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Parlamento vasco pide al Gobierno que mantenga todos los juzgados existentes en Euskadi

EUROPA PRESS

VITORIA —

El Parlamento vasco ha pedido al Gobierno que mantenga todos los partidos judiciales existentes en Euskadi y ha solicitado que cualquier modificación que quiera hacer de las demarcaciones judiciales, la haga en colaboración con todas las instituciones públicas implicadas, recabando los “consensos necesarios” y garantizando, en todo caso, un “fácil acceso y comunicación” de la ciudadanía con las sede judiciales.

Este debate se produce un día después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmara en la sesión de control del Congreso de los Diputados que su reforma judicial no cerrará ninguna sede judicial en el Estado.

El pleno del Parlamento vasco ha aprobado la iniciativa, acordada por PNV y PSE, presentada a una enmienda original de los socialistas que ha recibido el rechazo de PP y UPyD. EH Bildu no ha participado en el debate ni en la votación porque sus 21 parlamentarios han decidido secundar la jornada de huelga convocada por ELA y LAB, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales.

El Parlamento vasco se manifiesta favorable a la denominada justicia de proximidad e insta al Gobierno central al mantenimiento de todos los partidos judiciales actualmente existentes en la Comunidad Autónoma Vasca, conservando además todos los juzgados existentes en dichos partidos judiciales.

Por ello, pide al Gobierno vasco que cualquier modificación de las demarcaciones judiciales que se pretenda acometer en el futuro se realice en colaboración con todas las instituciones públicas implicadas --ayuntamientos, comunidades autónomas-- recabando para ello los “consensos necesarios” y garantizando, en todo caso, un “fácil acceso y comunicación” de la ciudadanía con las sede judiciales.

Finalmente, solicita al Gobierno central que impulse las medidas legislativas “necesarias” para la constitución de Consejos Autonómicos del Poder Judicial.

La parlamentaria del PSE Miren Gallastegi ha criticado que el Ministerio de Justicia utilice como “guía” para modificar la vigente ley de Demarcación y Planta Judicial un informe que plantea la reducción “drástica” de partidos judiciales pasando en Euskadi de los actuales 14 a un total de seis con el cierre de cuatro partidos en Guipúzcoa, tres en Vizcaya y uno en Álava.

Para Gallastegi, esta reforma “esconde un ahorro de costes que supondrá nuevos recortes en los derechos de los ciudadanos” y pide al Parlamento que se muestre favorable a la “justicia de proximidad”.

La parlamentaria del PNV Ana Otadui ha defendido que su formación apuesta por impulsar la descentralización de la Justicia y que sea el Gobierno vasco quien diseñe la Planta Judicial, las programaciones anuales y determine la creación de Juzgados en Euskadi. Asimismo, ha criticado que el informe de bases elaborado por el CGPJ “no facilita el acceso a los ciudadanos a la Justicia sino que se le ponen trabas” .

“OBSESIÓN” CON EL AHORRO

“El Gobierno central, con su obsesión por considerar como una fuente de derecho el ahorro, no es extraño que vea positiva la concentración de partidos judiciales”, ha criticado.

Desde el PP, Nerea Llanos se ha mostrado a favor de que la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial, actualmente en proceso de elaboración, siente las bases para conseguir una Justicia que “dé satisfacción a las necesidades de los ciudadanos” y ha desmentido que se pretenda cerrar sedes judiciales en el Estado sino que se van a “flexibilizar los criterios territoriales y complementarlos con un criterio de especialización con la creación de los Tribunales de Instancia”.

Además, ha acusado al PSE de practicar una política y oposición “preventiva” y les ha pedido “responsabilidad”, ya que el Gobierno del PSOE, en la anterior legislatura, puso de manifiesto la necesidad de reformar la planta judicial para “adaptarla a los nuevos tiempos”

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha defendido que una posible reducción de los partidos judiciales “no debe suponer necesariamente recortes” y cree que el planteamiento de algunos grupos responde a una “concepción anticuada” de la Justicia por la que “cada pueblo debía tener su alcalde, cura y también su juez”. Tras recordar que la futura ley se encuentra en un proceso previo de debate, ha anunciado que no iba a respaldar la “enmienda preventiva” acordada por PNV y PSE.

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