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El Síndic pide una explicación al Gobierno sobre el vínculo del imán de Ripoll con el CNI

El Síndic pide una explicación al Gobierno sobre el vínculo del imán de Ripoll con el CNI

EFE

Barcelona —

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El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido al Gobierno “una respuesta oficial” sobre los vínculos que mantenía el imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki es Satty, ideólogo de los atentados en Barcelona y Cambrils (Tarragona) de 2017, con los servicios de inteligencia españoles.

El diario Público informa este martes de que el imán fue confidente del CNI hasta poco antes de los atentados y que los servicios de inteligencia se comunicaban con él mediante un sistema conocido como “buzón muerto”, con el que se dejaban mensajes en los borradores de una cuenta de correo cuyas claves compartían.

Tras conocer esta información, el defensor de los catalanes se ha dirigido al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo “para pedir una respuesta oficial y determinar en que medida este hecho dificultó o impidió la necesaria coordinación policial”.

El Síndic, que en noviembre de 2017 ya apuntó que había informaciones que indicaban al carácter de confidente del imán de Ripoll y que ello podría haber tenido alguna repercusión negativa a la hora de detectar su radicalización y prevenir los atentados, reclama ahora “una investigación exhaustiva y transparente sobre la condición o no de Abdelbaki es Satty como confidente policial”.

También quiere saber si el hecho de ser supuesto confidente “afectó de alguna manera a la coordinación entre cuerpos, con las responsabilidades que se deriven”.

Paralelamente, el Síndic se ha dirigido a la Consellería de Interior de la Generalitat para que le informe “de cualquier acción que realice el Departamento”.

En cuanto a las explicaciones dadas en relación con los atentados, el Síndic ha insistido en “la falta de información institucional que ha tenido la ciudadanía”.

“Los poderes públicos, cada uno desde su nivel de responsabilidad, y sobre todo el Gobierno del Estado y las Cortes Generales, deberían haber abordado el tema públicamente con celeridad y transparencia institucional”, reprocha el defensor en un comunicado.

El Síndic apunta que “si bien es cierto que el Parlament de Cataluña creó la Comisión de Investigación en abril de 2018, el Congreso trató el tema en el marco del Comisión de Gastos Reservados y, por tanto, no ha sido accesible para la ciudadanía”.

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