El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado al empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, Álvaro Romillo, como presunto cabecilla del entramado que ideó la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).
En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 acuerda el procesamiento de Romillo y de otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024, imponiendo a todos ellos una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros.
Fue el pasado 7 de noviembre cuando el juez Calama envió a prisión provisional sin fianza a Romillo al apreciar riesgo de fuga, una decisión confirmada por la Sala de lo Penal este mismo mes de diciembre. En su auto, el juez se reafirma y confirma que éste seguirá en prisión.
El magistrado, que aprecia la comisión de delitos masa de estafa y organización criminal, ha abierto además una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. Según el juez, Romillo, alias 'Cryptospain', “movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo”.
Dicha organización estaba integrada por el propio Romillo y por el resto de investigados que, “bajo las instrucciones de su líder, desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos”.
Relojes, coches de lujo y oro
El objeto de la organización criminal, según el instructor, consistía en la “apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable”. “A través de dicha web se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores. Entre esos productos u obras, como las llamaban, se encontraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, startups, oro y otros metales preciosos”, sostiene el juez.
El magistrado explica que los inversores, “confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20 por ciento, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión”.
Romillo, continúa el juez, “ejercía un control directo sobre las operaciones, coordinando la captación de fondos, la manipulación de la información ofrecida en la plataforma y la distribución de los beneficios ilícitos entre los integrantes de la organización”.
185 millones de estafa a miles de inversores
Como consecuencia de estas actuaciones, indica el auto, 3.062 inversores resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.
Para conseguir su objetivo, Romillo disponía de diferentes canales de comunicación como TikTok o YouTube a través de los cuales realizaba vídeos relacionados con productos financieros, criptomonedas, elusión fiscal o aspectos fiscales nacionales e internacionales. El juez destaca que, dentro de su estrategia de marketing, también organizaba eventos multitudinarios con presencia de personajes conocidos como 'Alvise' Pérez.
El juez atribuye a los investigados el delito masa de estafa por cuanto idearon un negocio de tipo piramidal en el que el dinero recaudado a través de la plataforma no se destinaba a la compra del bien al que supuestamente debía dirigirlo, “sino que inmediatamente canalizaba todo el capital recibido a otras mercantiles diseñadas con el fin de distraerlo”. “Es decir, el modelo de negocio ofrecido se basaba en un fraude”, indica.
De esta forma, señala la resolución, “el comportamiento de Álvaro Romillo fue engañoso y su intencionalidad respecto de los capitales transferidos por los compradores fue desde el inicio meramente captatoria”.
El otro delito que el juez atribuye a los investigados, el de organización criminal, se constata en la existencia de un entramado constituido en torno a la figura de Romillo, que lidera la organización y de la que el resto forman parte ejecutando “distintas tareas operativas necesarias para el funcionamiento de la escenificación que han puesto en marcha con el fin de acaparar ingentes cantidades de dinero bajo la promesa de obtener una gran rentabilidad”.
De forma paralela, el juzgado abre una pieza separada para investigar el desvío de las cantidades defraudadas y su posterior blanqueo, ya que esa parte del procedimiento se encuentra en un “estado incipiente dadas su mayor complejidad y la necesidad de recurrir a la emisión de comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación”.
La resolución da cuenta del entramado societario diseñado y dirigido por Romillo, que contaría con “52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles y embarcaciones, todo ello repartido por al menos 15 jurisdicciones”, entre las mismas República Dominicana, Singapur, Hong Kong, Tailandia o Malta.