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Dirigentes del PP sospechan que Casado aprovechará el 'efecto Ayuso' para forzar elecciones en Andalucía, Murcia y Castilla y León

El arrollador triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del pasado martes conllevó, además, la desaparición de Ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que se quedó sin representación en la Asamblea regional. Con Edmundo Bal como candidato, el partido de Inés Arrimadas perdió los 26 diputados que logró en 2019 que, directamente, fueron a parar al Partido Popular. Ayuso multiplicó por más de dos sus escaños al pasar de 30 a 65, a solo cuatro de la mayoría absoluta –que tendrá garantizada con el apoyo o la abstención de Vox– y por encima de la suma de los tres partidos de izquierda.

Las elecciones las convocó el 10 de marzo la ahora presidenta en funciones con el claro objetivo de anular al que hasta ese día fue su socio de Gobierno, Ciudadanos –y a tenor de los resultados del 4M, lo consiguió–, al que acusó de estar pergeñando en Madrid una moción de censura con el PSOE –negada una y otra vez por el equipo de Arrimadas– como la que ambos partidos presentaron ese mismo día en Murcia y que finalmente fracasó por tres tránsfugas que no respetaron la disciplina de voto del partido de Arrimadas y se alinearon con el PP.

La estrategia lanzada por Casado tras las elecciones catalanas para absorber en las filas populares a los restos de los votantes pero también de dirigentes de Ciudadanos –a la marcha de Fran Hervías o Toni Cantó se sumó este viernes la exconsejera madrileña Marta Rivera de la Cruz, que dejó el partido de Arrimadas ante las opciones de que Ayuso vuelva a incluirle en su Gobierno– ha tomado impulso en la dirección nacional del PP de Pablo Casado a raíz de las elecciones del martes, tras las que el propio presidente popular y los barones territoriales del partido ven un “cambio de ciclo” en España.

“Recuperamos todo el voto de Ciudadanos y abrimos una vía de agua en el PSOE”, dijo el líder de los populares el miércoles, un día después de los comicios, ante la dirección de su partido, presumiendo de haber conseguido en Madrid su gran objetivo desde que ganó las primarias de 2018: “unir en el PP a la mayoría del centro derecha”.

Ese es el plan de Génova 13 que, según fuentes populares consultadas por elDiario.es, podría desembocar ahora en nuevos adelantos electorales en aquellos lugares en los que el PP gobierna en coalición con Ciudadanos, como Andalucía y Castilla y León. También en la Región de Murcia, donde Fernando López Miras tuvo que integrar en su Ejecutivo a los tres tránsfugas de Ciudadanos y a otros dos expulsados de Vox, para poder mantener el poder en la comunidad. Siempre según esos dirigentes del PP, la dirección de Casado presiona al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y al murciano para anticipar, sobre todo ante las encuestas que auguran una mayoría absoluta de los populares en la comunidad andaluza. Todo ello para “aprovechar la ola de Madrid”.

Arrimadas trata de “reflotar” su proyecto

Fuentes oficiales del equipo de Casado niegan en cambio esta opción –el jueves, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró que la dirección popular apuesta por ejecutivos “estables, duraderos y que cumplan sus compromisos”– al igual que la rechazan públicamente los equipos de Moreno Bonilla, Alfonso Fernández Mañueco –el presidente de Castilla y León– o López Miras. En Ciudadanos también aseguran no temer adelantos electorales en esos territorios, aunque sí hay dirigentes que sospechan de que la dirección nacional del PP, aprovechando el 'efecto Ayuso', pueda forzar a sus equipos autonómicos a convocar comicios en las próximas semanas.

Con todo, pese a la debacle sufrida por su partido en Madrid, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado que está dispuesta a resistir y a “reflotar” el proyecto, mientras asegura que los otros dos únicos pactos de coalición que mantienen con el PP y aún sobreviven –Andalucía y Castilla y León– “no peligran” y no ven riesgo de que el PP –partido que preside ambos gobiernos– esté por la labor de precipitar también en ambas autonomías nuevas elecciones.

“Ni en Andalucía ni en Castilla y León tenemos esa sensación. No creemos que haya ningún motivo para un adelanto electoral”. “Las relaciones con el PP son fluidas tanto en Andalucía con Juan Manuel Moreno Bonilla como con Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Estamos muy tranquilos”, insisten fuentes de la dirección nacional de Ciudadanos a elDiario.es, descartando que se vayan a convocar primarias para elegir a sus candidatos en las respectivas comunidades.

Tampoco creen que en Murcia pueda haber un adelanto electoral, lo que supondría previsiblemente la desaparición de la marca en esa región. “Con la que han liado allí no creemos que estén pensando en elecciones. Murcia se ha convertido en un esperpento”, añaden las mismas fuentes de la dirección de Ciudadanos, que no reconocen el “error” de la moción que presentaron allí con el PSOE. De hecho, destacan que Arrimadas fue respaldada este jueves por todos los asistentes a la reunión del Comité Permanente –su núcleo duro– , a la que se sumaron también algunos miembros de la Ejecutiva ampliada. “Salimos unidos. No hubo voces discordantes, ni nadie exigió dimisiones. Coincidimos en que nuestro proyecto de centro es más necesario que nunca y vamos a seguir trabajando para relanzar Ciudadanos”, zanjan.

Andalucía, hacia una “fusión fría” entre el PP y Ciudadanos

En Andalucía, tanto Juan Manuel Moreno Bonilla como Juan Marín insisten en que la coalición no corre peligro y que se va a agotar la legislatura, según informa Daniel Cela. De hecho, el gobierno bipartito, con el apoyo de Vox, acaba de presentar una ambiciosa reforma fiscal que contempla una baja de todos los impuestos autonómicos. Los tres socios quieren que esta reforma esté aprobada antes de que acabe el año, en diciembre, coincidiendo con la tramitación de los nuevos presupuestos. Antes de esa fecha, al menos, ninguna de las dos partes contempla un adelanto electoral.

Ambas partes, además, sellaron a mediados de marzo –unos días antes de que fracasara la moción de censura de Murcia– una adenda política comprometiéndose a agotar la legislatura hasta diciembre de 2022 y a “no favorecer o aceptar ningún trasvase de representantes públicos o electos de ninguno de los dos partidos del Gobierno”, es decir, no admitir tránsfugas en sus filas.

La cohesión entre PP y Ciudadanos es “manifiesta” y así lo han declarado recientemente tanto Moreno Bonilla como Marín. El PP se ha pasado más de 30 años buscando un socio para poder gobernar sin sobresaltos y ahora que lo tiene con Ciudadanos quiere preservarlo. Las encuestas que manejan en el PP andaluz les indican que el partido tiene aún mucho margen en la región para crecer y ensanchar su base de votantes, con posibilidades de llegar a alcanzar en una próxima cita electoral la mayoría absoluta que siempre persiguió allí Javier Arenas, sin conseguirlo.

Los planes de los conservadores son proponer “una fusión fría” con Ciudadanos cuando llegue el momento de unos nuevos comicios autonómicos. Este objetivo, por el que apostaría Marín, se va a encontrar, no obstante, con la oposición de un sector crítico del partido –que está en guerra abierta con el líder regional de Ciudadanos–, que sostiene que “hay que cambiar de rumbo” para que en Andalucía no ocurra lo mismo que en Madrid y en otros territorios. Este ala crítica, la más 'socioliberal' del partido, no cuenta con el apoyo de la dirección nacional, sobre todo después del descalabro de Murcia con la fracasada moción de censura que intentaron impulsar con los socialistas.

Moreno descarta una fusión con Ciudadanos bajo una marca nueva –Andalucía Suma–. Y si acaso contempla una absorción “no traumática” si los de Arrimadas se derrumban irremisiblemente antes de los comicios. Entonces Moreno incluiría en su lista a destacados dirigentes del partido naranja.

En la dirección nacional de Ciudadanos descartan convocar ahora primarias, como le gustaría a Marín para despejar el camino de su reelección. El líder andaluz sabe que cuando llegue ese momento tendrá enfrente casi con toda seguridad a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. Aunque en el PSOE ya están inmersos en ese proceso, los de Arrimadas no parecen tener prisa para abrir ese melón lo que deja entrever que no temen un inmediato adelanto electoral. En la Junta de Andalucía los dos socios insisten en que no hay peligro de “inestabilidad” y contemplan con parsimonia la gresca política que viven los socialistas, no solo en Madrid sino también en esa autonomía que fue su feudo durante más de 40 años.

Lo único que queda por ver es si cuando llegue el momento ambos partidos se fusionan en una única candidatura, como le gustaría a Pablo Casado, y no ve con malos ojos el propio Marín consciente de que de esta manera su supervivencia política estaría asegurada.

La coalición de Castilla y León, debilitada tras perder la mayoría absoluta

La situación de Ciudadanos en Castilla y León, en donde PP y Ciudadanos siguen manteniendo el otro acuerdo de gobierno, es más apurada. No obstante, tampoco se vislumbra un adelanto electoral en este momento.

Según informa Laura Cornejo, el Ejecutivo de coalición ha quedado notablemente debilitado después de que perdiese la mayoría absoluta por la huida de una procuradora de Ciudadanos tres días antes de la fallida moción de censura que presentaron los socialistas. A esta situación se suman otras dos circunstancias: la escasa simpatía que la presidenta Inés Arrimadas siente por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y la debacle de Ciudadanos tras las elecciones en la Comunidad de Madrid.

La estrategia de Igea ha sido asumir la del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y ambos aplauden a la nueva baronesa del PP, Isabel Díaz Ayuso. Los dos intentan salvar los muebles después de 16 meses de apuesta “por la salud de los ciudadanos de Castilla y León” que han soportado duras restricciones, desde un toque de queda ilegal que se decretó sin estado de alarma, a otro que pasó de las 22.00 a las 20.00 y que fue suspendido por el Supremo, y al que se mantiene hasta el 9 de mayo, a las 22.00. Los dos dirigentes descartan ahora establecer otro con ratificación judicial. También renuncian a perimetraciones, ni de la Comunidad, que estará cerrada hasta el domingo, ni de los municipios con mayor tasa de casos. Del casi todo al casi nada.

Desde Ciudadanos rechazan que el vicepresidente y líder de Ciudadanos vaya a cambiar de bancada, si bien indican que pretende abrir un debate de cara a las próximas elecciones con la posibilidad entre ambos partidos.

Por otro lado, la pérdida de la mayoría absoluta ha posibilitado que el PSOE solicite, apoyado por el resto de partidos en la oposición, una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos en el pico de la primera ola de la pandemia. Tal y como publicó elDiario.es, un protocolo de la Junta prohibió derivar ancianos de las residencias a los hospitales. Un correo interno de Sanidad, también publicado por elDiario.es, desmontó la principal defensa de la Junta, que los ancianos estaban atendidos por equipos de médicos. En el documento, una directiva de Sanidad explicaba que las residencias eran “un polvorín”, que había muchas sin visitar y que había infectados sin tratamiento. Ni PP ni Ciudadanos pueden salir bien parados.

El temor es que Mañueco contente a Inés Arrimadas y abra una crisis de Gobierno en la que prescinda de Igea como vicepresidente y de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que ni siquiera milita en el partido.

Igea, que es médico, firmó el pasado jueves un revelador artículo de Opinión en El Confidencial en el que alababa la política de Díaz Ayuso y se alegraba de que haya prevalecido su apuesta por abrir la hostelería y los comercios, pese a la pandemia mientras atacaba al Gobierno de Sánchez. “Los ciudadanos de Madrid se les ha dado a elegir entre políticas 'teóricamente' de seguridad y cuidados y la libertad. Han hablado claro, han elegido la libertad. Esta es una excelente noticia para quienes nos decimos liberales. No puede haber otra mejor. El pueblo de Madrid ha elegido el esfuerzo, el mérito y el sudor. Lo legítimo es alegrarse por ello si uno se dice liberal. Hay una inmensa mayoría social que quiere trabajar y salir adelante por su esfuerzo”, sentenció. “La urgencia hoy es desalojar a Sánchez y a sus socios de la Moncloa”, opinaba después, para proponer “un acuerdo nacional” con este fin. “Si alguien quisiera hablar de esto, en lugar de los puestos de las listas, tendría mucho ganado para conseguir la suma necesaria para alcanzar el objetivo”, concluía Igea.

El riesgo de que Ciudadanos desaparezca en Murcia

La tercera pata de nuevo escenario es Murcia, donde pinta muy mal para Ciudadanos. La pérdida del poder en esta región ha sumido al partido de Arrimadas en el desconcierto más absoluto. Allí, después de que el PP y Vox llegaran a un acuerdo tras la fracasada moción de censura, todo apunta a que no va a haber elecciones anticipadas. El presidente regional, Fernando López Miras, del PP, tiene atados los apoyos necesarios con los exdiputados de extrema derecha y los tránsfugas de Ciudadanos. Ninguno de estos tres grupos está interesado en el adelanto electoral. El temor es que si hay nuevos comicios la formación Abascal pueda arrasar y Ciudadanos desaparezca.

Con ese mapa político, informa Santiago Cabrera, todo apunta a que los díscolos de Vox y los de Ciudadanos van a terminar en las listas del PP cuando se agote legislatura, si es quieren seguir en política. El único problema del Gobierno actual es que precisan de un diputado fuera de los díscolos para la mayoría absoluta. Ese diputado es Alberto Castillo, que se puso de perfil en la moción de censura con su abstención pero que ya ha votado en contra de iniciativas que sus compañeros, afines a Arrimadas, han apoyado en la Asamblea regional. Incluso se ha anticipado ya su voto a favor de los presupuestos regionales.

López Miras tiene pendiente modificar la Ley del Presidente regional que no le permite repetir candidatura, ya que actualmente solo se puede ostentar dicho cargo dos legislaturas y quiere ampliarlo a ocho años. El dirigente del PP entró a mitad del Gobierno del expresidente Pedro Antonio Sánchez, que tuvo que dimitir envuelto en varios casos de corrupción. Aunque aún no hay fecha para esta reforma, el presidente regional tiene también los apoyos necesarios para que salga adelante.