El Parlamento pide que no se use a los comunitarios como moneda de cambio en el dialogo con la UE

Un comité del Parlamento británico pidió hoy al Gobierno que no utilice a los comunitarios que viven en el Reino Unido como “moneda de cambio” en las negociaciones sobre el “brexit” (salida del Reino Unido de la UE) y que respete los derechos de esos ciudadanos.

El comité de Derechos Humanos del Parlamento señaló hoy en un informe que la primera ministra británica, Theresa May, debe llegar a un acuerdo preliminar con la Unión europea (UE) sobre la situación de los 2,9 millones de comunitarios que viven en el Reino Unido en cuanto active el artículo que inicia las negociaciones formales.

El comité, que agrupa a miembros de las dos cámaras -Comunes y Lores- también pide al Gobierno que aclare si tiene intención de retirar algún derecho a los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido una vez que el país se retire del bloque europeo.

La jefa del Gobierno ha indicado que tiene intención de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo de negociaciones de dos años sobre los términos de la salida de un país comunitario, antes de que termine marzo del año próximo.

May ha aclarado que es su intención respetar la residencia y los derechos de los comunitarios siempre que haya reciprocidad con los ciudadanos británicos que viven en otros países de la Unión.

“El Gobierno no debe utilizar los derechos humanos (de los comunitarios) como moneda de cambio. Es más, el Gobierno seguirá teniendo obligaciones en virtud del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos”, dijo la presidenta del comité, la diputada laborista Harriet Harman.

El Gobierno - añadió- “no podría deportar a un gran número de nacionales de la UE que están actualmente en el Reino Unido”.

“Ante una situación poco probable e inoportuna de que el Gobierno busque deportar a los nacionales de la UE, existiría la posibilidad de litigios, llevando a una considerable incertidumbre legal durante un prolongado periodo de tiempo”, subrayó la presidenta.

Admás, resalta que hay otros factores a tener en cuenta, como los vínculos familiares y los derechos de residencia de los hijos.

Tras conocerse la posición del Gobierno, una portavoz del Gobierno señaló que el Reino Unido tiene la tradición de respetar los derechos y libertades en el país y de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

“La primera ministra ha sido clara de que quiere proteger el estatuto (de residencia) de los nacionales de la UE que ya viven aquí, y la única circunstancia en que eso no fuese posible es si no se respetan los derechos de los ciudadanos británicos que están en países comunitarios”, agregó la portavoz.

Tras la victoria del “brexit” en el referéndum del pasado 23 de junio, el futuro de los casi tres millones de europeos que viven en el Reino Unido es aún incierto mientras se espera que el Gobierno active el artículo 50.