Soria, partidario de que el TC suspenda el Pleno del Parlamento catalán de la resolución independentista

“Si yo estuviera en el Tribunal Constitucional, sin duda alguna”, ha señalado Soria en una entrevista en RNE recogida por Europa Pres, tras ser preguntado acerca de si está a favor de que el alto tribunal --que este jueves estudiará si admite a trámite los recursos de amparo planteados por PP, C's y PSC contra la tramitación parlamentaria de la iniciativa independentista-- suspenda de forma cautelar el Pleno para así evitar el debate de esta iniciativa en la Cámara catalana.

Eso sí, el ministro ha dicho que hay que estar “a lo que digan los miembros del Tribunal Constitucional”, que son los que se encargan “velar por la garantía de los derechos fundamentales de los españoles”: “Será el TC quien decida y los partidos que hemos recurrido no haremos más que acatar lo que diga”, ha dicho.

En cualquier caso, ha recordado que si el Pleno no se suspende cautelarmente y finalmente se aprueba la resolución independentista, el Gobierno la recurrirá “solicitando lógicamente la medida cautelar para que no tenga ningún tipo de efecto ni jurídico ni político”.

Para el ministro, es “importante” que tres partidos políticos hayan acudido “juntos” y “de la mano” al alto Tribunal por este asunto: “Pone de manifiesto que al menos el PP, el PSOE y Ciudadanos son conscientes de que eso es un desafío no contra un Gobierno o partido sino que lo es contra el Estado y la democracia y contra la convivencia”, ha matizado.

En este sentido, también ha hecho hincapié en la ronda de contactos que ha mantenido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con agentes sociales, económicos y políticos durante las últimas semanas ante el desafío soberanista catalán. En su opinión, Rajoy “tenía el deber y la obligación de liderar el proceso de unidad” para “maximizarla” y hacer un “frente” contra esta deriva secesionista.

Pero para Soria, estos contactos no tienen por qué rubricarse en un pacto porque ya existe la Carta Magna que, a su juicio, es “el gran pacto” que España tiene y que recoge “la base de la convivencia”.

El ministro ha defendido la “solidaridad interterritorial” para que las regiones hagan “frente al cobro de facturas” para que así puedan seguir ofreciendo los servicios básicos como la sanidad, educación y los servicios sociales.