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El agente que destapó las amenazas en un chat policial insiste en que no se dieron en un grupo privado

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un acto con la Policía Municipal.

Marcos Pinheiro

Hubo amenazas y no se dieron en un contexto privado. El agente de la Policía Municipal de Madrid que destapó los comentarios racistas y las amenazas de muerte en un chat de agentes ha presentado un recurso contra el archivo el caso. Rebate las afirmaciones del juez de que los comentarios se diesen en un foro privado, porque se podía invitar a nuevos participantes y la mayoría no se conocían entre sí, y añade que sufrió nuevas amenazas tras denunciar el caso: “Cómo has podido caer tan bajo, so mierda”.

Este agente llevó el contenido del chat ante la Justicia el pasado mes de noviembre. Acompañó su denuncia de decenas de capturas de mensajes contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, otros políticos y periodistas. Además desveló que en el chat, abierto para tratar una reivindicación laboral, se dieron loas a Hitler y comentarios racistas. El juez abrió una investigación contra tres agentes, suspendidos por el Ayuntamiento de Madrid, pero ahora la ha cerrado.

La defensa del denunciante se muestra perpleja con el cambio de opinión del juez. En un primer auto el pasado mes de diciembre, aseguró que el hecho de que “las expresiones se viertan en un chat privado no excluye que se realicen públicamente como es el caso de un grupo con 116 agentes que no se conocen”. Ahora, sin embargo, considera que los comentarios “tuvieron como únicos receptores a las personas agregadas a dicho chat, sin que por las características técnicas de dicho grupo fuera posible su publicitación a terceros ajenos o extraños al mismo, que no podían acceder a su contenido”.

El grueso del escrito se centra el rebatir este argumento, porque el juez entendió que en el chat se dieron comentarios “xenófobos, e incitadores al odio y violencia”, pero añadió que esos delitos requieren de publicidad en los comentarios y al ser un grupo privado no se dio esa condición. El auto recuerda que los investigados dijeron que no podía acceder nadie al grupo porque no había un enlace para entrar en él.

El recurso rebate específicamente este punto y señala que sí es posible distribuir un enlace porque los grupos de WhatsApp dan esa opción. De hecho, el escrito recoge una dirección web que explica cómo hacerlo. “Y, por supuesto que los mensajes pueden ser reenviados o compartidos por cualquiera de los integrantes del grupo, extremo este que no se ha discutido”, añade la defensa del denunciante.

Además, inciden en que había “un descontrol absoluto” sobre los integrantes, que no se conocían entre ellos, y señalan que los comentarios son especialmente graves porque “no se trata de un grupo de ciudadano, se trata de policías”. “Que agentes de la autoridad llamados a proteger nuestro sistema democrático participen en un foro de estas características lo hace especialmente grave”, recoge el escrito.

Para ejemplificar la gravedad de esos hechos, la defensa del denunciante pide que se imagine que ese intercambio de mensajes se da “en una asamblea de policías”, con unos 200 asistentes, el número de integrantes que llegó a tener el chat. “El grupo de WhatsApp viene a ser lo mismo, una reunión virtual de 200 participantes, aunque sean todos ellos policías”, añade el recurso.

Un cambio de opinión del juez

La defensa sostiene que durante el tiempo que ha durado la instrucción no ha cambiado nada respecto al auto que argumentaba que el grupo no era privado. Critica que el juez se base en lo dicho por algunos testigos que han manifestado públicamente a favor de que la causa se archive. Se refiere el escrito a Carlos Bahón y Julián Leal, ambos integrantes el chat.

Bahón es portavoz de la asociación de policías APMU, que criticó la filtración denunciante porque los mensajes de los agentes pertenecían a “su pensamiento y esfera privada, dentro de su libertad de expresión, siendo vulnerado su derecho a la intimidad”. Leal, aunque no fue investigado, vertió en el chat algunos comentarios racistas. Su sindicato, CPPM, cargó contra el agente que destapó el caso por “buscar en el tiempo comentarios aislados sin conocer el contexto”.

Otro testigo admitió en su declaración tener “animadversión al denunciante” y un cuarto reconoció que era amigo de los denunciados y que tuvo “un rifirrafe” con el policía que destapó las amenazas. “De los seis testigos, cuatro se manifiestan contra el denunciante” recuerda el escrito, que afea al juez que base el archivo en sus testimonio, en los que reconocieron que los integrantes del chat no se conocían entre ellos.

También sostiene la defensa, en contra de lo que dice el juez, que sí hay delito de amenazas contra el agente que destapó el caso. El instructor aseguró que Ronin47 (su nick en el chat) había mantenido contacto con algunos de los policías a los que había denunciado por amenazas, lo que descartaba que se sintiese amenazado. Sus abogados rechazan este extremo. Recibió mensajes de uno de los imputados pero nunca contestó.

De hecho, la defensa recoge algunos de esos mensajes: “Cómo has podido caer tan bajo, so mierda” o “me estás haciendo mucho daño y quiero que lo sepas”. En otro chat dijo “comienza la partida…no toca mover ficha compañeros…No puede quedar impune una conducta tan vil…”. El escrito recuerda que el denunciante tuvo que tener escolta policial por las amenazas.

En el recurso, la defensa del denunciante también argumenta que el auto que ha cerrado la investigación es nulo. El juez lo dictó sin haberse pronunciado sobre la solicitud de que declarase como investigado otro agente, un testimonio “de sumo interés” y “trascendente” para determinar si existieron amenazas. “Esta parte tiene derecho a obtener una resolución sobre el recurso presentado”, sostiene el escrito.

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