Sáenz de Santamaría se libra del marcaje del G-8
Los bandos enfrentados que dividían en dos el Gobierno del primer mandato de Mariano Rajoy se han desdibujado. La mesa del Consejo de Ministros de esta segunda legislatura ya no ofrece la imagen de aquel G-8 integrado por veteranos amigos del presidente como José Manuel García Margallo frente a un grupo menor en número y en edad que lideraba Soraya Sáenz de Santamaría.
A través de Los sorayos, la influencia de la vicepresidenta sigue extendida en los segundos escalones del Gobierno, llenos de abogados del Estado de su confianza o de su misma promoción y que ocupan los niveles de los secretarios y subsecretarios de Estado. En la primera línea del Ejecutivo, mantiene su alianza con Cristóbal Montoro y Fátima Báñez, a la que se suma Álvaro Nadal.
Con María Dolores de Cospedal sentada cada viernes en la misma mesa, la rivalidad entre ambas se mantiene en segundo plano. Con el detalle de la celebración de un congreso nacional del PP en puertas, donde se confirmará si se revalida su cargo al mando del partido y mantiene un pie en La Moncloa y otro en Génova, 13.
Desde que es ministra de Defensa, Cospedal ejerce su autoridad de puertas para adentro y no comparece en la sede del partido ante los periodistas. Fernando Martínez-Maillo es ya la imagen pública del PP y el que ejecuta las órdenes.
Muy cercana a Juan Ignacio Zoido, responsable de Interior, pero también en sintonía con Rafael Catalá, en Justicia; los tres forman un grupo bien avenido. La vicepresidenta, Fátima Báñez, Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal encabezan el otro. Ni Alfonso Dastis, Luis de Guindos, Isabel García Tejerina o Dolors Montserrat, como tampoco Íñigo de la Serna o el portavoz Méndez de Vigo, suponen un desequilibrio.
La acumulación de cargos y el hecho de ser mujeres
Ambas se han quejado de que el hecho de ser mujeres alimenta la discusión sobre su acumulación de poder y su capacidad para compaginar varios cargos. Y también, de que provoca más rumores sobre su rivalidad política que si fueran hombres. Sáenz de Santamaría era vicepresidenta, ministra de la Presidencia, coordinadora de todas las crisis y voz del Ejecutivo cada viernes tras el Consejo de Ministros. A Cospedal se le discute ahora si puede acumular los cargos de ministra, secretaria general y presidenta regional del PP.
Con la mesa de la sala de prensa de La Moncloa como parapeto, Sáenz de Santamaría se ha protegido del caso Bárcenas como si perteneciera a otro partido, en opinión de Cospedal y parte del PP. Relevada por Íñigo Méndez de Vigo, las ruedas de prensa de los viernes ofrecen el tono amable y diplomático del ministro de Educación, experto en no mojarse y en declaraciones de carga política.
Cataluña como objetivo
La nueva misión encomendada por Rajoy a su mano derecha es tratar de reencauzar el problema territorial y ser la cara del Gobierno en Cataluña. Su papel en la Conferencia de Presidentes como nueva ministra para las Administraciones Territoriales y el entendimiento previo con los barones socialistas a través de Guillermo Fernández Vara le han permitido apuntarse el tanto hasta que llegue el momento de aprobar el nuevo sistema de financiación autonómica.
La admisión de la responsabilidad del ministerio de Defensa respecto a las muertes de 62 militares en el vuelo del Yak-42 ha permitido a Cospedal apuntarse un triunfo político impensable en pleno estallido del caso Bárcenas. “Es la persona que nunca me ha dicho que no” y “tiene un currículum que abrumaría a todos”, la elogió Rajoy dos semanas después de fuera ella quien intentara explicar la protección que Rajoy y Javier Arenas habían dado a su enemigo acérrimo.
De “la indemnización en diferido” al Yak-42
La misma mujer que balbuceó sobre “la indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación” ante la prensa en noviembre de 2013 para salvar la cara a su jefe se ha estrenado en Defensa reuniéndose con los familiares de las víctimas y anunciándoles que asumía el dictamen y la responsabilidad. Una semana después iba al Congreso, les pedía perdón “de corazón”, en nombre del Estado y del Gobierno y reparaba una parte del daño provocado por Federico Trillo.
