La campaña de ataques a la policía, un desafío abierto de las maras al Estado

La campaña de ataques premeditados, fugaces y coordinados contra efectivos policiales con armas de guerra evidencia el desafío de las maras al Estado guatemalteco. Una respuesta cruenta a la lucha contra la corrupción y la estrategia de mano dura del Gobierno, decidido a acabar con los privilegios que han disfrutado los pandilleros durante años.

La nación centroamericana, asediada por la violencia, la pobreza y la desigualdad, está custodiada por los narcotraficantes y por dos grandes maras: la Barrio 18 y la Salvatrucha, los números y las letras. La rivalidad entre ambas, en muchas ocasiones aliadas de los narcos, ha marcado el devenir de Guatemala en los últimos tiempos.

Pero durante las últimas semanas se ha producido una serie de ataques coordinados, rápidos y sincronizados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La versión oficial es que los asaltos son represalias por los operativos de detención, desmantelamiento y retiro de privilegios a las pandillas, sobre todo a la Barrio 18. Pero fuentes oficiales que prefieren mantenerse bajo el anonimato, señalan ya grandes grupos de empresarios, políticos y militares como los artífices ocultos detrás de esos ataques.

El interés que motivaría estas órdenes son las posibles y supuestas investigaciones judiciales, después de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) emprendieran en 2015 una cruzada contra la corrupción que parece no tener límites.

A pesar de todo, las autoridades guatemaltecas parecen empecinadas en seguir combatiendo a las maras con la fuerza. Esta misma semana arrestaron a dos pandilleros salvadoreños, supuestos jefes de la Salvatrucha, que estaban entre los 100 criminales más buscados en su país: José Isaías Flores de Paz, alias Snaiper, y Cristian David Fuentes Ajoza.

Organizaciones internacionales como Crisis Group ya advirtieron de que a las maras -imposibles de erradicar en el corto plazo- no se las combate con “mano dura”, que es necesario un diálogo y un nuevo enfoque en el que se reconozcan las “raíces sociales y económicas de la cultura de las pandillas”.

“Capturar a todos los mareros o invitar a las maras a una negociación abierta representan un par de extremos que han demostrado ser infructuosos en el Triángulo Norte”, dice la entidad sobre una de las regiones más violentas del planeta, con un número de víctimas semejante al de una de las guerras civiles que hace pocos años atrás desangró a casi toda la región.

Se calcula que en está área, formada por Honduras, El Salvador y Guatemala, hay unos 54.000 pandilleros, aunque la cifra podría aumentar sensiblemente si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su promesa de aumentar las deportaciones, como ya sucedió en la década de los 90.

La receta para acabar con las pandillas, que no son las únicas causantes de una violencia ya endémica, parece no llegar. Mientras tanto, la gente en Guatemala continúa mirando a su espalda cuando camina un par de metros, al subir a su coche, al ir al mercado o al cruzar de un edificio a otro.

Y es que la violencia en el país constituye un grave problema de salud pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que existe una pandemia en términos sanitarios cuando se da una tasa superior a los 10 homicidios por 100.000 habitantes. Guatemala cerró 2016 con 33, según la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).