Aragonès niega las irregularidades y denunciará la operación Volhov a la justicia

Barcelona, 4 nov (EFE).- El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha negado este miércoles que haya habido contrataciones irregulares en la gestión de la pandemia y ha anunciado que llevará ante la justicia la “mala praxis policial” seguida, a su entender, por la Guardia Civil en la operación Volhov.

En la sesión de control al Govern ante el pleno del Parlament, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha mostrado su “preocupación” por las informaciones aparecidas a partir de la investigación sobre un supuesto desvío de fondos públicos al expresident Carles Puigdemont, en la que aparecen en el foco los excargos de ERC y CDC y empresarios Xavier Vendrell y David Madí.

Los investigadores sospechan que ambos empresarios, detenidos la semana pasada, se sirvieron de su trayectoria y sus contactos en el Govern para favorecer sus proyectos empresariales, vinculados a sectores tan dispares como la salud, la educación o el transporte.

Iceta ha preguntado a Aragonès si ha ordenado a los departamentos de Salud y Asuntos Sociales que aclaren si es cierto que se creó un “comité de crisis paralelo al oficial”, para coordinar las actuaciones en relación con las residencias en la primera ola de la pandemia, o si hubo un “intento de obtener un trato de favor a diversas empresas a partir de contactos políticos de alto nivel”.

En la réplica, Aragonès ha asegurado que “no hubo un comité de crisis paralelo al oficial” y “no hay ningún tipo de contrato de suministro de test por parte del departamento de Salud con las personas que están involucradas” en la investigación, como tampoco hubo “ninguna contratación en el ámbito de residencias”.

Así lo ha afirmado tras haber “pedido la información a los departamentos”, por lo que mantiene su “confianza en los servidores públicos que han estado trabajando en estos ámbitos”.

Según Aragonès, la operación Volhov tiene “muchas lagunas” e “intenta construir un relato a partir de conjeturas”.

Es una “investigación fraudulenta de miembros de la Guardia Civil”, ha denunciado Aragonès, que ha anunciado su intención de “llevar ante la justicia” esta “mala praxis policial”, en la que “se han vulnerado derechos fundamentales” con accesos a los domicilios, registros y “detenciones ante menores”.

Aragonès ha acusado a los autores de la operación Volhov de actuar con “sesgo político” y de “buscar el espectáculo”, pese a que “toda la contratación está publicada” en los portales de la Generalitat.

Iceta, por su parte, se ha mostrado “satisfecho” con las explicaciones del vicepresidente en funciones de president y ha expresado su deseo de que “la realidad no las desmienta”.

Previamente, la consellera de Justicia, Ester Capella, ha denunciado que España “cada vez se acerca más a un Estado policial” y ha considerado la operación Volhov “impropia de un Estado democrático y de derecho”.

Capella ha asegurado que las actuaciones de la operación Volhov han comportado “una vulneración sistemática de derechos fundamentales”, entre ellos los derechos a la intimidad, al secreto de comunicaciones, a la defensa o a una tutela judicial efectiva.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, ha celebrado que el juzgado de vigilancia penitenciaria haya acordado mantener el tercer grado de Carme Forcadell y Dolors Bassa mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso presentado por la Fiscalía contra su régimen de semilibertad.

“Hemos visto sorprendidos a un juez tomando una decisión que se acerca a los mínimos de la razón, que como mínimo no pretende ser represiva y vengativa”, ha afirmado.