones injustas que se vienen produciendo en la actualidad”. Además, en la declaración se muestra “la preocupación por la interpretación restrictiva para los derechos de los trabajadores que se está haciendo del Código Penal español y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”.
Finalmente, tras mostrar la solidaridad con los sindicalistas asturianos condenados, los eurodiputados recuerdan que “la libertad sindical es un patrimonio de todos los europeos y que los poderes públicos deben observar en relación a el la un comportamiento prudente orientado en todo caso a la protección de este derecho fundamental consagrado tanto en el ordenamiento jurídico español como en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”.
