El PP apuesta por la contundencia de la ley para que quien la haga, la pague

El PP considera que la Ley y la Justicia deben ser contundentes para garantizar, en materia de corrupción, que “quien la hace, la paga” y exige la “ejemplaridad” de los que han sido o son cargos públicos del partido.

En el bloque “La España que queremos” del programa electoral del PP presentado hoy, el partido subraya su “firme compromiso de hacer que la política vuelva a ser percibida como una tarea digna y reconocida por su utilidad social”.

El PP considera necesario “emplear toda la contundencia contra aquellos cuyos actos de corrupción menoscaban la confianza de los españoles” y “deterioran” la imagen de nuestro país.

El programa del PP contiene que “todos los cargos del PP suscribirán una declaración de compromiso” que supondrá la adhesión a los principios del partido, e incorporarán la obligatoriedad de cese para los altos cargos encausados por un delito de corrupción en el momento de la apertura de juicio oral, con la consiguiente suspensión y sustitución en el cargo público.

Tras asegurar que “la mejor forma de legitimar la acción política es reivindicar y exigir ejemplaridad a los servidores públicos”, el PP asegura que trabaja en aumentar los medios materiales y personales “para ser más eficaces en la lucha contra la corrupción” y aprobar reformas legales para mejorar los mecanismos de “prevención, control y sanción”.

En este sentido, señalan que todas las reformas en materia de regeneración democrática han tenido como objetivo prioritario “garantizar que quien la hace, la paga', incluso ”con su propio patrimonio, hasta devolver lo robado“, para que vuelva a revertir en la sociedad.

Según el programa, el Gobierno del PP es el que “más medidas y más reformas ha acometido para prevenir, perseguir y sancionar la corrupción”, y ha recordado que “si las medidas que ha impulsado el partido en esta legislatura hubieran estado antes en vigor, la mayoría de casos que hoy alarman a los españoles no se hubieran producido”.

Al respecto, aseguran que “hoy la corrupción se castiga con mayor contundencia” y “ahora hay más controles a la financiación de los partidos”.

El partido quiere que “España sea un país donde los ciudadanos se sientan orgullosos de sus representantes”.

“La política es la vía para mejorar la vida de los ciudadanos y quienes se dedican a ella deben hacerlo con vocación de servicio, honradez y ejemplaridad”, destaca el PP, que afirma que sus órganos internos “seguirán actuando con la máxima prontitud, objetividad y rigor, aplicando estrictamente los estatutos en casos de corrupción”.

Asimismo, mantienen su compromiso de reducir los aforamientos e impulsar la adopción de las iniciativas necesarias, por los distintos sujetos legitimados, para limitar la atribución al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de la competencia para el enjuiciamiento de autoridades y cargos públicos.

También potenciarán la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de corrupción y garantizarán la rendición periódica de cuentas por parte del responsable de la misma ante el Congreso de los Diputados.

El PP cree necesario “seguir mejorando la especialización de determinados juzgados en los delitos económicos y relacionados con la corrupción” y aseguran que “el mejor antídoto contra la corrupción es la transparencia”.

En este sentido, el PP abrirá nuevas posibilidades de acceso en el Portal de la Transparencia, “reforzando su capacidad como mecanismo para favorecer el control y la cercanía con los ciudadanos”.

Este partido también quiere regular la actuación de los lobbies e impulsar una mayor vinculación del otorgamiento de indultos a la política penal y penitenciaria del Gobierno, acompañándola de una rendición periódica de cuentas en relación a los indultos otorgados

También impulsarán reformas para asegurar la comunicación de los resultados de los plenos municipales a través de Internet y fomentarán la formación en transparencia para los empleados públicos que participen en procesos de licitación pública.

Por último, seguirán potenciando el papel de la Oficina de Conflicto de Intereses, reforzarán el control de las subvenciones públicas y avanzarán en la accesibilidad de la información de la ejecución presupuestaria con un mayor grado de detalle.