El Parlamento de Tailandia aprueba dar al Rey el control de su patrimonio

El Parlamento de Tailandia aprobó que el patrimonio de la Corona quede bajo la única autoridad del rey Vajiralongkorn, en un nuevo paso del monarca para fortalecer su influencia ocho meses después de ascender al trono.

El Legislativo, elegido a dedo por la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de 2014, aprobó el domingo la primera enmienda desde 1948 a la ley que regula la Oficina de la Propiedad de la Corona.

La enmienda prevé que los miembros del consejo de dirección de la Oficina sean elegidos o destituidos bajo cualquier circunstancia por decisión del rey y prohíbe la retirada de ninguno de sus activos sin el consentimiento del soberano.

El ministro de Finanzas era hasta ahora el encargado oficial de designar la dirección de la institución, la mayor corporación tailandesa con una amplia cartera de inversiones en propiedades y empresas y que Forbes valoró en unos 35.000 millones de dólares (31.500 millones de euros).

La enmienda sigue a la aprobada en mayo pasado y que permitió al rey asumir el control de cinco agencias estatales responsables de la seguridad y asuntos reales que hasta entonces dependían de la oficina del primer ministro, el Ministerio de Defensa y la Policía.

Estas reformas fueron aprobadas después de que el monarca pidiera modificar la nueva Constitución promovida por la junta militar para dotarse de más poderes antes de firmarla para que pudiera ser promulgada.

Vajiralongkorn fue proclamado rey de Tailandia el 1 de diciembre de 2016 tras la muerte de su padre, Bhumibol Adulyadej, dos meses antes, el 13 de octubre, pero no será coronado hasta después de la ceremonia de cremación prevista para el próximo 26 de octubre.

El nuevo soberano ha vivido gran parte de su vida en el extranjero desconectado de los quehaceres de la Corona y no ha heredado la popularidad de la que gozó su padre.

La información sobre la monarquía tailandesa es un asunto muy sensible en el país debido a la ley de lesa majestad, que castiga con penas entre 3 y 15 años de cárcel a quienes critiquen o emitan comentarios que se consideren insultantes para la familia real.