El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez afronta el desembarco de su partido en el tablero nacional en medio de una tormenta judicial. El líder y único activo político de Se Acabó La Fiesta declara este lunes en el Tribunal Supremo como imputado bajo la acusación de haber promovido el acoso y hostigamiento contra sus propios eurodiputados. Se trata de uno de sus cuatro frentes penales que despega en plena campaña de unas elecciones aragonesas en las que, por ahora, el CIS no otorga ni un escaño a sus candidatos y que vienen marcadas por la tragedia ferroviaria en Adamuz.
El agitador de extrema derecha arrancó este viernes su campaña aragonesa con su candidata Cristina Falcón y usando un martillo para romper un muro en el que habían pegado fotos de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García o la candidata socialista Pilar Alegría, entre otros. En plena campaña electoral tendrá que viajar a Madrid para comparecer el lunes por la mañana ante Manuel Marchena bajo una acusación que apunta directamente a la gestión interna de su partido: sus dos eurodiputados le acusan de promover el acoso y hostigamiento contra ellos en su canal de Telegram.
Diego Solier y Nora Junco acudieron hace unos días al Tribunal Supremo para certificar el fallecimiento de la aventura europea de Se Acabó La Fiesta más allá del proyecto personal de Alvise. Ante Marchena los dos ratificaron sus acusaciones contra él aunque fuentes conocedoras del interrogatorio acotan a este periódico la intensidad de sus comparecencias. El delito de acoso por el que está acusado requiere, por ejemplo, que las vidas de las víctimas se haya visto condicionada de alguna manera. La Fiscalía, explican estas mismas fuentes, renunció a hacer preguntas a Junco después del primer interrogatorio de Solier.
La imagen de ambos entrando y saliendo del Tribunal Supremo ilustra la descomposición interna de una plataforma electoral creada a toda velocidad para las últimas elecciones europeas y que ahora, ya constituida en partido, pretende dar el salto a la política autonómica en Aragón. No había pasado ni un año desde los comicios cuando Alvise Pérez especuló públicamente con que sus dos eurodiputados, Nora Junco y Diego Solier, hubieran podido votar de una determinada manera sobre el rearme porque habían sido comprados por el lobby armamentístico. El líder de SALF escaló sus acusaciones y especulaciones ante su audiencia de más de 650.000 personas en Telegram y sus dos eurodiputados, que no tardaron en dejarle solo en Bruselas para sumarse al grupo de Giorgia Meloni, terminaron acudiendo al Tribunal Supremo a denunciarle.
El agitador acudirá este lunes al Supremo con la idea de solicitar el archivo de esta causa contra él. Una citación judicial en plena campaña aragonesa que habría levantado en armas a cualquier partido político, pero que Alvise Pérez convierte en un escaparate. En una de sus últimas comparecencias en el Tribunal Supremo no dudó en enfrentarse a los periodistas para acabar gritando: “Medios subvencionados, parásitos, criminales de la mafia de la información”. Una estrategia desarrollada por Vox cuando multiplicó su exposición pública gracias a la causa judicial contra el procés, pero con un cambio: los de Santiago Abascal ejercían la acusación y Luis 'Alvise' Pérez es el acusado.
Las encuestas, por el momento, no dan a 'Se Acabó La Fiesta' representación en las próximas elecciones aragonesas del 8 de febrero. Y el partido, de reciente creación y sin más altos cargos conocidos que el propio Alvise, se presenta con su líder sumido en un oleaje constante de causas judiciales que él atribuye al “lawfare de la partitocracia” pero que responden a episodios de presunto acoso e incluso a financiación ilegal.
Los 100.000 euros en efectivo
La acusación más grave que pesa sobre Alvise Pérez es la de financiación ilegal. Tal y como reveló elDiario.es, el agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas. Un día antes de echarse a la carretera, Alvise acudió a las oficinas de una de las empresas de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo. Un acto que, un año y medio después, se ha traducido en una causa abierta por el Tribunal Supremo contra él.
El agitador de extrema derecha nunca ha negado la entrega, si bien ha dado una explicación que, por el momento, no ha convencido al juez Julián Sánchez Melgar. Ha asegurado que fue un pago que le hizo Romillo por servicios relacionados con su participación en actos de su plataforma y que usó el dinero para “capitalizarse a nivel personal” porque una de sus grandes promesas electorales era sortear su sueldo, algo que realizó durante unos pocos meses.
Las causas que más abundan contra Alvise, sin embargo, tienen que ver con el hostigamiento que promueve continuamente contra sus rivales políticos en su canal de Telegram, donde llegó a atesorar más de 720.000 seguidores y ahora mismo tiene algo menos de 649.000. Lleva varios años imputado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia para dar a entender que había acudido a un debate electoral contagiado de coronavirus. También está investigado por promover un acoso similar contra la fiscal valenciana Susana Gisbert.
El líder de SALF ha esquivado otras acusaciones penales. Por ejemplo, el Supremo rechazó su imputación por su papel en las protestas de noviembre de 2023 en la calle Ferraz de Madrid, así como por incitar al odio difundiendo la identidad de detenidos en Bilbao o bulos racistas sobre la muerte del joven Álvaro Prieto en Sevilla. Tampoco ha prosperado la acusación contra él por difundir una fotografía de una de las hijas de Pedro Sánchez en su canal.
El exasesor de Ciudadanos y Toni Cantó también acumula varias condenas judiciales por la vía civil, algunas de ellas ya firmes y otras pendientes de revisión por el Tribunal Supremo. En el capítulo de las condenas firmes están los 7.000 euros que debe pagar a la periodista Ana Pastor. En el de las condenas pendientes de ratificación hay indemnizaciones para Manuela Carmena (5.000 euros) y José Luis Ábalos (80.000 euros).